¿División en las Fuerzas Armadas?

El pasado 13 de septiembre salió en el diario el Espectador la noticia “Militares en Tierralta: tropa del mismo general había sido denunciada desde 2021” como en otros diarios y noticieros del país, deja mucho que pensar no solo sobre el general Oscar Leonel Murillo sino sobre la institucionalidad como tal.

De confirmarse esta noticia, aunque al parecer se da por cierta, deja la sensación de una división dentro del ejército o de las instituciones armadas para ser más exacta, ya que no es la primera vez que se dan a conocer escándalos de esta naturaleza bien sea porque algunos miembros del ejército apoyan a los paramilitares, o el caso de los falsos positivos entre otras más.

Es lamentable que la guerra sea un negocio y no se piense en el bien común ni mucho menos en la paz del país. Parecería que hay un Estado detrás del Estado y nos preguntaríamos entonces esa parte de la institucionalidad que viola la ley y la constitución al no responder de manera fiel a las directrices del jefe de Estado de turno, y entonces esos militares que delinquen ¿a quién responden? ¿Cuál es el jefe de ese otro Estado que quiere boicotear la paz del país?

Según las leyes y la constitución del país los militares son apolíticos. ¿Desde cuándo responden a las ideologías de los partidos? y en este caso parecería que militan en la oposición.

Violentar a la población civil de manera engañosa, dolosa podría calificarse como un acto de perfidia que está expresamente prohibido por el DIH tal como lo señala la noticia arriba mencionada, sino también son actos violatorios de sus propias funciones ya que están para proteger las fronteras y a los colombianos en su vida, honra y bienes, además, se estarían tipificando delitos en el marco del derecho penal colombiano y de la normatividad castrense.

Es increíble que con esta clase de hechos se esté legitimando a los grupos al margen de la ley cuando ellos dicen que es la propia institucionalidad a través de las fuerzas militares la que este entorpeciendo los acuerdos de paz, y en este caso con el ELN.

Estos militares que infringen las normas no tienen ninguna autoridad moral para tildar de delincuentes a los grupos al margen de la ley y en particular al ELN ya que al parecer según noticias de prensa usaron sus uniformes para inculparlos de hechos violentos y delictivos, pues ellos mismos están realizando iguales actos punibles y la misma manera o modus operandi para ejecutarlos.

Urge hacer una purga institucional a nivel nacional, no solo de las Fuerzas Armadas del país para devolverle a la nación la credibilidad en sus propias instituciones y fortalecer el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la democracia.

Para los militares de bien debe ser una prioridad que las manzanas podridas salgan y se les aplique la fuerza de la ley tanto a nivel nacional como internacional, pues con sus actos deshonestos y punitivos los salpican dañándoles su buen nombre.

Lo lamentable de todo esto es que también se está legitimando a los grupos al margen de la ley que se apropian de los territorios que dejaron las antiguas FARC por falta de voluntad del Estado en tomarlos y llegar no solamente con pie de fuerza sino con inversión social; pues uno de los discursos de estos grupos es la protección de la población civil y la implementación de sus propias leyes, que en este caso parecería más viables que las de la propia institucionalidad.

La clase política, con sus honrosas excepciones, tiene mucha responsabilidad directa o indirecta en que este tipo de hechos al polarizar y generar odios y rencores entre los colombianos, en lugar de dar ejemplo de unidad, acordar un pacto nacional para la reconstrucción de los valores, la consolidación de la paz y su desarrollo.

Dividir no trae prebendas políticas, pues tanto la sociedad como el país salimos perdemos; además es un acto deshonesto en el que se muestran las falencias del propio liderazgo político que, en lugar de generar valores, políticas públicas de Estado e inversión social, traen odios, mezquindades, mentiras y mediocridades olvidando que los verdaderos partidos políticos son una manera de fortalecer la democracia, además, del respeto a la división de los poderes y el motivar con ideas, responsabilidad y ética a los votantes para que en las elecciones se muestre un gran número de personas que voten a conciencia colocando el país primero y por encima de cualquier otro interés que no sea el colectivo. Es decir, tenemos que construir patria y no un país violento e ilegal en el que su institucionalidad sea la principal promotora de la misma.

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.