Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Una invasión de Estados Unidos a Colombia sería ilegal bajo el derecho internacional, violaría de forma frontal la soberanía colombiana y no resolvería el problema del narcotráfico, que es estructural y transnacional (Carta de las Naciones Unidas, 1945; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009). Además, normalizar la idea de una intervención armada externa implica erosionar la democracia colombiana y debilitar el ya frágil orden liberal internacional (Cadena Afanador, 2013).
Amenaza, uso de la fuerza y soberanía
El punto de partida jurídico está en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a todos los Estados la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado, salvo las excepciones de legítima defensa o autorización del Consejo de Seguridad (Carta de las Naciones Unidas, 1945). Cuando un presidente anuncia que cualquier país que produzca o envíe drogas a su territorio puede ser objeto de ataque, está formulando una amenaza de uso de la fuerza que, dirigida contra Colombia, vulnera esa norma básica del orden internacional y se aproxima a un acto de agresión en los términos de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1974).
En el plano interno, la Constitución colombiana reconoce la soberanía nacional, la inviolabilidad del territorio y la solución pacífica de controversias como pilares del orden constitucional; cualquier presencia de tropas extranjeras exige control político y se concibe en clave de cooperación, no de subordinación ni de guerra impuesta (Constitución Política de Colombia, 1991, arts. 3, 9 y 173 numeral 4). Aceptar o legitimar una invasión extranjera bajo el pretexto de la lucha contra las drogas implicaría, de hecho, renunciar a la autodeterminación del pueblo colombiano y sentar un precedente peligroso para todo el sistema interamericano (Monroy Cabra, 1992).
(Imagen: archivo internacional-VBM).
Narcotráfico como delito transnacional
El narcotráfico no es un fenómeno exclusivamente colombiano sino un delito transnacional que involucra producción, transformación, tráfico, lavado de activos y, sobre todo, demanda en países consumidores, especialmente Estados Unidos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009; CICAD‑OEA, 2008). Aunque Colombia siga siendo un origen central de cocaína, buena parte de las redes y capitales que sostienen la violencia proceden de organizaciones que operan en otros países de la región y se alimentan de la demanda en los mercados del norte global (Cadena Afanador, 2013).
En el plano jurídico, la Declaración política y el Plan de acción de 2009 sobre el problema mundial de las drogas consagraron el principio de responsabilidad común y compartida, según el cual todos los Estados –productores, de tránsito y consumidores– tienen obligaciones correlativas de prevenir, reducir la oferta y la demanda y fortalecer sus instituciones (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009). Pretender que un bombardeo o una invasión en Colombia acaben con el narcotráfico desconoce esa arquitectura jurídica, ignora el carácter global de las cadenas de valor ilegales y reproduce un enfoque militar que décadas de guerra contra las drogas han mostrado como ineficaz y devastador para las comunidades (Cadena Afanador, 2013).
Daños civiles, Estado de derecho y orden liberal
La experiencia histórica latinoamericana –incluida la intervención en Panamá y operaciones militarizadas más recientes bajo el rótulo de lucha antidrogas– muestra patrones reiterados de víctimas civiles, desplazamiento, destrucción de infraestructura y debilitamiento de las instituciones democráticas (Cadena Afanador, 2013). En el contexto colombiano, un ataque externo agravaría el daño sobre territorios ya golpeados por el conflicto armado interno, la presencia de grupos armados y la ausencia histórica del Estado, multiplicando los costos de reconstrucción material y social durante décadas (Comisión de la Verdad, 2022).
Desde la óptica del orden liberal internacional, una injerencia armada unilateral en Colombia erosionaría normas que son, paradójicamente, las que países como Colombia necesitan para protegerse: la prohibición del uso de la fuerza, el principio de no intervención y el respeto a los procesos democráticos internos (Carta de las Naciones Unidas, 1945). Normalizar que una potencia pueda castigar militarmente a otro Estado por un delito transnacional abre la puerta a la anarquía internacional, legitima la política de fuerza frente al derecho y golpea el mismo sistema de reglas que se invoca para defender la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional (Cadena Afanador, 2013; Monroy Cabra, 1992).
Responsabilidades compartidas y tarea pendiente en Colombia
Si se asume en serio el carácter transnacional del narcotráfico, la hoja de ruta razonable se apoya en tres frentes: un Estado colombiano que combine una represión focalizada e inteligente de las redes criminales con una política sostenida de presencia estatal, inclusión social y desarrollo rural y urbano en los territorios cocaleros y de tránsito; un México y otros países de tránsito que fortalezcan su deber de debida diligencia frente a sus organizaciones criminales y flujos de armas; y unos Estados Unidos que asuman de forma creíble la reducción de la demanda interna, el control de armas y flujos financieros ilícitos y una cooperación no basada en la militarización externa (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009; CICAD‑OEA, 2008). Todo ello exige abandonar la lógica de la guerra eterna contra las drogas y avanzar hacia políticas integrales de salud pública, desarrollo y construcción de paz, ya discutidas en el sistema de Naciones Unidas y la OEA (Cadena Afanador, 2013).
La pregunta de fondo, sin embargo, es interna: ¿cuándo decidirá la sociedad colombiana dejar de normalizar la violencia y la fragmentación para asumir un proyecto nacional de reconstrucción institucional, lucha contra la corrupción y fortalecimiento del Estado de derecho más allá de las identidades partidistas? Colocar a Colombia por encima de las ideologías implica rechazar tanto las aventuras autoritarias domésticas como las soluciones militares extranjeras, y comprometerse con reformas profundas –políticas, económicas y culturales– que permitan que el país deje de ser un escenario de guerras ajenas y propias para convertirse en un sujeto pleno del orden internacional, y no en su campo de batalla (Constitución Política de Colombia, 1991; Monroy Cabra, 1992).
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Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.
