He sido siempre una persona optimista, alguien que enfrenta las dificultades con fe y energía positiva. Sin embargo, reconozco que Colombia atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. No basta con polarizar opiniones o dividir a los ciudadanos; el país necesita decisiones responsables, estrategias claras y un compromiso colectivo que nos permita reconstruir la esperanza y enfrentar los desafíos que se avecinan.
La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Cada día crecen los asesinatos, los robos en las calles, los ataques a viviendas y hasta las invasiones a propiedades rurales. La criminalidad se ha vuelto omnipresente y la impunidad solo alimenta el desencanto ciudadano.
A esto se suma una crisis institucional, donde los escándalos de corrupción surgen a diario sin que se tomen medidas ejemplares contra los responsables. La sensación de que las instituciones no cumplen su rol mina la confianza y la estabilidad social.
En el terreno económico, la situación tampoco mejora. La inflación ha golpeado fuertemente el bolsillo de los colombianos y sectores como el alimentario reportan caídas de hasta el 25% en ventas. A esto se suma la caída de la calidad en los servicios públicos, el desempleo creciente y una profunda incertidumbre sobre el rumbo del país.
(Imagen: CELAM-VBM).
Mientras tanto, los cultivos ilícitos y el narcotráfico continúan expandiéndose. Grupos armados ilegales ganan control territorial y aumentan la violencia, especialmente en las zonas rurales más vulnerables. Aunque hay esfuerzos por parte del Estado, las comunidades siguen atrapadas en un conflicto que parece no tener fin.
Uno de los puntos más críticos es el colapso del sistema de salud. La falta de medicamentos, el deterioro de las EPS y las decisiones improvisadas del gobierno han dejado a millones sin atención médica digna. No hay una política pública clara ni una voluntad real para revertir la crisis sanitaria. La falta de recursos y de organización agrava una situación que cada vez parece más insostenible.
En el plano internacional, la amenaza de una descertificación por parte de Estados Unidos debido al avance de los cultivos ilícitos es real y peligrosa. Una decisión de ese tipo no solo afectaría la imagen del país, sino también el acceso a recursos de cooperación que son fundamentales para nuestra economía. A esto se suman los retos migratorios: el retorno forzado de miles de colombianos por cambios en políticas migratorias internacionales podría profundizar la crisis social y económica, pues muchos regresarían sin empleo ni redes de apoyo.
La caída en las exportaciones, la baja en el recaudo fiscal y la devaluación de la moneda frente al dólar solo empeoran la situación. Esto genera un desequilibrio en la balanza de pagos y aumenta el riesgo de una crisis económica mayor.
Pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Para ello, debemos actuar con sentido de urgencia y responsabilidad. Es necesario avanzar en un proyecto nacional por la seguridad, con presencia efectiva del Estado en los territorios. Se requiere una reforma anticorrupción de fondo, con sanciones ejemplares y control ciudadano. Debemos priorizar la reactivación económica con enfoque social, apoyando el empleo, el emprendimiento y la producción nacional. El sistema de salud necesita un plan claro, con recursos suficientes y una transición ordenada. Se requiere también una política migratoria integral, que atienda tanto a quienes retornan como a las poblaciones más vulnerables. Y, por encima de todo, debemos recuperar la unidad nacional. No podemos seguir fragmentados por ideologías o intereses particulares. Este es un momento que exige grandeza, visión de país y liderazgo con sentido histórico.
La gravedad del momento exige más que discursos: demanda acción decidida y colectiva. Porque lo peor está por venir… si no reaccionamos.