Guardias indígenas, campesinas y cimarronas: ¿hacia una privatización de la seguridad?

Argumentar que las guardias indígenas y cimarronas son ancestrales es cuestionable. Se trata de fenómenos relativamente recientes que encarnan riesgos para el país.

En 1987, a propósito de un debate sobre los grupos paramilitares en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa de la época, general Rafael Samudio, afirmó en una entrevista que “el derecho a la autodefensa es un principio natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho a la defensa y, si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y vidas” (El Mundo, 25 de junio de 1987). 

Diez años más tarde, el 18 de abril de 1997, surgieron oficialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tanto daño le causaron a Colombia. Una idea en apariencia justa y necesaria –el derecho a la legítima defensa–, se había transformado en un monstruo de mil cabezas. 

A pesar de esta experiencia tan negativa de la pérdida del Estado del monopolio de las armas y de la seguridad, en los últimos meses estamos viviendo la implosión de las llamadas guardias comunitarias, como una supuesta alternativa a la débil presencia del Estado y a las amenazas a la seguridad local por parte de organizaciones armadas y, por tanto, según sus promotores, como una forma de autoprotección comunitaria. 

Causa mucha preocupación observar no solamente la expansión y el activismo de las llamadas guardias indígenas, sino también el surgimiento de dos nuevas guardias, las guardias campesinas y, más recientemente, las guardias cimarronas en las comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, entre los departamentos del Cauca y el Valle se encuentran la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Guardia Campesina de Pradera y la Guardia Cimarrona Kekelo Ri Tielo Prieto de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca. 

El partido Comunes radicó el 28 de julio de 2022 el proyecto de Ley No. 52/22 con objeto de reconocer y reglamentar las guardias campesinas como un “mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”. Sus promotores, el senador Pablo Catatumbo y los representantes a la Cámara, Carlos Alberto Carreño y Luis Alberto Albán, sostienen que su armamento se debe limitar el uso de un bolillo y que de ninguna manera se trata de sustituir a la fuerza pública. 

A partir de una experiencia local como ha sido el caso de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, un corregimiento del municipio de Mahates, cerca de Cartagena –cuya función ha sido la de gestar un clima de convivencia y resolución pacífica de conflictos en el seno de su comunidad–, ahora se pretende extender hacia el resto de las comunidades negras del país. Esta idea nació en el Primer Congreso del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero que se celebró en  2013 en Quibdó y ya han surgido dos nuevas guardias: la Guardia Cimarrona del Norte del Cauca y la Guardia Cimarrona de Urabá, nada menos que en los conflictivos municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Sinceramente, no veo a esta guardia poniéndole límites al brutal Clan del Golfo. 

Los defensores de estas distintas modalidades de guardias étnicas argumentan que fue a partir de distintas normas que se presentaron tras la aprobación de la Constitución de 1991 que nació la legitimidad y la legalidad de estas organizaciones de autoprotección. Por una parte, la Ley 270 de 1996 que reconoció la “Jurisdicción Especial Indígena”. En el caso de las guardias cimarronas argumentan que estas gozan de respaldo legal desde el reconocimiento de los Consejos Comunitarios y del derecho a la propiedad colectiva aprobados mediante la Ley 70 y el decreto 1745 de 1993. Y, finalmente, con respecto a las guardias campesinas sostienen que estas, a pesar de no disponer de ningún respaldo legal, tienen un sustento histórico, pues reviven las antiguas “guardias cívicas” que impulsó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a fines de los años sesenta y principios de los setenta. 

A mi modo de ver, se trata de una extrapolación indebida. Una cosa es el reconocimiento de las jurisdicciones especiales, los consejos comunitarios y la propiedad colectiva, y otra muy distinta la conformación de guardias étnicas. Y es menos aceptable aún justificar las guardias campesinas con base en una experiencia –las “guardias cívicas”–, que fueron en gran medida cooptadas por los grupos guerrilleros, en concreto por el EPL y el ELN. 

En todo caso, argumentar que las guardias indígenas y cimarronas son ancestrales es cuestionable. Unas y otros son fenómenos relativamente recientes. 

Los riesgos para el país con esta proliferación de guardias son inmensos. A ningún Estado democrático en el mundo se le ocurre siquiera la idea de poner en manos de organizaciones civiles la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. Se busca llenar el déficit de seguridad fortaleciendo las instituciones militares y policiales, así como las instituciones judiciales. Más Estado y no menos Estado. Lo peor que nos puede ocurrir sería una privatización del orden público. 

