Avanza con las debidas precauciones la reforma al código penitenciario, proceso que el país necesita con extremada urgencia, porque son muchos los años durante los que se viene reclamando una profunda y analítica reestructuración, que restablezca, restituya y afirme los derechos de los ciudadanos que en alguna forma han infringido la Ley, o han sido sindicados de ello.
Es usual que el debido proceso y los derechos humanos se violen a millares de colombianos que caen en manos de ciertos jueces ineptos y negligentes, que actúan por conjeturas, acusaciones fraudulentas, ciertos estímulos y declaraciones de falsos testigos. Vivimos una época en que costumbres no sanas han invadido nuestra justicia.
El proyecto que analiza el Congreso busca remediar el actual estado de cosas, pero como suele suceder, hay algunos “padres de la patria”, que en lugar de estudiar a fondo normas, proyectos y realidades, llegan a las sesiones con zoológicos para inundar de “micos” los proyectos de ley, sin importarles sus investiduras, el prestigio de las instituciones o la responsabilidad frente a una sociedad que les encomendó tareas tan trascendentales.
Se está, por ejemplo, analizando el caso de las excarcelaciones para ciertos condenados que han caído en la famosa “rueda de conjeturas”, que convierten a quienes no posean recursos para incentivos, o sean apetecidas “presas políticas” que ofrezcan buena publicidad a la “justicia espectáculo, en “peligrosos para la sociedad”. A esos no se les aplica casa por cárcel, ni brazalete, para pagar su pena fuera de los penales. Son millares los colombianos que pasan por esa desgracia. Se afirma que un beneficio domiciliario, puede costar entre 300 y 500 millones de pesos.
El proyecto, contempla lo que la ministra Ruth Stella Correa llama el elemento subjetivo, que el Congreso debe estudiar profundamente, ya que la norma ofrece al juez respectivo, la facultad de analizar el arraigo social y familiar del penado, para subjetivamente –dentro de su discrecionalidad- determinar si le aplica el beneficio domiciliario. Esto tiene tanto de largo como de ancho, ya que los seres humanos somos muy malos para obrar subjetivamente. Ello puede crear “peajes” para obtener penas mínimas, beneficios domiciliarios o brazaletes, según el incentivo. Es decir: las excitaciones determinarán “subjetivamente” los beneficios penitenciarios. ¿Y de la objetividad jurídica qué?
BLANCO: La suspensión e inhabilidad por 12 meses aplicadas al juez que benefició a El Cebollero. ¿Hubo peaje?
NEGRO: El rudo golpe a la prensa aplicado por Correa en Ecuador.
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