El 28 de julio último, la nación peruana celebró el bicentenario de la proclamación de su independencia (1821) por parte del Generalísimo José de San Martín, quien recibió el título de Protector del Perú, independencia que fue consolidada militarmente por Simón Bolívar con el Ejército Unido Libertador del Perú, al librar las decisivas batallas de Junín y Ayacucho en 1824, que pusieron fin al poderoso Virreinato del Perú. Bolívar había sido invitado por el Congreso peruano a asegurar la independencia del país, y para ello le concedió la suprema autoridad militar. En la célebre entrevista de Guayaquil de 1822 entre Bolívar y San Martín prevaleció la conveniencia de un modelo republicano y no monárquico para el Perú, y en ese mismo año, Guayaquil oficializó su adhesión a la Gran Colombia, lo cual movió al retiro voluntario de San Martín a Francia, donde vivió en Boulogne Sur Mer y murió en 1850 a los 72 años, es decir que sobrevivió a Bolívar 20 años. Más tarde, en 1826, se logró la capitulación de la Fortaleza del Callao, bajo el mando del General venezolano Bartolomé Salom, y se cumplió la campaña del Alto Perú por parte del Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre en 1825. Así, el Perú debe su independencia a dos grandes hombres: San Martín y Bolívar, ambos merecedores de admiración y reconocimiento por su magna obra, en estas históricas fechas.

Las fiestas patrias de este año en el Perú coinciden con la asunción al poder de Pedro Castillo, tras un difícil proceso electoral en el cual Castillo logró una estrecha victoria que dejó al país dividido en dos mitades, y por regiones, ya que las zonas de montaña y de selva votaron por Castillo, mientras que las ciudades de la costa, incluyendo la metrópoli limeña, por la señora Fujimori. En apenas una semana después de su proclamación, Castillo debió organizar gobierno, dejando en sus primeras decisiones grandes interrogantes y preocupaciones que resumiremos de seguidas.

En primer lugar, las evidencias de que el fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo, representa un factor clave de poder en el gobierno de Castillo. Así lo confirma la designación del presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, polémica figura perteneciente al ala radical de Perú Libre y estrechamente vinculado a Cerrón. Las reacciones no se han hecho esperar: sectores de opinión califican dicha designación como polémica y provocadora, incluyendo al presidente saliente Francisco Sagasti, quien cree que Bellido generará inestabilidad y desgobierno. ¿Por qué?: Bellido simpatizó con el movimiento Sendero Luminoso, proclama que en Cuba existe democracia, sostiene posturas homófobas, misóginas, antilimeñas, antihispánicas, y lidera la consigna de “devolver el poder al pueblo” y modificar la Constitución de 1993. La designación del gabinete es considerada un triunfo de Cerrón y del ala ortodoxa de la izquierda, aumentando las incógnitas sobre la real independencia de Castillo. Las informaciones indican que Cerrón interfirió en la designación de Pedro Francke como Ministro de Economía, y que está actuando como un filtro sobre el cual no pasa ningún nombramiento. Otra nominación polémica ha sido la del Canciller Héctor Béjar, de 85 años, fundador en 1962 el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero inspirado en la revolución cubana que operó en la selva peruana, hasta ser derrotado militarmente. Béjar fue detenido en 1966 e indultado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, de quien pasó a ser colaborador, y en la actualidad sostiene que es su “obligación moral” defender al régimen de Maduro, al cual considera como “una de las pocas posibilidades de cambiar esta sociedad sucia y violenta”. Otro tanto ocurre con nombramientos como los del Ministro del Ambiente Rubén Ramírez, ex abogado de invasores de tierras en Lima; el Ministro de Cultura Ciro Gálvez, representante de los pueblos originarios; el Ministro de Defensa Walter Ayala, oscuro abogado, ex suboficial de tercera de la Policía Nacional y dado de baja por temas disciplinarios; Víctor Mayta, Ministro de Desarrollo Agrario, connotado revolucionario, promotor de protestas violentas en Cusco; Iber Olarte, Ministro del Trabajo, expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho; y varios más con escasa formación o experiencia administrativa, amén de una marcada orientación ideológica revolucionaria, regional o rural. 

El discurso toma de posesión de Castillo tuvo como puntos centrales: 1) La convocatoria a una Asamblea Constituyente, una promesa de campaña no prevista en la Constitución vigente, por lo cual requeriría la aprobación del Congreso, en el cual el nuevo gobierno no cuenta con mayoría. Dicha Asamblea sería según Castillo “plurinacional, popular y con paridad de género”. 2) Respeto a los ahorros y a la propiedad privada de los peruanos, tratando de atenuar la incertidumbre que ha generado su mensaje. 3) Cambios en el modelo económico para acabar con abusos de “monopolios y consorcios que cobran elevadas sumas por los servicios públicos y medicina”. 4) La decisión de no ocupar el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, como una expresión de ruptura “con los símbolos del pasado colonial”, ofreciendo convertir al Palacio en museo. 5) Expandir las “rondas campesinas”, que son organizaciones comunales de defensa que operan en diversas regiones del Perú, y administran justicia o resuelven problemas locales, las cuales se incluirían en el sistema de seguridad ciudadana. 6) Expulsión de delincuentes extranjeros en 72 horas. Sin referirse a nacionalidad, durante la campaña dirigió una especial mirada a los inmigrantes venezolanos. 7) La posibilidad de nacionalización o estatización de la actividad relacionada con los recursos naturales, y de promover un “nuevo pacto” con la iniciativa privada.     

En la ceremonia de posesión, estuvieron presentes los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, el Rey Felipe VI de España, además de líderes políticos afines como Evo Morales, y la llegada del Canciller Arreaza de Venezuela, ya con Castillo juramentado, para ofrecer pactos y celebrar la asunción del nuevo gobierno. No debe haber resultado grato para el Rey de España escuchar expresiones antihispánicas de parte del nuevo presidente y de líderes del partido de gobierno, siendo que el Perú fue el Virreinato más importante en América, y que quiérase o no, España y las civilizaciones autóctonas más avanzadas de la región, como fue la incaica, independientemente de posibles abusos, conformaron “un nuevo mundo”, en una fusión de culturas entre nuestra América y España, que no es posible desconocer. Pero ha sido esta una bandera de la izquierda radical para desdibujar los vínculos afectivos y culturales iberoamericanos, con un mensaje anacrónico y rupturista, que privilegia la leyenda negra de la conquista.

