Parece que a nadie le duele el país. Lo más lamentable es que son los colombianos los primeros que hablan mal de su nación en el exterior; por eso nos ven como narcotraficantes, paramilitares y delincuentes. La ropa sucia debe lavarse en casa. Son bochornosas las palabras del Fiscal General de la Nación en la República Dominicana, al decir que al Presidente Petro quiere legalizar la cadena del narcotráfico.

Soy una convencida de que los acuerdos de paz son la mejor solución, pero también considero que la ley del garrote y la zanahoria debe de ejecutarse para aquellos grupos que masacren a nuestras poblaciones. Es importante mantener la altivez, el orgullo y la dignidad de nuestras fuerzas armadas. No se puede permitir ningún escenario en el que se humille a nuestros militares y policías. Si bien a ellos les exigimos el respeto a los derechos humanos, también debemos levantarle la moral.

Cuando en un país el Estado no hace presencia en todo su territorio las consecuencias tarde que temprano salen a la luz. En el caso de Colombia la violencia política, el problema de la tenencia de la tierra y el olvido de la institucionalidad en algunas regiones pasaron factura. El surgimiento de guerrillas, del paramilitarismo y de diversos grupos al margen de la ley han sido la respuesta al abandono del Estado.

Estoy comenzando a escribir otro libro en el que mi padre me sirve para ilustrar períodos de la vida nacional e internacional y para mostrar que la historia se repite si no se aprende de ella. Por ello, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que estarán en mi libro.

Como podemos hablar de paz si no hay confianza en la justicia, si lo que se conoce a través de los distintos medios de comunicación es que las instituciones de control no funcionan, tal como ocurrió con el reciente escándalo producido por la señora Procuradora General de la Nación que suspendió al Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, al parecer porque él hacia bien su trabajo e identificó “ la existencia de posibles faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 % de las acciones suscritas de la Triple A”.

Desde hace un tiempo se viene hablando del desprestigio de la diplomacia colombiana, cuando en los medios de comunicación se habla, entre otros ejemplos, de embajadores que nos han representado ante distintos gobiernos y que están salpicados de presuntos delitos de narcotráfico, tenencia de tierras quitadas a los campesinos, malversación de fondos, o porque no están preparados académicamente para ocupar una representación diplomática.

Sorprenden enormemente las pretendidas reformas a la justicia anunciadas por el jefe de esa cartera. Debemos partir de que uno de los lineamientos fundamentales de toda democracia es fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho y generar confianza a los gobernados sobre los gobernantes y el Estado propiamente dicho, para que se sientan protegidos.

No se puede olvidar que la autoridad y el orden son principios fundamentales que se deben garantizar en toda democracia para que en una sociedad exista claridad entre quienes son los que gobiernan y quienes son los gobernados. Como dijo Juan Jacobo Rousseau en su “Contrato Social”, es el conglomerado social el que sede parte de su soberanía para que dentro del Estado exista alguien que lo gobierne y en tal sentido todos deben someterse a la ley para que el imperio del ordenamiento jurídico exista y por ende la gobernabilidad.