El carrusel de convenios de Roy Barreras

Son los convenios 784, 1561, 983 y 984, de cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social.

9/12/2022

Esta columna está en el gancho desde primeros días de octubre cuando Roy Barreras dijo que padecía cáncer. Una vez por fortuna lo ha tratado con éxito, se actualiza en busca de justas explicaciones.

En el Senado de la República, presidido por Roy Barreras, se suscribió un carrusel de convenios interadministrativos entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022, por Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa, atornillada desde 2012 cuando Barreras fuera presidente. Son los convenios 784, 1561, 983 y 984, de cuyo análisis se desprende una ruta común: seleccionar un ente público o mixto para contratación preferente, así no coincida con su objeto social, como Edured en épocas de la Esap, y el resto va por añadidura.

El 784 del 26 de julio. Con Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar “un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República”. A esa entidad, en 2018, Dilian Francisca Toro le hizo un truculento cambio, la volvió todera hasta para albañilería y comercializadora de cuanta cosa, de lo que hace un filón.

Vale preguntar: ¿tiene Impretics la licencia exigible de la Supervigilancia para vender sistemas de seguridad? De hecho, subcontrató en enrevesado proceso a Acin, una pequeña firma de seguridad de Pereira, la tierra de Jorge I. Arango, secretario de Barreras. Acin tasó en $3.670 millones el contrato, dando margen de 450 al original de Impretics por 4.170. ¿Para dónde corre el excedente? (W Radio, 20/9/22).

Es igual al mecanismo que Impretics usó para la seguridad en La Picota, en ese caso subcontrató a Viotec SAS, con resultados fallidos, incluidas ruidosas fugas (W Radio, 14/9/2022). Una cotización para esta columna de un distribuidor nacional de biometría digital y facial de marcas como Dahua, ZK Teco o Hikvision estimó en 550 millones el valor total del contrato, ¡ocho veces menos! Y, como al parecer se trata de marcas top del mercado, máximo valdría la mitad. En el colmo, como Impretics no cumplió al 30 de octubre, se le prorrogó al 31 de diciembre, admitiendo demoras del subcontratista. Descaro.

El 1561 del 30 de julio. Desde marzo de 2022 se ideó una “revolución tecnológica” mediante 25 pantallas digitales táctiles, de 1,60 metros de alto y 55 pulgadas, para la interacción entre senadores y con el público. Se acogió la oferta sin especificaciones de la empresa mixta Artics, en la que el socio mayoritario es de nuevo Impretics, la imprenta de la Gobernación del Valle, y el privado, Technology Solutions of America Colombia SAS.

Contrató a $27 millones cada pantalla y 10 monitores a $20 millones por unidad. Agregó un servidor tipo 1, un servidor tipo 2; la licencia del software Microsoft Windows y la instalación y capacitación por $283 millones, el 23 por ciento del contrato total de $1.220 millones. Un ingeniero especialista me certificó, luego de una búsqueda minuciosa, que el valor base máximo de las pantallas interactivas por unidad es de $12.865.000 y de los monitores de $3 millones, ambos de última tecnología y las mejores marcas.

El 983 del 5 de septiembre de 2022. Para la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”. La falta de idoneidad para la tarea es notoria y se comprueba al ver la estructura societaria.

El principal socio es Masora, alianza de municipios del oriente antioqueño. También participan Fedemunicipios y Kass Group SAS, de ingeniería, y las de computadores, Innerconsulting SAS; y Soluciones Integrales de Movilidad y Seguridad SAS, cuyo representante legal, Enrique López Pinilla, es también de Dicitec y quien suscribe el convenio.

¿Ganó la oferta barata, pero de ingeniería sin experiencia para aportar productores, camarógrafos, editores y operarios, enganchados por 6 y 7 meses para un contrato que dura 11? ¿Cuál es el estado y tipo de los equipos para “producir contenidos”? ¿Ofertó por casualidad 400 millones menos que RTVC? ¿Hay subcontrato?

El 984, del 5 de septiembre de 2022, también con Dicitec por $2.101 millones para “preproducción, producción y postproducción de productos audiovisuales”. Un área aún más extraña para dicha empresa que, con un patrimonio de $803 millones, amasó el mismo día contratos del Senado por $10.260 millones.

Las amañadas compras a Impretics o la transformación del “operador de Fedemunicipios” a “productor audiovisual” se hacen con igual modus operandi: selección direccionada, sobrecostos y objetos extraños al beneficiario que subcontrata a menos precio para causar excedentes. ¡Esto exige una explicación!

La “aplanadora” de 800 contratos de

Roy Barreras

El 13 de diciembre, por el correo institucional de SEMANA, la Fiscalía me comunicó que a la denuncia contenida en la columna anterior –por contratación amañada en el Senado– le asignó un número en el seriado de noticia criminal.

