Respeto por nuestros mayores

Definitivamente nuestro país va de mal en peor. El primero de julio leí una noticia en el diario El Tiempo en la que se menciona la caída de un adulto mayor quien trato de sostenerse en otra persona y terminó golpeado por ella.

Esta noticia no solamente me produjo tristeza, sino rabia e impotencia. La descomposición social a la que hemos llegado es alarmante.

Es inconcebible que no exista caridad y solidaridad entre los colombianos y menos con los adultos mayores, quienes junto a los niños tienen protección jurídica especial tanto nacional como internacional.

El artículo 13 de nuestra constitución señala: “brindará especial protección a los adultos mayores que en virtud a su condición económica, física o mental se encuentran marginados y bajo circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, dando con ello aplicación al Estado Social de Derecho”.

(Imagen: archivo internacional – VBM).

Además de lo anterior, en el Derecho Internacional existen varias convenciones cuyos fines son la protección del adulto mayor, de su dignidad, la no discriminación, entre otros principios fundamentales.

Dentro de este contexto, Colombia ha firmado algunos de estos tratados, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, adoptada en Washington el 15 de julio de 2015, la cual fue aprobada por el Congreso de la República y convertida en la ley 2055 del 10 de septiembre del 2020.

Entre los lineamientos de esta convención está el siguiente: “Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos”.

Vale la pena mencionar el artículo 3 del capítulo II del acuerdo antes mencionado: “Son principios generales aplicables a la Convención:

 a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

 b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

d) La igualdad y no discriminación.

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

f) El bienestar y cuidado.

g) La seguridad física, económica y social.

h) La autorrealización.

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.

k) El buen trato y la atención preferencial.

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.

n) La protección judicial efectiva.

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.”

Para el caso que nos ocupa vale la pena resaltar el principio que habla de la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, y eso nos muestra que en nuestro país poco existe esta solidaridad y no hay una cultura familiar ni comunitaria que inculque y obligue por el respeto por las personas de la tercera edad.

Si no aprendemos a valorar la sabiduría de nuestros mayores y agradecer todo lo que ellos nos han enseñado y aportado para el desarrollo físico, psíquico, emocional, y profesional, ¿cuál es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos? Recordemos que la mejor escuela es el ejemplo y que todos tarde que temprano envejeceremos y quisiéramos que nos trataran con respeto, consideración y dignidad.

Una sociedad que no respeta a sus ancianos, ni a sus niños, ni a las mujeres, es una colectividad violenta, que por ende no conoce los valores de humanidad y que debilita con sus actitudes el Estado de Derecho porque viola la ley.

Cuando leemos o escuchamos las noticias del día a día en que las que la corrupción es el pan de cada día, así como los feminicidios, la violencia en cada rincón del país y la vulneración a la ley, estamos volviendo a la época en el que el lobo es lobo para el hombre, y hemos roto el contrato social que nos permite vivir en armonía, en seguridad y en confianza con nuestros gobernantes y protegidos bajo el imperio de la ley.

La pérdida de credibilidad en las instituciones, en los políticos que nos han venido gobernando y la impunidad nos ponen en un grave peligro de que se institucionalice la justicia por propia mano, lo cual sería enterrar el Estado de Derecho.

Como sociedad deberíamos ponernos la camiseta por la reconstrucción de los valores para que no solamente volvamos a vivir en paz, de manera solidaria, digna y respetando la vida y la forma de pensar de todos y cada uno, sino hacer un llamado al Estado y a la institucionalidad en general para que se ejemplarice esta clase de conductas delictivas en las que se atropella a los ancianos de manera dolosa y despreciable, con una pena importante, pero también para que se generen políticas públicas tendientes a recuperar la cultura ciudadana y los principios que como país nos identifican bajo una sola bandera.

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.