Verbien magazin El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Mezclar la política con la justicia representa uno de los riesgos más serios para cualquier país que aspire a consolidar una democracia sólida y funcional. La injerencia del poder político en las decisiones judiciales compromete la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia, poniendo en peligro el principio fundamental del Estado de derecho: la ley debe ser igual para todos, sin excepciones ni privilegios derivados de intereses particulares. Diversos estudios muestran que esta independencia judicial es una condición indispensable para el fortalecimiento de las instituciones democráticas (Betancor, 2024)[1].
(Imagen: archivo particular-VBM).
La diferenciación entre justicia y política es crucial para que las instituciones funcionen correctamente. Cuando la justicia actúa presionada o dirigida por intereses partidistas, se erosiona la confianza de la ciudadanía en la legalidad, debilitando la institucionalidad democrática (García Villegas & Ceballos Bedoya, 2016; Linares, s.f.)[2]. Fortalecer la justicia requiere asegurar su autonomía, protegerla de presiones externas y dotarla de los recursos necesarios para que pueda cumplir su función como garante imparcial de los derechos de todas las personas (Guevara, s.f.)[3]. El respeto a la justicia y la vigencia del principio de que “la justicia es para todos por igual” son pilares esenciales para que un país se desarrolle en un marco de legalidad y convivencia pacífica (SEGIB, s.f.)[4].
En este contexto, la cohesión social resulta fundamental para el fortalecimiento del Estado de derecho. La cohesión social se refiere al grado de integración de la ciudadanía en su comunidad y al nivel de confianza, sentido de pertenencia y solidaridad dentro de la sociedad. Cuando una sociedad está cohesionada, las diferencias se canalizan de manera pacífica y existe mayor capacidad de diálogo y consenso. Esta armonía social es necesaria para asegurar que los principios de justicia y legalidad sean respetados por todos los grupos, independientemente de sus posturas ideológicas. Tal como señala Valverde (2015)[5], la cohesión social potencia la resiliencia democrática y garantiza que la búsqueda del bien común se sitúe por encima de intereses particulares o divisiones políticas.
Un aspecto fundamental que debe destacarse es que el verdadero líder democrático es aquel que promueve e invita a respetar las instituciones, inspira el respeto por la verdad y hace prevalecer el bien común por encima de intereses personales o partidarios. Liderar en democracia implica fomentar el apego a la ley, fortalecer la confianza en la institucionalidad y unir al país en torno a la legalidad y la justicia, especialmente en momentos de polarización y debate político (Mariscal, 2006; SEGIB, s.f.)[6].
En estos momentos, no es bueno para el país alimentar un discurso de división. Por el contrario, debemos aceptar la ley con humildad, comprendiendo que ella misma da los mecanismos para acudir a las instancias correspondientes si consideramos que los fallos judiciales no han sido correctos. Solo así se fortalece el Estado de derecho y se evitan enfrentamientos innecesarios que ponen en riesgo la convivencia y la democracia.
En Colombia, un país que ha tenido históricamente varios episodios de violencia, no se puede atentar contra la vida de alguien simplemente por no estar de acuerdo con las sentencias o decisiones de los jueces que imparten justicia. Es imperativo respetar la justicia y rescatar los valores que como sociedad se han venido perdiendo, tales como el respeto y la dignidad humana. La polarización solo conduce a más conflictos; es el momento de la unión y de reconocer que la justicia y el país deben estar por encima de cualquier ideología (CIDH, 2023; Mariscal, 2006)[7].
Como advierten numerosos estudios comparados, “el Estado de derecho sólo puede consolidarse si existe una justicia fuerte, independiente y legítima ante los ojos de la sociedad” (Dejusticia, 2016)[8].
————————————————————————————————————-
Clara Inés Chaves Romero: Ex diplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional en medios como Eje 21, Diario El Nuevo Liberal, Magazín Ver Bien, Realidades y Perspectivas, Revista Ola Política. Escritora de los libros: Justicia Transicional, Del laberinto a la esperanza, Un camino al África, una puerta al mundo.
[1] Betancor, A. (coord.) (2024). Instituciones del Estado democrático de Derecho, conversaciones. Fundación Rafael del Pino.
[2] García Villegas, M., & Ceballos Bedoya, M.A. (eds.) (2016). Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Bogotá: Dejusticia.
[3] Guevara, C. (s.f.). “Independencia judicial”. Revistas Científicas – Uninorte.
[4] SEGIB (s.f.). “Comunicado especial sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho y la justicia”
[5] Valverde, Mariana (2012). Everyday Law on the Street: City Governance in an Age of Diversity. University of Chicago Press.
[6] Mariscal y Serrano, José Gabriel de (2006). “Justicia: independencia, imparcialidad, politización”.
Jado: Boletín de la Academia Vasca de Derecho, Número 11, diciembre 2006, pp. 29-42.
[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2023). Compendio sobre institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos. Estándares Interamericanos
- [8] Dejusticia (2016). Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación.