No hay que ser un avezado analista para pronosticar un difícil período para el Perú y para Castillo. En efecto, Perú Libre solo cuenta con 37 de las 130 curules en el parlamento, razón que le obligará a buscar apoyos para la aprobación de sus políticas y leyes. En segundo lugar, porque las fuerzas democráticas anuncian que enfrentarán la amenaza de una Constitución de corte comunista. ¿Qué pasaría entonces si el Congreso bloquea el camino a una nueva Constitución o a reformas sustantivas a la misma? Por lo pronto, surgen los primeros efectos de la incertidumbre sobre la economía peruana, con el desplome de los mercados financieros, la devaluación de la moneda, que rompió la barrera de los 4 soles por dólar, y una importante salida de capitales, señales inquietantes, pues la economía peruana había mantenido un desempeño favorable en los últimos lustros. Nuestro deseo hacia un país al cual nos unen vínculos de afecto, es que no prevalezca un discurso de fracturas u odios, que el Perú recupere su gobernabilidad, y que se abra un camino de estabilidad y sensatez, en favor de un pueblo que requiere progreso, y posibilidades reales de reducción de la pobreza y la desigualdad, las cuales, ciertamente, no se alcanzarán bajo las banderas del socialismo

Cambio  climático y transición energética

El planeta registra una etapa crítica de desórdenes climáticos asociados a la agresión al medio ambiente y al aumento récord de temperaturas a lo largo y ancho del globo, causante de inundaciones, huracanes, incendios forestales, deshielo de los casquetes polares, y aumento del nivel de los mares. Como mucho se proclama, es tiempo de actuar, atacando sus causas, y en tal sentido, las metas del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y Gases de Efecto Invernadero, marcan pautas fundamentales para enfrentar con urgencia una situación que está a punto de hacerse irreversible, y evitar una catástrofe de colosales dimensiones para la humanidad y la biodiversidad. El retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, decidido por Biden, ha sido celebrado globalmente, junto a compromisos más firmes de China, el mayor emisor de CO2 del mundo, y el liderazgo asumido por la Unión Europea, al anunciar recientemente una audaz estrategia hacia la conversión de ese bloque en carbono neutro hacia el año 2050.

Algunas de las líneas del plan europeo, que llevará a ese continente a una revolución verde y transformará la vida de sus habitantes, cuenta con algunas etapas ya aprobadas, y otras que requieren sanción en instancias como el Parlamento Europeo. La primera fase, a completarse en 2030, tiene como objetivo la reducción de las emisiones en 55% con relación a 1990, y llegar a emisiones cero en 2050. La hoja de ruta contempla la prohibición de venta de automóviles con motores a gasolina y diesel a partir de 2035, y la restricción total de su circulación en 2050, en favor de la masificación de automóviles eléctricos o movidos por hidrógeno, y la construcción de una amplia infraestructura de puntos de recarga en el territorio europeo. Se prevé también un impuesto al combustible de aviación para estimular el uso de combustibles menos contaminantes, aunque más caros, anuncio que genera cuestionamientos en las líneas aéreas, alegando que ya están asumiendo el reto de la descarbonización. Adicionalmente, se prevé profundizar el mercado de carbono existente, a través del cual miles de empresas europeas compran derechos para la emisión de carbono, y que incluiría a sectores hoy exceptuados como el transporte marítimo y la calefacción para edificios, tema este que consiste en un plan de eficiencia energética en edificaciones antiguas con el apoyo de fondos comunitarios, y exigentes reglas para edificaciones nuevas. También se propone una política fiscal que penalizará a los combustibles fósiles a través de una “tasa de carbono”, aplicable a importaciones de bienes producidos en terceros países que utilicen normas menos estrictas que las europeas. El objetivo en materia de eficiencia energética es lograr que, en 2030, 1/3 de todos los edificios en la Unión Europea, sean energéticamente neutrales.

Para 2030, el 40% de la generación en la UE provendrá de energías renovables, otro gran reto para sustituir combustibles fósiles por energía solar y eólica, y la masificación futura de la producción de hidrógeno verde obtenido a través de la electrólisis del agua, usando en dicho proceso energías renovables. La transición energética se convierte así en el más grande reto para dicho continente y el planeta. Téngase en cuenta que la población de Europa no crecerá hacia el 2050, y que un país como Alemania decrecerá de 81 millones de habitantes en la actualidad, a 65 millones en ese año.  

Así, China e India serán los países clave en el aumento de la demanda global de energía; el aumento en el uso de combustibles fósiles (carbón y petróleo) ocurrirá solo en los países emergentes de África, Asia y América Latina, con una tendencia a la sustitución de carbón por gas natural, y un mayor desarrollo de las energías renovables, las cuales muestran buen futuro hacia la próxima década. Los avances tecnológicos en células fotovoltaicas, turbinas eólicas y baterías para el almacenamiento de energía están haciendo cada vez más competitivas las energías renovables, sin necesidad de las subvenciones o subsidios del pasado. China será responsable de la mitad del incremento global en generación de electricidad desde fuentes renovables en la presente década, y junto a la Unión Europea y Estados Unidos sumarán 3/4 partes de la oferta mundial de energía solar y eólica. Solo en el año 2021, el crecimiento de las renovables en la generación eléctrica será del orden de 30%, el porcentaje más alto de crecimiento desde la revolución industrial. 

En cuanto a Estados Unidos, segundo país generador mundial de CO2, la administración Biden ha dado un giro de 180º en relación con las políticas de Trump, pues no solo reintegró al país al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, sino que ha asumido el compromiso de que 1/3 de la generación eléctrica en 2035 provenga de energías renovables, con una reducción en las emisiones de entre 50 y 52% para 2030 en comparación con los niveles de 2005, y la meta de llegar al “carbono neutralidad” en 2050. También en EE.UU. algunas empresas automotrices anuncian que a mediados de la próxima década dejarán de producir automóviles movidos por gasolina o diesel, con lo cual se iniciaría la transformación del parque automotor, y con ello la reducción de emisiones de CO2.

A nivel global, la Agencia Internacional de Energía (AIE), proyecta hacia el 2040 un rápido crecimiento de las energías renovables y de la electrificación en el mundo, a la par del desarrollo económico y el aumento poblacional a 9.500 millones de habitantes en 2045. La demanda global de energía crecerá en 70% para ese año, previéndose que el gas natural siga en ascenso por ser un hidrocarburo más limpio, pero que las energías renovables capten 2/3 de la inversión en generación, y 40% de las fuentes de energía y en transportes.    

