Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
La iniciativa de “ley de tierras” del gobierno de Gustavo Petro que más cerca ha estado de hundirse es el proyecto de Ley Procesal de la Jurisdicción Agraria, una pieza fundamental para materializar la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo de Paz.
Este proyecto, diseñado para establecer jueces y procedimientos especializados en conflictos sobre propiedad y uso del suelo, ha sido aplazado repetidamente en el Congreso y corre el riesgo de archivarse si no avanza antes de mediados de 2026. A esta incertidumbre se suma que diversos intentos por modernizar los instrumentos de adquisición, recuperación y formalización de tierras —planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en otras reformas— fueron recortados o desfigurados durante el debate legislativo.
La aprobación de esta ley es más que una apuesta del gobierno de turno: es una deuda histórica con millones de campesinos que aún trabajan predios sin título. Esta informalidad no solo limita su acceso a crédito, asistencia técnica y programas de fomento, sino que además los deja sin seguridad jurídica frente a disputas o amenazas de despojo. Una jurisdicción especializada permitiría tramitar estos casos con mayores garantías, mayor rapidez y mejores herramientas técnicas, algo que la justicia ordinaria no ha podido ofrecer por falta de capacidad y especialización.
(Imagen: El Colombiano-VBM).
La concentración de la propiedad rural sigue siendo uno de los rasgos más persistentes de la inequidad en Colombia. En pleno siglo XXI, el país mantiene niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra entre los más altos de América Latina. El conflicto armado, el despojo sistemático, la especulación inmobiliaria y la débil institucionalidad estatal consolidaron una estructura agraria profundamente desequilibrada. Mientras una minoría de grandes propietarios controla buena parte de las tierras más productivas, la población campesina ha sido históricamente relegada a zonas de menor calidad o a territorios expuestos a la violencia.
En este contexto, la Reforma Rural Integral se concibió como un instrumento para corregir estas injusticias. Sin embargo, ningún proceso serio de redistribución, formalización o restitución puede sostenerse si no existe una jurisdicción capaz de resolver disputas, garantizar seguridad jurídica y hacer cumplir las decisiones del Estado. Sin esta columna vertebral judicial, la reforma queda incompleta y vulnerable a la parálisis institucional.
No se trata de un debate ideológico. La modernización de la justicia agraria y la democratización del acceso a la tierra ha sido una recomendación reiterada por misiones internacionales, comisiones de expertos y organismos multilaterales durante más de cincuenta años. Gobiernos de distintas corrientes políticas han coincidido en la necesidad de fortalecer la institucionalidad rural, pero ninguno logró consolidar una jurisdicción especializada que responda a la complejidad del campo colombiano.
Lo que sí ha sido constante es la resistencia de sectores económicos y políticos que han preferido mantener el statu quo. El bloqueo sistemático de reformas claves para el futuro rural del país envía un mensaje preocupante: que la inequidad agraria es un problema secundario, cuando en realidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social, económico y democrático.
La tierra no tiene ideología. Es territorio, identidad, producción, memoria y vida. Seguir aplazando las decisiones que requiere el campo solo prolonga una herida histórica que ha alimentado buena parte de la violencia del último siglo. La construcción de una Colombia más justa y equitativa exige enfrentar con valentía esta discusión, sin cálculos electorales ni prejuicios partidistas.
La Jurisdicción Agraria no resolverá por sí sola todos los desafíos rurales, pero constituye un paso imprescindible hacia un país donde la propiedad sea clara, la justicia funcione y el campesinado cuente con garantías efectivas. Renunciar a ella no sería solo un fracaso legislativo: sería renunciar a la posibilidad de construir una paz territorial real y duradera.
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Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.