16/12/2022

La Ley 05 de 1992, el reglamento del Congreso prescribe dentro de las 12 funciones de los presidentes de las Cámaras, en la número 11: “Cuidar que el secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes”. Asimismo, “la Mesa Directiva de la Corporación, en calidad de órgano de orientación y dirección de la Cámara Alta, señala derroteros cuya observancia debe ser acatada por la Dirección General Administrativa” (art. 41).

Por eso extrañé que, al solicitarle al presidente del Senado, Roy Barreras, explicaciones –como servidor público, que lo es– sobre un carrusel de convenios administrativos impresentables, con direccionamiento amañado y sobrecostos, no hubiera respondido solícitamente, sino que esgrimió cuatro bravuconadas de manual: “No tengo nada que ver”, “es falso”, “todo es legal” y matonear al mensajero, con lo que pretende despachar el asunto.

Barreras alega la autonomía administrativa de la directora Astrid Salamanca Rahin, a quien llevó a ese puesto en 2012 y se atornilló, pero a la vez reconoce que él sí fue quien “puso al frente” del Canal y del Noticiero del Congreso a Carlos Moya y a Eduardo López. Es decir, admite en Twitter que unas veces interviene y otras no tanto, en un carrusel con el modus operandi de entregar a dedo y luego subcontratar, como en épocas en la Esap, por lo que la sala de instrucción de la Corte, en el despacho del magistrado Farfán Molina, lo ha investigado por “presuntos actos de corrupción”.

No puede obviarse tampoco que el manejo de “contratos sin los requisitos previos”, “inflar las cotizaciones” o de más de mil “de prestación de servicios personales indirectos conocidos como corbatas o nóminas paralelas”, con recursos del Legislativo, tienen un negativo precedente en el año 2000 (El Tiempo, 02/2000). El fallo condenatorio a varios responsables habló del “deber de cuidado”, aun si hacer nombramientos y la promoción y remoción del personal fuera encargo de otros (CSJ, proceso 17089, 23/9/2003).

Hablar de “nóminas paralelas” guarda relación con los contratos adjudicados del 1.° de agosto al 9 de diciembre, que suman 800, exceptuando los de personas jurídicas o empresas, casi a golpe de diez diarios por 92 días hábiles, una fábrica, y más en septiembre, cuando fueron 406 y, pese a que los empleados de carrera allí son 239, resultan cuatro órdenes por servicios por trabajador de planta (2019, D. Empleo Público). Los hay de todo valor, objeto y tiempo de duración y en muchos es fácil identificar al recomendante, que seguro está entre los 89 votos, incluido el de Barreras, que reeligieron a Salamanca por sexta vez consecutiva.

“Corbatas” al por mayor, por ejemplo el contrato a 40 días de Catalina Mesa Ramírez, esposa del director del Dapre, Mauricio Lizcano, por 13.333.333 pesos, firmado el 22 de noviembre, o el de Luz Adriana Marín, de la rosca de Itagüí del presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, por 30 millones de pesos y a 92 días; o el de Karen Lizeth Madera, ficha del liberal Fabio Amín, por 28 millones, a cuatro meses; o de Hans Barrios, por 11.600.000 pesos, pastor en Suba del Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción; o de Óscar Chaparro, cercano a Barreras en Santander, por 17.600.000 pesos a cuatro meses; o el ilegal, porque debería ser de nómina y da un cargo adicional al total permitido, de una asesora 1 de la UTL a la senadora Gloria Flórez del Pacto Histórico por 37,3 millones y a cinco meses; o del excandidato a la alcaldía de Titiribí, Diego Montoya, de “los paolos” uribistas, por 19.333.333 pesos a 116 días. Todos los partidos con tajada y no faltará quien diga: si siempre ha sido así, ¿por qué no en “el cambio”?

Muchos con objeto repetitivo, transcrito como forma Minerva, “prestar servicios profesionales y apoyo a la gestión” y se cuentan por decenas los de un mes de duración con valores distintos y funciones similares, que ya ni van a cobrar porque les consignan. ¿Es la “aplanadora” de Roy que aprueba la tributaria y demás proyectos? Vuelven a la memoria Teodolindo y Yidis Medina.

¿No ameritó tal avalancha una mirada, ni de reojo, de Barreras? ¿Se acaba de enterar? ¿A sus espaldas o fueron sus derroteros? ¿La doctora Salamanca, además una dinámica y líquida inversionista en finca raíz (ver relación propiedades, Supernotariado), procede a su libre albedrío, pese a que la Ley 05 de 1992 dictamina otra cosa?

El 13 de diciembre, por el correo institucional de SEMANA, la Fiscalía me comunicó que a la denuncia contenida en la columna anterior –por contratación amañada en el Senado– le asignó un número en el seriado de noticia criminal. Esta, de “nóminas paralelas”, complementa los desaguisados ocurridos en el Senado presidido por Roy Barreras y pide 800 explicaciones más.