Colombia un Estado fallido: muerte a la JEP

Colombia es cada vez más un estado fallido. Se entiende por tal, la pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza y por ende el debilitamiento de la institucionalidad democrática.

El Acuerdo de paz celebrado en el 2016 entre el grupo guerrillero FARC y el Estado Colombiano permitió la recuperación del territorio por parte del Estado y a los gobiernos de turno no les interesó tomar el control de dichos territorios, por lo que se generó una disputa entre los diversos grupos al margen de la ley por el control del mismo, poniendo a la población civil en estado de indefensión.

La pregunta es, ¿qué calidad de vida tiene los colombianos en los territorios ocupados por grupos al margen de la ley? Durante la epidemia del Covid 19 se evidenció que hay municipios y regiones que no tienen ni siquiera un puesto de salud, escuelas rurales donde difícilmente entra un docente, es decir una educación a medias y lamentable, inexistencia de vías las primarias, secundarias, terciarias, si es que las hay, en pésimo estado, y para que seguir con un inventario lamentable ya que los servicios públicos también son lamentables e inexistentes como por ejemplo en la Guajira.

(Imagen: JEP – VBM).

Lo preocupante de este panorama es que grupos armados como las disidencias de las FARC, por ejemplo, se abrogan las funciones del Estado, inauguran puentes, carreteras, cobran peajes comunitarios como lo que sucedió recientemente en el mes de julio en el Cauca y en otros departamentos, y ¿qué ha venido haciendo el estado?

Con estas actitudes ante una comunidad que en medio del miedo y de la ignorancia porque no tiene ni el sentido de pertenencia hacia el país porque este los ha abandonado, y menos el acceso a una educación en la que se le enseñe a los estudiantes a pensar y a tener criterio, estos grupos armados sustituyen al Estado y van ganando terreno y adeptos.

No se entiende como las fuerzas armadas del país que tienen una importancia significativa en la región, que tienen experiencia, que han sido entrenadas en Estados Unidos, Israel, Chile, etc., que son numerosas, ya que se sitúan como uno de los mayores ejércitos de la América Latina, no puedan controlar y acabar con los grupos al margen de la ley. ¿Cuál será la razón? ¿faltará voluntad política? ¿La guerra es un buen negocio?

¿Nos preguntamos también cual ha sido la responsabilidad de los distintos gobiernos para no retomar el control del territorio y para no acabar con la violencia que azota al país?

Estamos en un relativismo en donde en lugar de fortalecer el Estado de Derecho se debilita y la ley es mera decoración en los códigos y en la constitución del país.

Ya casi ni existe el control entre las tres ramas del poder cuando cada una pretende abrogarse las funciones de las otras.

Lo más lamentable es la inocua discusión en la que el país se encuentra por la barrabasada de Otty Patiño negociador de paz que dijo que había que acabar con la JEP. Resulta vergonzoso que una persona como él, que se acogió a un proceso de paz y que goza de los privilegios del Estado en lugar de fortalecer la institucionalidad quiera acabarla.

Eliminar la jurisdicción colocaría al país en el escenario internacional como una nación similar a Venezuela o, a Nicaragua en donde no existe seriedad ni seguridad jurídica, pues se estaría violando un acuerdo de paz en el que la comunidad internacional fue garante y además se blindó y reposa en las Naciones Unidas.

Recordemos que ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del estado colombiano la Corte Penal Internacional puede intervenir, porque aún no han sido juzgado todos los actores de dicho conflicto por el proceso de paz del año 2016.

La JEP forma parte de la rama jurisdiccional, y su función es investigar, aclarar y sancionar los crímenes que se dieron durante el conflicto armado, pero claro, recordemos que desde su inicio esta institución ha tenido detractores porque existen algunos personajes a los que no les interesa que se conozca la verdad y mucho menos que la paz reine en el país.

Cuando se creó la JEP duro un tiempo en el que el gobierno de turno no le dio las herramientas para trabajar, se ha visto enfrentada a toda clase de obstáculos. Además, un conflicto armado que duro más de 50 años, ¿el negociador de paz y los enemigos de la JEP pretenden que en unos pocos años se resuelvan todos los macrocasos?

Esta institución en el mundo tiene una importancia fundamental por no decir que es la columna vertebral de un proceso de paz para evitar la impunidad, la repetición del conflicto, y es un mecanismo para que los actores del conflicto salden sus cuentas con la justicia, se reintegren a la sociedad civil, se repare a las víctimas y se fortalezcan el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

Estaríamos además violando la constitución nacional en la cual se integraron varios actos legislativos y leyes para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera como lo establecen los actos legislativos 1, 2, 3 y 4,  y todas las leyes que surgieron para darle una estructura jurídica a dicho acuerdo de paz.

Recordemos las leyes 1922 de 2018 y la 1957 de 2019 por medio de las cuales se adoptaron unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz y la estatutaria de la administración en la JEP.

En el gobierno del cambio que pretende hacer la paz, y que tiene el proyecto de la paz total, el acabar con la JEP y no darle los recursos para que funcione es violatorio de la constitución y sería un mal mensaje para la comunidad internacional ya que no le daría al país el respaldo y la logística que el gobierno y Colombia requieren para los otros procesos de paz que se podrían avecinar.

Es vergonzoso y un mal ejemplo que un exguerrillero como Otty Patiño, que ocupa la posición de negociador de paz pretenda acabar con la institucionalidad del país en lugar de fortalecerla, y más vergonzoso es que el país se preste a hacer eco a esta barbaridad que propone, la cual no tiene presentación alguna. La pregunta que se le haría al gobierno Petro es: ¿quiere pasar a la historia como el gobierno que destruyó el Acuerdo de paz del 2016, o quiere ser el salvador del mismo?

La comunidad internacional y el país criticaron los pocos avances que el gobierno Duque le hizo al acuerdo de paz y se le acusó de acabar con el mismo, ¿y ahora Otty Patiño se hace aliado de ese gobierno para darle buena sepultura? ¿dónde está la coherencia?

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Clara Inés Chaves Romero: Exdiplomática y escritora. Comunicadora con amplia experiencia en columnas de opinión, en análisis de la política nacional e internacional. Escritora del libro Justicia Transicional, del laberinto a la esperanza catalogado de consulta y del libro Crónicas de Juegos y maquinaciones políticas. Columnista de la revista “Realidades y Perspectivas” universidad de Chile Columnista. “revista Ola Política”, febrero 2019- actualmente.

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