Colombia aprobó recientemente una Ley de Transición Energética, que le permitirá mejorar su matriz energética y exportadora basada en carbón e hidrocarburos, teniendo como meta pasar del 1% de participación de las energías renovables a 12% en 2030, con 37 proyectos nuevos y de autogeneración de una capacidad adicional de 530 Mw, equivalente al consumo de 450.000 hogares. Igualmente se impulsa una hoja de ruta para desarrollar el hidrógeno verde y azul como energía renovable, y atender la demanda local y la exportación, apoyada con importantes incentivos. Por su parte, Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo, invertirá US$ 40.000 millones a lo largo de los próximos cinco años para disminuir la dependencia petrolera, diversificar su economía, y convertirse en líder en energías renovables, turismo, entretenimiento y en el desarrollo de ciudades inteligentes. Es ese un referente para países petroleros, y para compañías petroleras como BP, Total, Saudi Aramco, Shell, CEPSA, Ecopetrol, entre otras. En un país como Venezuela, que fue actor importante en el mercado petrolero mundial, no es dable pensar a futuro en la simple refundación de PDVSA, que llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo y hoy está destruida, sino en las nuevas realidades del mercado energético mundial. Deberá tenerse como referente a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos reiventando al país, y haciendo realidad el lema de “sembrar el petróleo” acuñado hace 65 años por el Arturo Uslar Pietri. Los cambios energéticos globales están en marcha indetenible, y los notables ciclos tecnológicos se hacen cada vez más cortos. No hay tiempo que perder para asumir los retos del cambio climático, y subirse al tren de alta velocidad de la transición energética en el mundo. 

Reflexiones a los 80

Dios me ha bendecido al poder celebrar hoy mis 80 años de edad, con salud y vitalidad, razón por la cual lo glorifico y le doy gracias. Nací el 6 de julio de 1941 en lo que era un pueblo grande, Barquisimeto, Estado Lara, tierra que durante siglos fue asiento de mis antepasados de la línea paterna, aunque de raíces caroreñas, Distrito Torres de ese entonces. Venezuela contaba en 1941 con solo 3,8 millones de habitantes, y Barquisimeto, tercera ciudad del país, tenía apenas 77.500 habitantes, mientras que la capital, Caracas, escasos 561.000 habitantes. Mi ciudad era apacible, segura, conservadora, donde todos se conocían y convivían amablemente, como una gran familia. Dos meses antes de mi nacimiento, el 5 de mayo, se producía la transición entre los presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, gobernantes que marcaron la transición a la democracia, tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Y una semana antes de ver la luz del mundo, Rómulo Betancourt fundaba el partido Acción Democrática, que marcó indudable historia en la vida de la nación. El planeta sufría la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y justo días antes de mi alumbramiento, el 22 de junio, Hitler iniciaba la invasión a la URSS en la tristemente célebre operación Barba Roja, escenario de sangrientas batallas, que marcaron el principio del fin del absurdo y cruel nazismo.

Venezuela comenzaba tímidamente a salir de su secular pobreza, y por ello el estilo de vida era austero, pese a la gradual expansión de su industria petrolera, y que el país fue el principal suplidor de hidrocarburos de los aliados en la citada conflagración planetaria. Me siento por tanto privilegiado de haber visto el tránsito de la Venezuela pobre a la Venezuela urbana y de oportunidades, que tanta inmigración positiva atrajo al país, de sus grandes transformaciones, entre ellas en infraestructura, a la par de los inmensos cambios ocurridos entre un mundo atrasado, incomunicado, y la deslumbrante revolución tecnológica, gerencial y de comunicaciones de décadas recientes. En aquella época comenzaban a llegar al país los primeros artefactos eléctricos modernos, y el incremento del exiguo parque automotor, lo cual era motivo de alegría para todos. Aún recuerdo en mi muy primera infancia el reparto del carbón para cocinar a lomo de burros, de arepas de maíz pilado a domicilio, y leche distribuida en cántaros de aluminio, en carros de mula. ¡Qué cambios!

Mis hermanas y yo tuvimos la fortuna de contar con unos padres abnegados, trabajadores como pocos, de valores, y de recibir una educación cristiana tanto en el hogar como en buenos colegios de la ciudad. Para mí fue el Colegio La Salle la institución que me marcó en forma indeleble, y donde pasé los años más felices de mi vida. Allí nacieron amistades indestructibles e inolvidables recuerdos, hasta que debí migrar a la capital para iniciar mis estudios de Economía en la Universidad Católica “Andrés Bello”, centro de estudios dirigido por la comunidad jesuita. Aunque en Caracas residían mi abuela y varios tíos y primos, fue la familia Anzola-Pérez, de un cuasi hermano y compañero, la que me brindó su generosa hospitalidad hasta el día de mi grado en 1964. Desde niño sentí una marcada vocación internacional, y como desde estudiante ya trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los tempranos 23 años inicié una carrera diplomática, que tuvo como destinos principales Bruselas, Montevideo, el servicio interno, ese gran semillero que fue el Instituto de Comercio Exterior, el SELA, y más tarde Lima, en funciones directivas en el Acuerdo de Cartagena, hasta iniciar en 1985 una productiva trayectoria de dirigencia empresarial en Industrias Venoco, de la mano del siempre recordado Julio Sosa Rodríguez, así como en la actividad gremial en la Asociación Venezolana de Exportadores, la Cámara de Comercio e Integración Venezolano-Colombiana, la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, la Confederación Venezolana de Industriales, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), enriquecedoras vivencias y oportunidades para aportar a los objetivos de desarrollo nacional. En esos tiempos conocí personalmente a los presidentes de los 40 años de democracia (1959-1999): Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, Jaime Lusinchi, y más tarde a Hugo Chávez, con quien cambió la historia de Venezuela y de mi vida, pues condujo al país a la destrucción de la democracia, de la economía e instituciones, amén de la siembra de antivalores, profundizados por su sucesor Nicolás Maduro. Y desde la actividad internacional y de la integración económica, tuve la suerte de interactuar con gobernantes y compañeros de trabajo de varios países de América Latina y del mundo. 

