Los absurdos del ministro

Sorprenden enormemente las pretendidas reformas a la justicia anunciadas por el jefe de esa cartera.

Debemos partir de que uno de los lineamientos fundamentales de toda democracia es fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho y generar confianza a los gobernados sobre los gobernantes y el Estado propiamente dicho, para que se sientan protegidos.

Además, no podemos olvidar que la institución de la familia es algo que nuestra constitución protege, al igual que los derechos de los menores de edad, que por cierto son derechos supranacionales establecidos en distintos convenios internacionales.

Ante la pérdida de valores que sufre el mundo, y en particular la sociedad colombiana en la que la inseguridad es permanente, los feminicidios y el irrespeto intrafamiliar son el pan de cada día, además de las violaciones a los menores de edad, el hurto, la intolerancia y la difamación, en lugar de fortalecer la institucionalidad, considera el ministro que la mejor medida es quitarle el carácter de delito al incesto, la injuria y la calumnia y el robo.

El pretexto de esta escabrosa y nefasta medida es el descongestionar las cárceles. Parece que al Sr. Ministro se le olvida que son dos temas distintos.

Una cosa es la obligación del Estado de crear infraestructura adecuada para cárceles y condiciones humanas y de resocialización, y otra cosa es poner en peligro a la sociedad al dejar sin la condición de delito las conductas de incesto, injuria y calumnia y el robo.

Lo que se debe hacer es rescatar el tejido social y la familia y no todo lo contrario. Al quitarle al incesto el carácter de delito se violan con ello derechos fundamentales de los colombianos y de los menores de edad, ya que el incesto puede dar lugar a violaciones y tiene un alto componente de valor familiar, siendo la familia la célula de la sociedad y del Estado. Pues se ha visto que esta conducta se realiza desde una temprana edad a la que la víctima se ha visto confrontada a una violación permanente por parte de su familiar hasta la adultez.

La violación por sí sola causa un detrimento a la persona en su personalidad y en su psiquis. ¿A dónde queda entonces el valor fundamental de toda democracia que es el respeto? Si una persona en estado de indefensión se le obliga a tener relaciones sexuales con su agresor que es familiar, la persona por más adulta que sea, por temor va a seguir siendo víctima de este delito.

Respecto a la injuria y calumnia, ¿dónde queda el derecho fundamental a la honra y al buen nombre? Cualquier persona entonces puede imputarle a otra hasta una conducta delictiva o inventar cualquier cosa que afecte su buen nombre y la honradez, y entonces no pasa nada. Es decir, la víctima se queda con la mala fama, con el pecado y sin el género, y no pasó nada. ¡Vergonzoso!

Igual sucede con el robo. Al despenalizarlo le podemos dar vía libre a que se vuelva una conducta regular y el derecho a la propiedad se desvirtúa, siendo este un derecho importante dentro de una democracia liberal como la colombiana.

Pareciera que el Sr. ministro en lugar de reformar el sistema penitenciario, descongestionar los juzgados, luchar contra la corrupción en la justicia y fortalecer el Estado de Derecho, lo que pretende es acabar con él y darle vía libre a la ilegalidad para que estemos en una dictadura delincuencial.

Si ya el Estado no tiene el control de todo su territorio y es triste ver como en los medios de comunicación informan sobre el poder de los delincuentes que amedrentan a poblaciones enteras imponiendo su ley y su dominio, ¿cómo sería si esta pésima reforma a la justicia del ministro Néstor Osuna llega a salir? Podemos ir despidiéndonos de la justicia. Es decir, mejor empacá y vámonos como dirían las abuelas en el argot popular.

Sr. ministro, con todo el respeto que usted merece, haga que el Estado cumpla con sus funciones de garantizar a los colombianos la justicia, su acceso y su protección; además, ponga mano dura contra los delincuentes y reforme el sistema penitenciario. Este tema es su obligación y no la de los ciudadanos. Colombia no está preparada para la justicia restaurativa.

Esta se enmarca dentro de la justicia transicional en un proceso de paz, y no para con los delincuentes. La humanización se hace dentro del sistema penitenciario, y no poniendo a los colombianos a merced de los delincuentes.

Cuando en el país exista la paz y se hayan reconstruido el tejido social y la convivencia ciudadana, y fortalecido el imperio de la ley, quizás se puede empezar a hablar de la justicia restaurativa.

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.