El enemigo no es el salario mínimo: especulación, cadenas de retail y falta de control al abuso de precios”

El aumento del salario mínimo en Colombia puede tener efectos moderados sobre la inflación, pero el riesgo inmediato más visible es la especulación de precios en un contexto de débil protección efectiva al consumidor y fallas en la regulación. La evidencia internacional muestra que incrementos del salario mínimo, bien diseñados y acompañados de controles a abusos de mercado y políticas de competencia, no necesariamente disparan la inflación ni producen las catástrofes que algunos economistas anuncian.​

Salario mínimo, inflación y especulación

• En Colombia, el salario mínimo es una referencia indexadora: alrededor del 60% de la canasta del IPC está directa o indirectamente ligada a salario mínimo o a la inflación pasada, de modo que un aumento muy por encima de la “regla técnica” puede sumar entre 1 y casi 3 puntos porcentuales a la inflación proyectada, según cálculos de bancos y centros de investigación.
• Esa transmisión, sin embargo, es gradual y opera vía contratos, tarifas reguladas, arriendos, copagos y otros precios indexados; no hay ninguna razón económica para que, de un día para otro tras un discurso presidencial, toda la economía suba precios antes de que se materialicen costos o nueva demanda.
• Lo que sí puede subir “de la noche a la mañana” es la especulación: comerciantes y cadenas que aprovechan el anuncio para justificar alzas generalizadas, sin relación real con costos laborales, con el dólar ni con la productividad.
• Esa “inflación especulativa” ya ha sido identificada en Colombia, por ejemplo, durante la pandemia, cuando se requirió el Decreto 507 de 2020 para controlar precios de alimentos básicos ante incrementos desproporcionados.
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(Imagen: archivo particular-VBM).

Dólar, importados y falta de protección al consumidor

• En una economía abierta, cuando el dólar baja de manera sostenida, los bienes importados deberían tender a abaratarse, o al menos no seguir subiendo, si el resto de condiciones se mantiene.
• El fenómeno que se observa con ciertos supermercados y cadenas (como el caso que menciona, donde incluso con dólar a la baja los importados siguen encareciéndose) revela fallas de mercado: poder de mercado de grandes superficies, débil competencia efectiva, asimetría de información y baja capacidad de organización del consumidor.
• Jurídicamente, Colombia sí tiene un andamiaje de protección al consumidor y de control de precios: la SIC ejerce inspección, vigilancia y control, y existen regímenes de libertad vigilada y control directo de precios para ciertos bienes, así como la posibilidad de intervenir ante variaciones atípicas, como lo recoge incluso la jurisprudencia constitucional.
• El problema no está tanto en la ausencia de normas como en su aplicación limitada frente a prácticas especulativas, incrementos injustificados y débil sanción a quienes suben precios “porque sí”, lo que en la práctica deja al consumidor sin una protección eficaz y oportuna.

¿Puede un mayor salario para los pobres “crear” inflación?

• Aproximadamente 16 millones de personas en Colombia viven en pobreza, y el salario mínimo es un referente central para sus ingresos formales, transferencias y expectativas. Un aumento del mínimo les permite, en principio, mejorar su canasta básica: comer mejor, acceder a más proteína, a servicios, transporte, educación.
• Para que esto se traduzca en una inflación descontrolada harían falta, al menos, tres condiciones simultáneas:
• Que la producción nacional de bienes básicos (alimentos, vestuario sencillo, servicios de baja complejidad) no pueda expandirse en el corto y mediano plazo.
• Que los cuellos de botella logísticos y de competencia impidan la entrada de nuevos oferentes o importaciones que disciplinen precios.
• Que el sistema de indexación y la reacción de expectativas (empresarios, arrendadores, bancos) exageren el impacto y reajusten “por encima” del aumento real de costos.
• En un país con capacidad agrícola desaprovechada y una industria de alimentos e insumos que opera muy por debajo de su frontera potencial, el verdadero problema no es que los pobres coman mejor, sino que la estructura productiva y de distribución no esté preparada para responder con más oferta en lugar de con más precios.
• Cuando la demanda adicional de alimentos y bienes básicos se enfrenta a oligopolios, intermediación excesiva y baja competencia, la respuesta natural de esos actores es subir precios y ampliar márgenes, no necesariamente invertir para producir más; es allí donde el Estado debe intervenir con política de competencia, regulación sectorial y vigilancia estricta.

Evidencia internacional: aumentos sin “catástrofe inflacionaria”

• Estudios sobre México muestran que el aumento del salario mínimo en 2017 (alrededor de 10%) no tuvo efecto apreciable sobre la inflación, en parte porque el nivel previo era muy bajo y hubo una estrategia gradual y coordinada.
• Investigaciones sobre aumentos de salario mínimo en países de la OCDE y la Unión Europea señalan que, en contextos de mercados laborales formales y cierta competencia, los efectos en precios suelen ser modestos; en cambio, se observan mejoras en salarios de los segmentos de ingreso más bajos, reducción de pagos no declarados y cierta disminución de la desigualdad.
• Sí existen casos donde incrementos fuertes del mínimo, sobre todo cuando se usan como “política de choque” sin respaldo en productividad ni coordinación macroeconómica, han generado presiones inflacionarias y tensiones de empleo; sin embargo, esto está asociado más a la forma y contexto del ajuste que al principio de mejorar el ingreso de los trabajadores pobres.
• Lo central para el argumento que plantea es que no hay evidencia sólida que justifique afirmar que, por el solo anuncio de un aumento del salario mínimo, la inflación del día siguiente se dispare; lo que se dispara es el uso oportunista del argumento de “subió el mínimo” para remarcar precios.

Necesidad de control vigoroso a la especulación

• Si desde el momento de la alocución presidencial comienzan a subir precios en supermercados, en bienes importados o en servicios donde aún no se ha ajustado formalmente ningún contrato, no se está observando inflación de costos sino especulación, abuso de posición dominante y coordinación tácita de precios.
• Un Estado que decide un aumento significativo del salario mínimo tiene la obligación correlativa de:
• Fortalecer la SIC y las autoridades sectoriales para vigilar alzas injustificadas, con metodología clara para distinguir inflación de mercado y sobreprecios.
• Publicar comparadores de precios, habilitar canales rápidos de denuncia y sanción, y dar ejemplos visibles de castigos a quienes especulen con el argumento del salario mínimo o del dólar.
• Revisar la estructura de indexación para evitar que un incremento puntual se convierta en una “bola de nieve” que termine neutralizando la ganancia real del trabajador y reproduciendo la desigualdad.

En suma, el aumento del salario mínimo puede ser una herramienta legítima de política social para mejorar el ingreso de millones de colombianos pobres, siempre que se complemente con una política decidida de defensa del consumidor, control a la especulación y fortalecimiento de la oferta productiva. Lo que debe vigilarse con energía no es que los pobres coman mejor, sino que quienes concentran poder de mercado no conviertan, una vez más, una política social en un negocio inflacionario a costa del ciudadano de a pie.

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Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.