Durante la crisis política de abril de 2002, me vi impulsado, sin buscarlo pero sin cobardía, a asumir la encomienda de encabezar un breve gobierno de transición democrática para llamar a elecciones limpias, justas y con supervisión internacional. Fue un revés y una oportunidad perdida para salvar al país del totalitarismo que avanzaba, como fueron también numerosas las oportunidades perdidas posteriormente para rescatar la libertad, en virtud del desmedido afán del régimen de perpetuarse en el poder. La falta de garantías me obligó al exilio, y a iniciar en Colombia una nueva etapa de la vida, que ya suma 19 años, difícil pero acertada decisión, pues acá he recibido la generosa acogida de amistades e instituciones, y la posibilidad de dedicación plena al estudio y a actividades académicas en la Universidad Sergio Arboleda, y como invitado en otras universidades colombianas y latinoamericanas. Esta pincelada de ocho décadas de existencia, 54 años de ellas junto a Gladys, mi compañera de camino en las buenas y en las malas, y de mi entrañable hijo Gustavo Adolfo, nuera y nietos, a quienes tanto extraño por la distancia física que nos separa, me dejan reflexiones, que no resulta fácil esbozar en tan cortas líneas:

1. La vida es fugaz y se nos escurre de las manos. Hay que vivir plenamente cada día, con pasión por lo que se hace, y esmerarse en dejar un legado como persona, líder, intelectual, educador o emprendedor, y ser ejemplo a la juventud con una conducta honesta, que es el mayor capital que puede atesorar un ser humano.
2. La familia es el pivote fundamental de la sociedad, y a ella hay que conceder la mayor dedicación y esfuerzo posible, sembrando en esa célula valores y principios, más aún cuando hoy prevalece una fuerte corriente relativista, e influencias culturales que tienden a menospreciarlos, siendo muchas de ellas ajenas a nuestra idiosincrasia.
3. Los valores espirituales, sea cual fuere la creencia que se profese, representan un asidero para el ser humano, pues hacen llevaderos los reveses o dolores en este tránsito terreno, y afianzan la esperanza y el bien, principios clave en la calidad humana, y porque, además, no lo dudo, existe la vida trascendente después de la muerte. Cuando morimos, nacemos a la luz eterna.
4. El amor, la generosidad con el prójimo, el perdón, el valor de la amistad, la sinceridad, la motivación, y el esfuerzo por liberarse de mezquindades, envidias y prejuicios, son retos permanentes a lo largo de la vida. No vale la pena perder el corto tiempo de la existencia en diatribas y discusiones tóxicas o intrascendentes, lo que no implica claudicar en la defensa de principios o creencias fundamentales.
5. La lucha por la libertad, la justicia y el Estado de Derecho lo vale todo. Allí sí hay que emplear todas las energías y capacidad de lucha. El despotismo, el abuso de poder, las tiranías, representan una degradación inadmisible, pues vulneran el sagrado derecho al respeto a la dignidad humana. Al decir de J.F. Kennedy: “Hay riesgos y costos al actuar, pero son menores que la comodidad pasiva”.
6. El conocimiento siempre triunfa. La mente, inexplorada, es como un iceberg del cual solo vemos la superficie. Pero debajo subyacen profundidades y espacios que ofrecen la posibilidad de cultivarla, y de no pasar por la vida en forma incompleta.
7. Lo material, las vanidades y honores, son tan efímeros como la belleza física. Hay que conceder prioridad a pasar por la vida haciendo el bien, cultivando la amistad, y ayudando a quien lo necesita. Ello deja más satisfacciones que el afán por el dinero, que jamás debe ser considerado como un fin en sí mismo, sino un medio a nuestra disposición para contribuir tanto al bienestar personal como de nuestro entorno.
8. Explorar nuevas culturas y países, y disfrutar de las maravillas de la naturaleza, me ha dado grandes satisfacciones a lo largo de la vida, aunque me falta mucho por visitar. Pero si no a todos resulta posible hacerlo, hay que tratar de al menos recorrer el país en que se vive, sus regiones, diversidad e idiosincrasia.
9. Los errores cometidos a lo largo de la vida, siempre que no sean de naturaleza criminal, representan el mayor tesoro para el ser humano, en la medida en que sean bien asimilados. Decía Churchill con acierto: “Si en su vida no hay fracasos, es porque no está tomando suficientes riesgos”. 

Ruego a Dios que en el tiempo adicional de vida que me conceda, prevalezca la luz, la salud y la capacidad mental, dones infinitos, siempre en compañía de amigos y seres queridos, y que pueda seguir dedicando tiempo, mientras me acompañen la energía de que hoy gozo, a escribir, leer, pensar, y a la enaltecedora actividad de educar y servir a los demás. Y, adicionalmente, que me permita ver más temprano que tarde a la amada patria Venezuela, de nuevo próspera y libre del yugo que la oprime. Y a Colombia, noble país de adopción, firme en sus convicciones democráticas y libertarias, y en camino franco al desarrollo. Que así sea.

Momentos difíciles para Colombia

Colombia es un país que ha vivido a lo largo de su historia etapas complejas, pero que ha sabido superarlas con resiliencia, institucionalidad y valoración de la democracia. Durante el siglo XIX, se produjeron en Colombia brotes caudillistas regionales, enfrentamientos entre liberales y proteccionistas, entre federalistas y centralistas, hasta que el prócer Rafael Núñez fue capaz de promover una Constitución centralista en 1886, que sustituyó a la federalista de 1863. Pero pese a ello, el descontento de las fuerzas conservadoras condujo a la Guerra Civil de 1884-1885. La Constitución de Núñez tornó a los “Estados Soberanos” en “Departamentos”, y tuvo la virtud de proyectarse con fuerza y vigencia, aunque con enmiendas, hasta la Carta Magna aprobada en 1991.

Tampoco fue posible evitar en 1899-1900 la “Guerra de los Mil Días” entre conservadores y liberales, originada en problemas de gobernabilidad, en el malestar generado por el tránsito de la citada Constitución federalista de 1863 a la centralista de 1886, y una situación económica adversa que exacerbó el enfrentamiento bipartidista, y llevó al derrocamiento del presidente Sanclemente y a su reemplazo en 1903 por José Manuel Marroquín. Fue un enfrentamiento cruel, en el cual hubo 100.000 víctimas en una población pequeña, y con una debilidad institucional que coadyuvó a la lamentable pérdida del territorio de Panamá por parte de Colombia en ese mismo año.

