Se violaron derechos, y ¿dónde estuvo la autoridad?

Recientemente el país sufrió un bloqueo por parte de la protesta de los camioneros que no querían que el diésel subiera de precio ni que dejara de ser subvencionado.

Si bien es cierto que la huelga es un derecho, también es cierto que el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de otros. Es decir, la huelga no puede afectar los derechos fundamentales a la salud, a la movilidad, a la educación, al trabajo, a la libertad, y a la vida de los colombianos, ya que el objetivo de la huelga es presionar a los empleadores o a las autoridades para que atiendan sus demandas. La huelga es una manifestación legítima y protegida por la ley, pero también es una medida extrema que debe ser utilizada como último recurso, después de haber agotado todas las vías de negociación y diálogo, y en ese tema no debe estar involucrado ni traer daños colaterales al conglomerado social ajeno a la reclamación que suscito la huelga.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la pregunta sería es que ¿los camioneros solicitaron un dialogo previo con el gobierno?.  La huelga se hace es directamente a las autoridades y a los empleadores no para la comunidad o los colombianos que como nación no tienen nada que ver con el conflicto en mención.

(Imagen: archivo particular – VBM).

El decir por parte del líder de dicha manifestación y/o huelga de que habilitaron corredores humanitarios lo salva de responsabilidad, no es verdad, toda vez que son derechos fundamentales a respetar por parte de todas las personas, y no es un favor que ellos nos hicieron como sociedad.

Además, al trancar buses en los cuales venían niños, bebes, ancianos y no permitir su circulación, estuvieron violando los derechos fundamentales que son privilegiados tanto en el ordenamiento nacional como en el internacional para esta clase de comunidades.

El que se haya producido a causa de dicho paro camionero desabastecimiento, muerto animales, botado alimentos tiene una incidencia negativa en la economía del país, trae efectos en la inflación, en el costo de vida, y por ende condujo a la especulación y acaparamiento, aspectos estos que se pueden tipificar en delitos, porque lo que se debe proteger son las relaciones entre los individuos y entre ellos y el Estado. Debemos recordar que el interés común prima sobre el interés particular.

Además, el causar daño económico a terceros por la pérdida de sus productos a causa de dicho paro camionero, también es una conducta que se puede tipificar como delito.

Debemos recordar que los aspectos sociales y económicos son temas fundamentales del funcionamiento de nuestro Estado por cuanto la propia Constitución los considera o los califica como características esenciales del mismo. Es decir:  social y económico. 

El que las quejas de los camioneros sean válidas o no, no está en discusión, lo que se condena es que, a causa de sus reclamos aparentemente justos, se violaron derechos de terceros y se acrecentó la crisis económica del país.

Si algún gremio desea hacer huelga no puede violar ni desconocer que existen otros derechos que no se pueden vulnerar.

Esta huelga debe dejar lecciones al país en varios sentidos: primero, que el dialogo es imperante; segundo, que nadie por el hecho de sentir que se le desconocen sus derechos puede bloquear el país y causar más daños colaterales al Estado, a la economía y a los derechos fundamentales de los colombianos.

Es importante recordar que si bien todos tenemos derechos también tenemos obligaciones que cumplir, y una de ellas es respetar los derechos de los demás y ser solidarios en momentos de crisis del país o de la institucionalidad para apoyar al Estado a que se superen dichos hechos, y esto debe estar por encima de cualquier criterio partidista o ideológico.

La otra lección es que las autoridades, tanto nacionales como departamentales y locales, deben recordar que su función en momentos de una crisis como esta, es si bien solucionar y llegar acuerdos para que se supere la huelga, es también hacer cumplir la ley y la constitución, ejerciendo su autoridad para evitar la violación de derechos fundamentales de terceras personas.

Recordemos que en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau que en el mundo se practica, los gobernados o el pueblo o la nación seden parte de su soberanía al gobernante para que este haga respetar la ley y la implemente a fin de que exista una convivencia pacífica, y en este sentido, hacer respetar los derechos de todo el conglomerado social dando prevalencia al bien común.

Debemos entender que la institucionalidad tiene una autoridad que le dan la ley y la constitución, es decir, el Estado de Derecho para que la ejerza en el momento de crisis a fin de evitar estas violaciones a los derechos fundamentales que dejo la huelga de camioneros.

El monopolio de la autoridad está en cabeza del Estado y no de las personas, y en este sentido al Estado como institucionalidad le faltó ejercer dicha autoridad para haber evitado el desabastecimiento, la violación a los derechos fundamentales antes mencionados y los que contempla el Derecho Penal Económico.

Debemos dejar el populismo a un lado, creyendo que al ejercer la autoridad se violan los derechos humanos o que se confunda con el autoritarismo, ya que no tienen relación alguna.

El imponer la autoridad es necesario para evitar más desmanes y que cundan los malos ejemplos a futuro o en el presente, de que a algún grupo le dé por volver a bloquear las vías y crean equivocadamente que tienen el poder y el derecho para ello.

En este sentido me uno a Fecode que en su momento cuestionó el paro de camioneros, y a muchos colombianos que deseamos que se respete la ley y se ejerza la autoridad para evitar que se institucionalice el Leviatán que tanto mencionó Tomas Hobbes, y se terminen debilitando aún más el Estado de Derecho y la gobernabilidad.

El gobernar no es un tema de popularidad o impopularidad, es cuestión de hacer valer los derechos de las mayorías y de fortalecer la democracia y su institucionalidad.

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.