Errores de la paz

Siendo una demócrata y conocedora del derecho por ser mi profesión, no deja de preocuparme el incremento de grupos armados al margen de la ley que cada vez más se toman zonas territoriales y subyugan a la población sometiéndola al terror y a sus normas.

Siempre he sido una convencida de que la paz es un derecho supranacional que debemos proteger y luchar por mantenerlo o por conquistarlo.

También considero que el establecimiento del Estado de Derecho es fundamental para la convivencia pacífica y para que, en el caso nuestro, los colombianos se sientan confiados de sus instituciones y aprendan a respetarlas.

No puede haber una paz duradera si no existen la justicia y el imperio de la ley. No puedo desconocer que el Presidente de la República es autónomo para decidir y llevar a cabo procesos de paz y crear las directrices que deben seguir las demás instituciones y ramas del poder.

También he mencionado en algunas de mis columnas que existen mecanismos como las amnistías, o pedir al Congreso que gestione los indultos.

Lo importante en este sentido es que el Estado en cabeza del gobierno de turno no pierda el control del territorio, se dicten desde un inicio las reglas del juego que se llevarán a cabo en cada negociación y se garantice el orden público.

No se puede olvidar que la autoridad y el orden son principios fundamentales que se deben garantizar en toda democracia para que en una sociedad exista claridad entre quienes son los que gobiernan y quienes son los gobernados. Como dijo Juan Jacobo Rousseau en su “Contrato Social”, es el conglomerado social el que sede parte de su soberanía para que dentro del Estado exista alguien que lo gobierne y en tal sentido todos deben someterse a la ley para que el imperio del ordenamiento jurídico exista y por ende la gobernabilidad.

Nunca me he opuesto a los diálogos, pero es inconcebible que se debilite la autoridad y la ley para que el jefe del ejecutivo a nivel local o departamental se arrodille o suplique a los ciudadanos o a las minorías que bloquean las vías que den paso, atentando contra bienes públicos como son la salud, y la economía del país, que están por encima de los bienes particulares.

Se puede entender que los colombianos se cansaron de los políticos ya que en su mayoría no cumplen lo que prometen y además la mala herencia del narcotráfico que debilitó la institucionalidad y desarrollo la corrupción empeoraron el mapa político social y económico del país.

Si los gobiernos de turno desde la época de la independencia hasta hoy se hubieran dado cuenta que la arrogancia, la soberbia y el desconocer las necesidades de una gran mayoría de colombianos entre los que se encuentran los campesinos y las minorías, nos traerían el lastre que hoy vivimos en todos los aspectos, habrían realizado a tiempo las reformas sociales y desarrollado el campo.

Con el respeto que me merecen las minorías étnicas y sin generalizar pues aunque tienen derecho a protestar está se debe realizar de manera pacífica sin violar los derechos de los demás ni acabar con los bienes públicos, así como no pueden realizar bloqueos, ni impedir la realización de infraestructuras, el libre tránsito y mucho menos evitar que las ambulancias circulen como se ha venido mencionando en los medios de comunicación.

Recordemos que la constitución nacional habla de la libre movilidad por todo el territorio nacional sin impedimento alguno, con lo cual estas comunidades estarían violando esta concesión constitucional. El reclamar sus garantías no es razón para que se violen los de los derechos de los demás.

“Todo extremo es vicioso”; por ello no se puede seguir permitiendo la pérdida de control territorial por parte del Estado, se debe enfatizar el cumplimiento de los acuerdos de paz y realizar inversión social en los territorios abandonados por el establecimiento con el fin de irle poco a poco quitándole el piso a los violentos quienes se aprovechan de esta situación de desamparo en que están sumidas algunas poblaciones.

Los distintos grupos que están comprometidos en los diversos diálogos de la paz total del gobierno nacional deben dar pruebas de su buena fe y al mismo tiempo el presidente Petro debe garantizar la estabilidad del orden público con mano dura. Es decir, debemos utilizar el garrote y la zanahoria y no quedarnos a merced de la delincuencia.

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.