En el siglo XX, la violencia política generada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, detonante del llamado “Bogotazo”, causó destrucción y víctimas, inicialmente enfrentadas por el presidente en ejercicio, Mariano Ospina Pérez. Pero revivió la lucha entre conservadores y liberales, con un saldo de entre 200 y 300.000 muertos y unos 2 millones de desplazados, hasta el histórico acuerdo del Frente Nacional, que permitió establecer una coalición y la alternabilidad en el poder de ambos partidos entre 1958 y 1974; así se recuperó la estabilidad política. Pero fue también en esa época cuando nacen los movimientos guerrilleros FARC, ELN y EPL, uno prosoviético, el segundo procubano, y el tercero maoísta. Se inicia así la dura etapa del conflicto armado.

Esa etapa estuvo caracterizada por la lucha entre las fuerzas democráticas y de seguridad y la violencia guerrillera, que dejó según algunas fuentes ocho millones de víctimas entre muertos, heridos, atentados, secuestrados, violencia sexual, menores reclutados, asaltos a instituciones del Estado y bases militares, sin olvidar de otro lado, el exterminio de integrantes de la Unión Patriótica. Surgieron luego los grupos de autodefensa, que terminaron desviándose hacia el narcotráfico y la delincuencia común. Algunos movimientos armados como el M19 se desmovilizaron en 1990, pero continuó la acción delictiva de las FARC y el ELN, alentada por el jugoso negocio del narcotráfico, más tarde enfrentado en la política de seguridad democrática del presidente Uribe, a partir de 2002.

El narcotráfico, como tanto se afirma, ha sido sin duda el combustible que ha alimentado el conflicto interno en Colombia, incluyendo la lucha por el control de los corredores de cultivo y exportación de la droga. Concomitantemente, han crecido los rendimientos de los cultivos de coca, gracias a avances genéticos y tecnológicos, elevando la fabricación de cocaína, y colocando a Colombia como el primer país productor mundial, como lo es Afganistán en la producción de opiáceos, causante de tragedias como las que vive Estados Unidos, donde es cada día mayor el número de muertes por sobredosis de esa droga. El área cultivada de coca ha declinado durante este gobierno, y antes en el de Uribe, pero no ha disminuido el lucrativo negocio del narcotráfico. A ello hay que añadir la complicidad de las redes de narcotraficantes con el régimen totalitario de Venezuela, el cual brinda apoyo a las principales fuentes de financiamiento de la guerrilla, fomentando además la corrupción en el país vecino, que permea a la institución armada, hoy degradada a la condición de partido político armado y guardia pretoriana del régimen, e impune ante el enriquecimiento de los integrantes de la cúpula militar (Cartel de los Soles); ello en adición al hecho de que miles de guerrilleros actúan a sus anchas en territorio venezolano, afectando la seguridad nacional de Colombia y del continente. Más tarde, la polémica negociación del acuerdo de paz con las FARC durante el gobierno Santos polarizó al país, y no ha consolidado la paz, pues las disidencias de las FARC, las bandas criminales y el ELN continúan activas, este último fortalecido con la incorporación de exguerrilleros de las FARC y jóvenes reclutados en la franja fronteriza con Venezuela.

En 2019 y 2021, las protestas y bloqueos perpetrados en Colombia, en un clima de insatisfacción, especialmente de los jóvenes por los efectos de la pandemia, el desempleo y la desigualdad, han desviado el derecho a la protesta pacífica a una violencia destructiva, causante de efectos económicos y sociales que, sumados a las graves consecuencias de la pandemia, generan pérdidas sin precedentes en la historia contemporánea de Colombia. Hasta 2019 la economía colombiana crecía a tasas superiores al promedio latinoamericano (3,3%), con una situación fiscal aceptable, y con reducción de la pobreza y el desempleo. Ahora, con el cierre de decenas de miles de empresas, destrucción de valor, empleos, y crisis fiscal, el país se ha visto obligado a incrementar su nivel de endeudamiento y déficit fiscal, hechos que hacen impostergable una reforma tributaria, tema sensible, aunque no de la magnitud de la propuesta inicialmente por el gobierno, y luego retirada. En la violencia y bloqueos ocurridos en Colombia, aparte de haber aflorado un clima de malestar en la población por la agudización de la situación económica, se ha evidenciado la manipulación de la protesta por parte de sindicatos y organizaciones de izquierda radical, con la mira puesta, más que en los agudos problemas nacionales, en fines políticos de cara a las elecciones del año 2022. Así lo reveló sin rubor Nelson Alarcón, presidente de Fecode (sindicato de trabajadores de la educación) en declaraciones públicas, que confirmaron los propósitos ya conocidos. Las pérdidas estimadas como consecuencia de los recientes paros y bloqueos superan los Co$ 10 billones, bajo insólita insensatez y fanatismo, amén del aliento proporcionado por fuerzas externas interesadas en desestabilizar al gobierno constitucional de Colombia, con fines oscuros pero confesos. Es el caso de las “bodegas” mediáticas que bombardearon en los días del paro las redes sociales desde el exterior, principalmente desde Rusia, China, Turquía, Bangladesh y Venezuela, y desde este último país y de organizaciones integrantes del Foro de Sao Paulo, con desinformación y un apoyo entusiasta a la protesta, avivado por los resultados de los procesos electorales cumplidos en Chile y Perú bajo el gobierno del líder marxista e impreparado, el maestro Pedro Castillo.

La amenaza de las redes ilícitas de poder en Venezuela sobre Colombia

Llega a mis manos un importante análisis del “The Risk Awareness Council” de fecha reciente, abril de 2021. Es uno de los análisis más serios y preocupantes que he leído recientemente sobre la amenaza que las redes ilícitas de poder en Venezuela ejercen sobre Colombia, especialmente en una delicada coyuntura de protestas y violencia que se han vivido en el país desde hace varias semanas, causando inconmensurables pérdidas, vandalismo y víctimas, que se añaden al terrible impacto económico y social dejado por la pandemia en los últimos 14 meses.
A continuación, intentaré resumir algunas de las principales conclusiones del informe, esperando sean de interés general, y especialmente para los responsables y estudiosos en materia de seguridad e inteligencia:

Los enfrentamientos armados en Apure, Venezuela, muestran un conflicto entre grupos irregulares y las FANB venezolanas, que puede terminar en el “asalto” a la nación colombiana, a través de una red de poder de naturaleza híbrida (convencional, terrorista y criminal), dirigida desde Caracas, y financiada principalmente por el narcotráfico.

En la frontera colombo-venezolana emerge el riesgo de un conflicto de nueva generación, que enfrenta a fuerzas regulares e irregulares que defienden sus soberanías o territorios.

