Verbien magazin El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
El derecho al asilo y la trata de personas son dos fenómenos interrelacionados que reflejan desafíos profundos en la protección de los derechos humanos y la estabilidad institucional a nivel global. Ambos problemas tienen su origen en la fragilidad de los Estados, la desestabilización política, las crisis económicas y la falta de presencia estatal efectiva en ciertos territorios, lo que genera vulnerabilidades que afectan a millones de personas.
El asilo político es un derecho reconocido internacionalmente que permite a los Estados proteger a personas perseguidas por motivos políticos, ideológicos o de otra índole que ponen en riesgo su vida o libertad en su país de origen. Recientemente, la Comisión Europea presentó una lista de países considerados «seguros» —entre ellos Marruecos y Colombia— con el objetivo de acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo consideradas infundadas y agilizar los procedimientos. Sin embargo, esta medida ha generado controversias, pues algunos países en la lista enfrentan situaciones complejas que podrían justificar la protección individualizada de solicitantes. La propuesta contempla que, aunque se asuma que el país es seguro, cada caso debe ser evaluado con rigor para garantizar el respeto al derecho de asilo. Bruselas considera que los países candidatos a la adhesión a la UE cumplen, en principio, los criterios para ser designados como países de origen seguros, dado que están obligados a dar garantías de que sus instituciones respetan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y respetan y protegen a las minorías. No obstante, la propuesta prevé excepciones si atraviesan conflictos bélicos, se les aplican sanciones europeas o tienen una alta tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo en la UE.
(Imagen: EFE-VBM).
Por otro lado, la trata de personas se ha intensificado en contextos de crisis y ausencia estatal. En España, según noticias de prensa, por ejemplo, en 2024 la policía liberó a 1.794 víctimas de redes de trata y explotación sexual y laboral, un aumento del 22 % respecto al año anterior. Entre ellas, 32 menores y cientos de mujeres y hombres procedentes de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Paraguay. Estas víctimas fueron captadas por redes criminales organizadas y sometidas a explotación sexual en entornos de prostitución o explotación laboral. Se identificaron más de 632 víctimas de explotación sexual y más de 1.150 víctimas de explotación laboral. Además, se intervinieron casos de trata con fines de matrimonios forzados y de criminalidad forzada, afectando a diversas nacionalidades.
El vínculo entre estos dos fenómenos radica en que la desestabilización política, la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades en muchos países generan flujos migratorios forzados que, a su vez, exponen a las personas a riesgos como la trata. La ausencia o debilidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y derechos humanos facilita la acción de redes criminales y limita la protección efectiva de las víctimas.
Frente a esta realidad, es imprescindible fortalecer el Estado de derecho y el Estado social de derecho en todo el mundo. Esto implica no solo garantizar sistemas judiciales eficientes y mecanismos de protección para solicitantes de asilo y víctimas de trata, sino también implementar políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales: pobreza, exclusión social, violencia y corrupción. La cooperación internacional debe ser un pilar fundamental para coordinar esfuerzos que aseguren la protección de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo sostenible.
En conclusión, el derecho al asilo político y la lucha contra la trata de personas son desafíos que requieren un enfoque integral y coordinado. La protección de quienes huyen de la persecución y la explotación debe ser una prioridad global, sustentada en el fortalecimiento institucional y el compromiso con los derechos humanos para construir sociedades más justas y seguras.
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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.