Las razones son numerosas. En primer término, es necesario considerar el peligro de poner a estas guardias en dilemas trágicos. Hace pocos días, el ELN en el Cauca amenazó de muerte a los dirigentes de las guardias indígenas bajo la acusación de estar colaborando con las disidencias de las Farc. Es decir, la lógica de “o están conmigo o están contra mí”. ¿Es responsable poner en riesgo la vida de los miembros de las comunidades indígenas, negras o campesinas? ¿Este modelo de seguridad comunitaria no va en contra de un principio básico del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que exige no exponer a civiles en tareas de seguridad? De hecho, en los últimos dos años se han multiplicado el asesinato de líderes étnicos y campesinos en estas zonas bajo disputa. ¿Si están realmente las guardias en capacidad de contener la violencia en sus territorios?  ¿No se trata de una propuesta inconveniente que, por el contrario, puede agudizar la vulnerabilidad sus comunidades?

A ningún Estado democrático en el mundo se le ocurre siquiera la idea de poner en manos de organizaciones civiles la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. Se busca llenar el déficit de seguridad fortaleciendo las instituciones militares y policiales.

Es impactante constatar cómo el mapa de los cultivos ilícitos y la minería ilegal se superpone exactamente con el mapa en donde hacen presencia las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. 

En segundo término, tampoco se debe desestimar el peligro manifiesto de una instrumentalización de estas guardias por parte de las organizaciones criminales que están proliferando en el país. Por ejemplo, para la protección de cultivos ilícitos o la explotación de minas ilegales. En distintas regiones del país ya hemos visto un uso indebido de las guardias. En la retina conservamos la imagen de la utilización de la Guardia Campesina Losada-Guayabero en el Caquetá por parte de las llamadas Farc Estado Mayor Central que dirige Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), para presionar inversiones (¿extorsiones?) de la empresa petrolera china Emerald Energy en la región. El secuestro de 78 policías y el asesinato de uno de ellos fue un hecho muy desafortunado. Además, el retiro de la empresa de la región y la pérdida de empleos.

En tercer término, ¿cómo evitar la emergencia de graves enfrentamientos interétnicos e intercomunitarios por el control de los territorios? Hace pocos meses vivimos los violentos choques en el norte del Cauca y el sur del Valle con muertos, heridos y destrucción de cultivos, viviendas y bienes pertenecientes a humildes familias afro y mestizas, además de empresas que generan empleo en la zona. Los indígenas argumentaban que los pobladores afrodescendientes estaban invadiendo sus territorios ancestrales y los atacaron sin piedad. 

En zonas rurales del país estamos comenzando a observar un fenómeno que creíamos exclusivo del espacio urbano. En algunas comunas de Medellín existen desde hace muchos años las llamadas “fronteras invisibles” que definen los territorios de bandas juveniles, combos y pandillas. Lo grave es que en muchos espacios rurales del país se está reproduciendo este fenómeno que choca con el sueño plasmado en la Constitución de 1991 de una sociedad multicultural y multiétnica, en donde todos los ciudadanos puedan compartir el territorio nacional sin exclusiones. Ahora se habla de “territorios afro” o de “territorios indígenas” con vocación de homogeneidad racial. Algo indeseable. 

Y, finalmente, ¿cómo evitar el riesgo de desbordamiento de la protesta social legítima que, como se ha evidenciado en numerosas ocasiones, utiliza la violencia contra miembros de la Policía Nacional o contra bienes públicos con el argumento de que en Colombia solo mediante el uso de la fuerza se logra ser escuchado? 

Tres interrogantes 

Es clave un gran debate nacional sobre este delicado tema de las guardias étnicas y campesinas. El peor escenario es seguir permitiendo un crecimiento de estas sin límites normativos, pues se pueden estar gestando otros monstruos de mil cabezas como fue el caso de la AUC. En ese sentido, surgen muchos interrogantes

¿Deben ser objeto de una reglamentación clara y contundente las tres modalidades de guardias y, ante cualquier desbordamiento, deben tener una sanción penal e incluso de disolución obligatoria? 

¿La reglamentación legal se debe reservar para las guardias de origen étnico, prohibiendo de manera tajante las guardias campesinas? 

¿Deben ser todas tres modalidades de guardias simple y llanamente prohibidas (con la sola excepción de la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque, ancestral e íntimamente ligada a la tradición cultural de esta comunidad local), para evitar una privatización de la seguridad? 

Se trata de un debate urgente.