Las redes ilícitas de poder han venido disolviendo el Estado venezolano a través de la fragmentación del territorio, para ponerlo al servicio de la explotación criminal de sus recursos. La FANB sirve de operador logístico del narcotráfico y la minería ilegal, y su estructura se ha reconfigurado en redes en las que convergen organizaciones criminales y terroristas, para expandir la revolución chavista en el continente.

Entre los aliados más cercanos del régimen están las disidencias de las FARC, especialmente la llamada Segunda Marquetalia (Márquez, Santrich, el Paisa), las cuales, en alianza con las FANB, coordinan operaciones de gran escala de tráfico de drogas hacia Centroamérica y el Caribe, estimado en 250 TM de cocaína por año.

El ELN y el “Tren de Aragua”, megabanda venezolana de crimen transnacional, se disputan el negocio del narcotráfico en toda la franja fronteriza binacional, desde la Guajira hasta el Departamento de Vichada y el Estado Amazonas, en acuerdo con el régimen venezolano.

Se registra el reclutamiento de jóvenes colombianos y venezolanos en la banda fronteriza por parte de los grupos irregulares, en especial el ELN, con el consentimiento de la FANB. No solo se maneja cocaína, sino insumos mineros, oro y minerales como coltán, uranio y tierras raras en el Estado Bolívar de Venezuela (arco minero de Guayana).

Se ha creado una “Zona Gris” en la frontera colombo-venezolana, que es incentivo para la actividad criminal y para ocultar la operación de la FANB en la zona. Dicha Zona Gris es terreno para la delincuencia, conflictos por la dominación del territorio, y campos de entrenamiento para fuerzas militares y grupos armados que deben mantenerse en forma.

Unidades del ejército venezolano con asesoría militar rusa, han venido configurando “Batallones de Infantería Reforzados” o grupos tácticos, no para restaurar el orden, sino para constituirse en centro de gravedad, y de “gerencia” de la caótica Zona Gris mencionada.

Las amenazas de Diosdado Cabello de que una guerra con Colombia se haría en su territorio, lleva a pronosticar que el régimen venezolano se prepara para “asaltar” a Colombia por medios diferentes, utilizando un formato de guerra híbrida o no convencional.

El régimen venezolano necesita del estímulo constante de amenazas externas para tratar de cohesionar sus fuerzas internas, y justificar la depredación de su territorio y recursos.

Colombia es el espacio natural de progresión de la revolución chavista y la convierte en objetivo prioritario de expansión y poder, siempre bajo la inspiración cubana.

El incremento de los flujos migratorios, del tráfico de drogas, y la desestabilización de las comunidades fronterizas, sin fuerzas de contención, generan creciente opacidad en la frontera, pues en la Zona Gris no es posible restaurar el equilibrio institucional.

La proyección de la influencia del eje Rusia-Irán-China en el Caribe representa retos para la seguridad hemisférica, y para Estados Unidos. La expulsión de Colombia de funcionarios diplomáticos rusos y cubanos, revela estrategias de desestabilización, espionaje y desinformación. El objetivo sería debilitar al gobierno colombiano, y propiciar la llegada al poder de un gobierno sometido a la influencia del eje euroasiático.

El Kremlin proporciona estabilidad financiera, militar y de armas modernas al régimen venezolano, y para minimizar el impacto de las sanciones de Estados Unidos. Además, Rusia y Venezuela han firmado más de 300 acuerdos de cooperación, entre ellos en el sector militar, convirtiéndose en el mayor aliado político y comercial del régimen venezolano.

Colombia es percibida como aliada de EE.UU., de la democracia, y un muro de contención de la Revolución Bolivariana. Por ello, es un objetivo estratégico.

La utilización de redes comunes de legitimación de capitales provenientes de la droga, el incremento del número de armas y municiones en poder de irregulares, el crecimiento de la conflictividad fronteriza, la formación de los batallones de infantería reforzada con asesoría rusa, y el apoyo logístico de la revolución chavista a grupos políticos afines en Colombia, evidencian el ambicionado plan de toma del poder en Colombia.

El conflicto entre mafias del narcotráfico y la falta de comprensión del complejo fenómeno venezolano, funciona como elemento paralizante o disuasor de las acciones del Estado y de las Fuerzas Armadas colombianas, para contener la expansión. Las FANB venezolanas han cambiado sus objetivos de lo institucional a lo revolucionario/no convencional, con nuevas capacidades en guerras de cuarta y quinta generación.

La capacidad de control social del régimen en la Zona Gris de frontera, la fragmentación del espacio venezolano y la ausencia de Estado de Derecho, producen un efecto de “Paz Criminal”, en la cual la seguridad y la vida quedan en manos de quien controla el territorio, desactivando a la población que pretenda oponerse a los designios de la tiranía.

La concentración de los esfuerzos gubernamentales de Colombia para enfrentar los duros efectos de la pandemia, está siendo capitalizado por movimientos políticos de izquierda, algunos alineados a la revolución chavista, de cara al proyecto político estratégico de conquista del poder en 2022. La amenaza que representa para Colombia la conflictividad fronteriza no debe ser subestimada. El territorio venezolano es entre otros, el espacio de convergencia entre las FARC y el ELN.

El resumen del informe de The Risk Awareness Council, no amerita comentarios adicionales. La violencia y el caos que arropan las protestas pacíficas registradas en los últimos días en Colombia hablan por sí solas, y no pueden desligarse de los lineamientos centrales de dicho análisis.

El Perú en manos de Pedro Castillo

La segunda vuelta electoral en Perú está virtualmente concluida. Con el 100% de las actas computadas, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por 50 mil votos, equivalentes a solo un 0,29%, aunque al momento de escribir estas líneas, el Jurado Nacional de Elecciones no ha proclamado ganador, pues Fujimori impugnó un grupo importante de actas, por vicios en que habrían incurrido representantes del partido Perú Libre.
Imaginando que será difícil que las autoridades electorales admitan la impugnación de las actas, ya que han defendido su gestión, es casi seguro que Castillo sea proclamado presidente electo, para desgracia de un país al que me une un especial afecto, pues allí viví con mi familia por seis inolvidables años al servicio de la integración andina; y si agregara las numerosas y largas misiones que cumplí en Lima, acumularía no menos de ocho años de vínculos con esa nación hermana. Durante esos años y posteriores, conocí a los presidentes Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, Fernando Belaúnde Terry, Alan García, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, y a algunos de sus colaboradores, y más adelante a Alejandro Toledo, además de los presidentes interinos Valentín Paniagua en el año 2000 y al actual, Francisco Sagasti, quien fue asesor de la Junta del Acuerdo de Cartagena en mis épocas de miembro y coordinador de dicho organismo. Al único que no conocí fue a Ollanta Humala. No es pues poco lo que he vivido cerca de ese noble país, y por ello no puedo dejar de reflexionar sobre el delicado momento por el cual atraviesa.

