Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Colombia, México y Venezuela son hoy los epicentros latinoamericanos de un narcotráfico transnacional cuyo principal mercado es Estados Unidos, pero cuyos costos humanos, territoriales e institucionales se concentran en la región. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha introducido cambios importantes en la política de drogas, pero su éxito depende en gran medida de que México asuma su responsabilidad frente a sus cárteles y de que Estados Unidos controle seriamente su demanda interna y coopere de manera coherente en el frente externo.
Logros y límites en Colombia
Bajo Petro, Colombia ha logrado cifras muy altas de interdicción: incautaciones récord de cocaína, destrucción de miles de laboratorios y golpes relevantes a estructuras como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Al mismo tiempo, se adoptó la Política Nacional de Drogas 2023–2033 (“Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”), que busca pasar de una lógica puramente militar a un enfoque de “oxígeno y asfixia”: oxígeno para campesinos y consumidores (sustitución, desarrollo rural, salud pública) y asfixia para las redes de alto valor (finanzas, rutas, insumos y logística). Sin embargo, los cultivos y la producción de cocaína continúan en niveles muy altos, lo que muestra que estos logros operativos y normativos aún no se traducen en una reducción estructural del negocio.
Esta brecha evidencia que Colombia necesita una política de Estado estable y de largo plazo: no solo operativos militares, sino inversión social seria y sostenida en las regiones cocaleras para que la población pueda salir del negocio y haya alternativas reales de desarrollo. Sin esa combinación, cualquier éxito represivo tiende a ser transitorio y se reconfigura el mapa criminal sin eliminar las causas de fondo.
México, cultura narco y responsabilidad internacional
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han pasado de ser simples compradores de cocaína colombiana a financiar laboratorios, controlar rutas y actuar como “reguladores” del crimen en zonas del Pacífico y del suroccidente colombiano. Paralelamente, Venezuela sirve de corredor y plataforma de grupos como el llamado Cartel de los Soles, mientras Brasil y Ecuador se fortalecen como nodos de tránsito y exportación. En México, además, el narcotráfico se ha convertido en una subcultura poderosa (narcoseries, narcocorridos, ostentación de riqueza, símbolos religiosos, relatos de éxito criminal) que normaliza la violencia y presenta el “modelo narco” como vía de ascenso social, lo cual facilita el reclutamiento y la expansión de las organizaciones.
(Imagen: Lisa News-VBM),
Desde el derecho internacional público no existe una norma que diga literalmente que “México es responsable de todo lo que hagan sus connacionales narcotraficantes en Colombia”, pero sí hay marcos que impiden que el Estado mexicano se lave las manos. Los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (ARSIWA) establecen que hay responsabilidad cuando una conducta atribuible al Estado viola una obligación internacional, incluyendo omisiones graves en el deber de prevenir cuando el Estado conoce o debería conocer la actividad de grupos criminales y tiene capacidad razonable de actuar. A esto se suman los tratados de fiscalización de drogas (Convención Única de 1961, Convenio de 1971 y Convención de Viena de 1988), que obligan a penalizar el tráfico, cooperar en extradición, asistencia judicial y control de precursores, y evitar que el territorio sirva como base para el narcotráfico transnacional bajo el principio de “responsabilidad compartida”. La doctrina sobre crimen organizado transnacional y debida diligencia refuerza la idea de que los Estados deben impedir que sus omisiones permitan que su territorio o sus redes criminales generen daños previsibles a otros países.
Bajo estos marcos, puede sostenerse que México está jurídicamente obligado a ejercer un control mucho más efectivo sobre los cárteles que hoy operan y se proyectan hacia Colombia, y no puede ampararse en que “son actos de particulares” para eludir sus deberes de prevención, represión y cooperación.
Estados Unidos: consumo interno y apoyo externo
Estados Unidos sigue siendo el gran mercado de destino: allí se consume cocaína andina, pero también fentanilo y metanfetaminas producidos en México con precursores importados, además de opioides y otros estupefacientes provenientes de China, India y algunos países de Europa del Este. En impacto sanitario, los opioides sintéticos ya superan a la cocaína en mortalidad por sobredosis y, en varios mercados, están desplazando parcialmente su protagonismo, aunque la coca continúa siendo central en Europa y en ciertos segmentos de EE. UU.
Si EE. UU. no reduce de manera efectiva su demanda interna (particularmente de opioides sintéticos y metanfetaminas) y no controla con mayor rigor el flujo de armas y dinero hacia las organizaciones criminales, el esfuerzo colombiano será siempre insuficiente. Washington debe combinar una política de salud pública agresiva frente a las adicciones con una cooperación equilibrada en inteligencia financiera, control portuario y persecución de redes de distribución internas y externas, apoyando a los países productores y de tránsito sin limitarse a presionarlos por la vía de la descertificación o la militarización.
Hacia una salida: corresponsabilidad y política de Estado
El fenómeno actual muestra que, aunque Colombia siga siendo un nodo central de producción de cocaína, la violencia que padece está cada vez más asociada a redes y capitales que provienen de México y se alimentan de la demanda estadounidense. Si México no asume su responsabilidad de controlar efectivamente sus cárteles, si Estados Unidos no controla su consumo interno y fortalece su cooperación externa, y si Colombia no consolida una política clara, constante y socialmente invertida en sus territorios, el problema del narcotráfico en Colombia será extremadamente difícil de combatir.
En consecuencia, la hoja de ruta pasa por tres pilares: un Estado colombiano que combine represión inteligente con desarrollo regional sostenido; un México que cumpla con sus obligaciones de debida diligencia y cooperación internacional frente a sus organizaciones criminales; y unos Estados Unidos que tomen en serio la reducción de la demanda y el apoyo estructural a los países que hoy ponen la tierra, los territorios y los muertos del negocio.
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Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.
