Verbien magazin El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Recientemente se ha venido hablando en los distintos medios de comunicación de la responsabilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia para nombrar la Fiscal General de la Nación.
Si bien es cierto que este alto tribunal forma parte de la rama judicial y en toda democracia se respeta la independencia de los poderes, es decir, del legislativo, ejecutivo y judicial, también es cierto que, en el caso del nombramiento de la nueva fiscal, la Corte no está ejerciendo funciones judiciales que son las relacionadas con el juzgamiento de alguien, sino una función netamente administrativa.
Este no es un tema partidista, ni de posible golpe de Estado, es un tema que tiene varias connotaciones tanto legales como éticas y de conveniencia para el país.
El artículo 249 de nuestra carta magna es claro en ello, por lo que lo transcribo: El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.
(Imagen: archivo CSP – VBM).
En este orden de ideas, tal como lo señala el artículo antes mencionado, no está marcando una función jurisdiccional sino administrativa. Así mismo lo establece el artículo artículo 209 de nuestra constitución que dice: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Recordemos que el pueblo o la nación colombiana es el constituyente primario y en ese sentido tiene el derecho de solicitar a la Corte que nombre a la Fiscal de la terna que envío el Jefe de Estado, pues el hecho de que en otras ocasiones no se haya nombrado con la celeridad que se desea al Fiscal General de la Nación, no excusa a este máximo tribunal de cumplir con el principio de celeridad que es de obligatorio cumplimiento dentro de la función administrativa.
Es lógico que en una democracia las protestas sean legítimas, pero obviamente deben realizarse de manera pacífica y sin llegar a consolidarse algún tipo de delitos contra alguna persona o funcionarios del Estado, o que lleguen a destrozar los bienes públicos, con lo cual se desvirtuaría su espíritu.
En este caso a la ciudadanía que está solicitando el nombramiento de la fiscal de manera inmediata, le asistiría el derecho a ello, así como es obligación de la Corte Suprema el de cumplir con esta función administrativa teniendo en cuenta los principios que se mencionan en el artículo 209 que son los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
El hecho de que el alto tribunal no cumpla con su función administrativa de manera eficaz, lo que está haciendo es sin querer quizás, ahondando la polarización institucional y a la vez debilitando la democracia, puesto lo que está en juego es la legalidad de la Fiscalía General de la Nación ante tantos escándalos que se han venido conociendo a través de los medios de comunicación relacionados al parecer con la omisión de investigar e implantar justicia en algunos expedientes gordos concernientes por ejemplo con el asesinato de líderes sociales, el caso de Odebrech, las investigaciones que no avanzan sobre la perdida de bienes del Estado que le confiscaron a los narcotraficantes, el reciente escándalo de la vicefiscal Martha Mancera que será la fiscal general encargada que según el diario el País de fecha 8 de febrero se le acusa al parecer de encubrir al exdirector del CTI de Buenaventura, vinculado con redes de narcotráfico y tráfico de armas.
La sola duda sobre la honorabilidad y la falta de ética profesional de cualquier funcionario público, y en este caso en particular sobre la Sra. Martha Mancera debilita la institucionalidad y la rama judicial, así como la propia Fiscalía General de la Nación, y ante este simple hecho, la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal debería proteger la rama que representa y haber nombrado a la nueva fiscal general de la nación, o sino, haberle pedido al Jefe de Estado el cambio de la terna, ya que la permanencia de la nueva fiscal encargada no solamente empaña la justicia y la democracia en el país, sino que nos da una mala imagen internacional como la de una república bananera, corrupta, paramilitar y narcotraficante, es decir, casi un Estado fallido, en el que el narcotráfico sigue mandando y permeando el Estado de Derecho.
Por lo anterior, sería bueno que por el bien del país y de los propios partidos políticos que tan desprestigiados están, a tal punto que la ciudadanía no cree en ellos ni en las instituciones democráticas colombianas, que dejarán la polarización, sus ideologías y sus propios intereses, para que le hicieran ver a la Corte Suprema de Justicia la importancia de que cumpla con su función administrativa y proceda a nombrar a la nueva Fiscal General de la Nación, ya que la duda sobre la fiscal encargada empaña la imagen de Colombia y de los colombianos a quienes no representa en su totalidad.
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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.