Me remonto a la experiencia vivida con el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975) encabezado por el General Juan Velasco Alvarado, un militar de izquierda que sacudió a la sociedad peruana, expropió propiedades agrícolas en una reforma agraria profunda y revanchista que acabó con numerosas unidades productivas de azúcar, algodón y otros cultivos, con lo cual el país pasó de ser exportador neto a importador de varios rubros. El resultado fue ruinoso, y debió ser revertido por los gobiernos de Morales Bermúdez y Belaúnde Terry, quien volvió electoralmente al poder en 1980, tras haber sido derrocado por Velasco en 1968. Además, Velasco expulsó a la International Petroleum Company, estableció relaciones estrechas con Cuba, la URSS y países de la órbita comunista, nacionalizó la banca, creó las polémicas comunidades industriales, restringió la libertad de prensa y ocupó medios de comunicación que fueron devueltos posteriormente por Belaúnde a sus dueños, llevando al país a una delicada crisis económica. Entre mis memorias del Perú de esos días, el 29 de agosto de 1975, Velasco fue depuesto en un pronunciamiento militar fulminante, adverso a las orientaciones de izquierda de su gobierno, que se inició en la ciudad de Tacna, estando nosotros reunidos en la sede del Acuerdo de Cartagena en Lima. Al día siguiente, asumió el poder el General Morales Bermúdez. Un grupo castrense inició la corrección del rumbo, y abrió luego las puertas a la democracia, con las elecciones de 1980 que favorecieron a Belaúnde Terry. Viene también a mi memoria el 12 de febrero de 1973, día en que se inauguró una nueva sede de la Embajada de Venezuela en Lima, coincidiendo con la visita oficial del presidente Caldera al Perú. Velasco permaneció en la residencia de la Embajada hasta las 5 a.m. compartiendo copas con la delegación venezolana, cuando todos, incluyendo el presidente Caldera, estábamos exhaustos. Ese mismo día, al mediodía del 13 de febrero, gracias a decisivas gestiones finales de Velasco, se formalizaba el ingreso de Venezuela al proceso de integración andina, del cual Chávez lo retiró en 2006, en un grave error histórico. Pese a la orientación revolucionaria del General Velasco, tuvo entre sus colaboradores algunos militares de valía, entre ellos el General Edgardo Mercado Jarrín, a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores, y el General Luis Barandiarán Pagador, Ministro para Asuntos de Integración, con quien compartí muchas jornadas en pro de la causa andina. Durante el gobierno de Morales mantuve una estupenda amistad con los Vicealmirantes Jorge Parodi Galliani y su familia, y Jorge Dubois Gervasi, ambos grandes señores.

En tiempos recientes, el Perú ha vivido etapas políticas particularmente difíciles. Fujimori quiso perpetuarse en el poder, se rodeó de personajes nefastos como Vladimiro Montesinos, cerró el Congreso, y fue luego sentenciado por violación de derechos humanos, razón por la cual se encuentra aún detenido. Pero modernizó la economía peruana, luchó contra Sendero Luminoso, y desde ese entonces los principales lineamientos de política económica se han mantenido como política de Estado. Así, un país con inocultables problemas sociales y de equidad, logró un ritmo de crecimiento económico sostenido, con avances en la reducción de la pobreza. Más adelante se inició un ciclo de inestabilidad política, por acusaciones de corrupción contra los expresidentes Toledo, Humala, García y Kuczynski, principalmente por el caso Odebrecht, a raíz de lo cual, y el episodio del sucesor Kuczynski, Martín Vizcarra, se llega a las elecciones presidenciales de las cuales surge catapultada la figura desconocida del maestro Pedro Castillo, perteneciente a la agrupación Perú Libre, cuyo fundador y líder es Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato al estar condenado por corrupción. Cerrón es declarado marxista-leninista, revolucionario, y amigo del gobierno de Maduro, al que califica cínicamente de democrático.

Pedro Castillo sostuvo durante la campaña para la segunda vuelta que se trataba de una lucha entre ricos y pobres, prometió la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la orientación política y económica del Perú, nacionalizar la minería y el petróleo, fortalecer el papel del Estado en la actividad empresarial, dar ingreso directo a los jóvenes a las universidades, derogar la Ley de Reforma Magisterial, construir universidades estatales regionales, liderar un gobierno de orientación socialista, y expulsar inmigrantes venezolanos. La propuesta de Castillo fue respaldada por sectores populares y campesinos, especialmente de la región andina y de selva, no así de Lima, muchos de ellos con sentimientos de postergación y olvido, en los cuales fue fácil sembrar un mensaje populista y de esperanzas.
Considero con mucho pesar, que el Perú entra en una etapa de grave incertidumbre, que espantará la inversión y afectará el dinamismo de su economía, reflejado en que, de inmediato, la bolsa y la moneda peruana se derrumbaron con la noticia del triunfo de Castillo. El hecho es que los evidentes problemas del Perú no se resuelven en socialismo, pues está demostrado que en ningún país gobernado por la izquierda radical se han solucionado la pobreza, el desempleo o la mala distribución del ingreso. La experiencia venezolana es reveladora de un estruendoso fracaso que ha pauperizado al otrora país de oportunidades. Recientemente vi un revelador video comparativo entre frases pronunciadas por Chávez en sus alocuciones, colocadas frente a los mensajes de Castillo, y casi que no podía dar crédito a la semejanza entre ambos guiones. La precipitación de los regímenes Bolivia, Venezuela, Argentina y Nicaragua en felicitar a Castillo antes de ser proclamado, y el alborozo con que la tiranía venezolana acoge su triunfo, son suficiente evidencia de las afinidades existentes. Nada bueno podemos esperar de este salto al vacío decidido por el pueblo peruano.

Inevitablemente me recuerda al caso venezolano. Que Dios salve al Perú, partido en dos, de una tragedia, y que esta nueva realidad, frecuente en los movimientos pendulares de nuestra desveladora América Latina, sirva de espejo adicional a las naciones que deberán elegir presidente en 2022, entre ellas esta segunda patria, Colombia. Amanecerá y veremos.

