Verbien magazin El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Febrero 4, 2023
Siempre he pensado que lo mejor para Bogotá es un metro subterráneo. Como el que empezamos en la alcaldía que se inició en 2008 y que no pudo concluirse porque lo saboteó Gustavo Petro, alcalde de 2012 a 2016, sabotaje que aprovechó Enrique Peñalosa durante su alcaldía –con la ayuda de Santos– para cambiarlo a metro elevado y dejárselo contratado a la alcaldesa Claudia López. La construcción la ganó el consorcio chino APCA Transmimetro, debe terminarse en 2028 y va invertido el 19 por ciento de su valor, sin contar el costo de la deuda.
Pero ahora el presidente Petro, abusando de su poder, quiere cambiarles al consorcio y a Claudia López, y a la brava, el metro elevado por uno subterráneo. Este acto de autoritarismo, sin antecedentes en la historia de Colombia, significa que las obras del metro se demorarían otros 7 años, hasta 2035, y costarían hasta 17 billones de pesos más, para un total de 29 billones. Y ese cambio de obra y de contrato, al decir de respetables abogados, es abiertamente ilegal, lo que significa que si se hiciera, podría acarrearle fuertes sanciones legales a la firma constructora y hasta cárcel a la alcaldesa.
Como el consorcio y Claudia López –la alcaldesa de Bogotá, así no le guste a Petro– se resisten a violar la ley y a correr el riesgo de sufrir sanciones legales, Petro le dio orden a su ministro de Transporte, el conservador Guillermo Reyes, que la chantajeara públicamente, anunciándole que el gobierno nacional no le transferirá a Bogotá los 28 billones de pesos que necesita para otras obras, como llevar el metro a Suba y Engativá y construir el Regiotram y tres cables aéreos.
La rabieta autoritaria de Petro es un descarado chantaje a la alcaldesa de Bogotá, que no es su subalterna, y una dura agresión a los bogotanos, que no tienen nada que ver en la controversia y que sí pagan un porcentaje altísimo de los impuestos que se gastará Petro en su gobierno.
El debate ya no es entonces sobre si se prefiere metro elevado o metro subterráneo, asunto sobre el que cada uno tiene la libertad de opinar como quiera. La controversia se centra en si Petro puede obligar a la alcaldesa de Bogotá –elegida por los bogotanos derrotando a Holman Morris, el candidato petrista–, a someterse a sus caprichos y si, además, puede hacerle el vulgar chantaje que le está haciendo.
La controversia es sobre si Petro puede usar el presupuesto nacional para arrodillar a cada alcalde y gobernador de Colombia a lo que se le dé la gana y maltratar a la ciudadanía y sobre si este país es una democracia, con todos sus defectos, o una autocracia.
Para completar su autoritarismo, otra hazaña de Gustavo Petro, esta vez defendiendo a ultranza a Irene Vélez, su ministra de Minas, quien nos presentó a los colombianos cifras falsas inflando la reservas de petróleo y gas, puso a firmar dichas cifras a altos funcionarios del ministerio que no las suscribieron y no las comparten y se empecina en que en este gobierno no habrá nuevos contratos para buscar hidrocarburos, con lo que también viola la ley porque a los ministros de Minas no les pagan para impedir la minería sino para promoverla, cuidando por supuesto el medio ambiente, conductas graves e ilegales que debe sancionarle la Procuraduría.
Pero según Petro, como a la MinMinas “no se la critica por bombardear niños o robarse o dejar robar recursos públicos”, no hay problema. Mientras sea petrista, puede proceder a su antojo.