Chile y Nicaragua: dos casos 

más de preocupación  regional

Como estaba previsto, tras las masivas manifestaciones populares que tuvieron lugar en Chile en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera concedió la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, en virtud de la cual el pasado 16 de mayo se realizó el proceso comicial para la integración de 155 curules de la Convención, que tendrá en sus manos la histórica responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna, sustitutiva de la heredada del General Augusto Pinochet.

Los resultados electorales hundieron al oficialismo (solo 37 escaños) y a los partidos tradicionales de centro-izquierda que habían ejercido el poder bajo la concertación democrática (Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata). La Concertación gobernó durante cuatro períodos consecutivos entre 1990 y 2010 con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michele Bachelet, hasta la elección de Sebastián Piñera en 2010 (Coalición por el Cambio). Michele Bachelet fue electa luego en 2014 para un segundo mandato, siendo sucedida también en un segundo mandato por Sebastián Piñera en 2018, quien deberá entregar el poder en 2022 a quien resulte favorecido en las cruciales elecciones de ese año.

De los 155 integrantes de la Convención Constituyente, los partidos de izquierda obtuvieron cerca de 80 escaños, producto del pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Lista del Pueblo 26 (izquierda), los pueblos originarios 17 por derecho propio, y el poder independiente, que se creció con 48 curules, muchos de ellos de izquierda. Se eligieron también gobernadores, alcaldes y concejales, en lo cual abundaron las sorpresas. Así, por primera vez en la historia, la capital, Santiago, tendrá una alcaldesa perteneciente al Partido Comunista, cosa que no había ocurrido ni siquiera durante el gobierno de Salvador Allende en los años 70. La Convención Constituyente tendrá un plazo de nueve meses, prorrogable por tres más para redactar la nueva Constitución, la cual deberá ser sometida a un referéndum popular aprobatorio en el curso del año 2022, mismo año de la elección presidencial. Llama la atención la abstención del 59% registrada en estos comicios constituyentes, fenómeno inentendible, pues la derecha debería haber estado comprometida en una mayor participación, al igual que los partidos tradicionales, en defensa de sus espacios; pero fue así mismo notable, la escasa participación de las comunidades indígenas.

El movimiento popular y constituyente en Chile, ha tenido como motivación principal: a) El origen mismo de la actual Constitución, con huellas de la dictadura, entre ellas en el centralismo; b) El modelo de democracia y economía liberal que lo caracteriza; c) El déficit social reivindicado en particular por una juventud inconforme, en temas como la educación, la inequidad, el papel del sector extractivo, y el sistema de pensiones. Pero es innegable que, pese a imperfecciones que habrían podido corregirse por medios legales o constitucionales, Chile progresó en los últimos años en forma sostenida, convirtiéndose en el país de mayor competitividad de la región, el de más alto ingreso per cápita, el primero en el índice de transparencia en temas de corrupción, y en el Doing Business sobre ambiente y facilidad para la inversión y negocios. Por ello, es de esperar que la Convención Constituyente no opte por tirar por la borda el progreso logrado, y que trate de arrasar con la democracia liberal, la separación de poderes, e irrenunciables principios republicanos.

Hay fundados temores de que la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista chileno, que conforman la izquierda más radical, trate de imponer una Constitución antisistema, populista, que propicie la división de clases, cargada de símbolos, emocionalidad, y en fin, de una ideología autocrática para sustituir el rol subsidiario del Estado, instaurar la plurinacionalidad bajo otros principios, y acabar con el sistema previsional, reconociendo que en ello caben sanos ajustes. En cualquier caso, el nuevo texto deberá ser aprobado por 2/3 partes de la Convención, y luego en referéndum popular, y que en caso contrario, se mantendría la Constitución de 1980. Ello puede moderar el ímpetu de tendencias extremas, que no harían un buen servicio al interés nacional.

En cuanto a las próximas elecciones en Nicaragua que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre, se trata de otro oscuro capítulo que preocupa gravemente a la región. El régimen totalitario de Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidente Rosario Murillo, con el apoyo del régimen venezolano, de Cuba y de Rusia, pretende perpetuarse en el poder bajo pautas similares a las aplicadas por Chávez-Maduro durante los últimos 22 años, es decir, ventajismo, fraude electoral, inhabilitación de dirigentes y partidos políticos, represión a la oposición, y completa opacidad en la organización de los procesos electorales, incluyendo reformas sustanciales a la Ley Electoral, y por la vía de hechos, a la Constitución Política. Está lejos pues que el régimen atienda el clamor popular por “elecciones limpias, transparentes y competitivas”, especialmente cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), canceló hace poco la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), única organización con que contaba la Coalición Nacional para enfrentar al gobierno de Ortega, integrada por cuatro movimientos y dos partidos políticos, decisión claramente ilegal y arbitraria que habría sido ordenada directamente por el presidente y por su poderosa esposa Rosario Murillo. Se trata de una coalición diversa a la cual teme Ortega, más aún cuando su régimen está acusado de ser autor de 328 muertes en la rebelión cívica de abril de 2018, casos atribuidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la represión ordenada por el gobierno.

Es evidente la orientación de la dictadura sandinista de aferrarse al poder mediante la aplanadora oficialista, pero también a través de la reforma que impuso a la Constitución en enero pasado, que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”, la cual no busca tanto castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen, o al control de las redes sociales a través de una nueva Ley de Ciberdelitos. De otra parte, la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, pena con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”; es la única ley en el mundo que castiga los aplausos. Todo ello, amén de la persecución desatada por la dictadura nicaragüense contra Cristiana Chamorro, hija de la recordada expresidente Violeta Chamorro, quien es precandidata presidencial y se le pretende inhabilitar por presunto lavado de dinero, como exdirectora de la Fundación Violeta, una organización no gubernamental que cerró operaciones para no someterse a la insólita Ley de Agentes Extranjeros promulgada por el régimen, que criminaliza donaciones y la financiación de medios de comunicación. A Chamorro se la han congelado las cuentas bancarias, y junto a ello se ha desatado una cacería de brujas contra periodistas y comunicadores sociales. Son todas ellas preocupantes amenazas a la democracia latinoamericana, que se suman a las interrogantes en Perú y a la violencia desatada en Colombia con finalidades políticas, las cuales deberían generar mucho más atención y preocupación en el mundo democrático latinoamericano y mundial.