Verbien magazín El tiempo corre hacia atrás y solo lo atan los buenos recuerdos y las buenas acciones. Gilberto Castillo
Por: Hugo Acero
La crisis por el hacinamiento en estaciones y URI persiste porque ninguna de las entidades responsables reconocen sus obligaciones.
¿Quién responde por los siete muertos y cinco heridos privados de la libertad que se registraron tras el motín de la estación de Funza? ¿Los policías que ese momento estaban prestando guardia? ¿La Policía como institución que está cumpliendo funciones que no le corresponden? ¿La alcaldesa de Funza, que posiblemente no hizo las gestiones pertinentes para solucionar este problema? ¿El Inpec, que no ha trasladado a las personas privadas de la libertad que deberían estar en cárceles nacionales? ¿El Ministerio de Justicia, que en las dos últimas dos décadas no ha hecho casi nada para solucionar el alto hacinamiento en cárceles, URI y estaciones del país? ¿Los alcaldes y gobernadores, que deben contribuir a solucionar este grave problema?
Se puede asegurar que todos son responsables, pero cada uno saldrá con cartas, comunicados, documentos y proyectos para demostrar que algo hicieron y ninguno reconocerá su responsabilidad en esta tragedia, que no va a ser la última, si se tiene en cuenta que hoy en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía están recluidos más de 23.000 hombres y mujeres que llevan meses y años sobreviviendo en menos de un metro cuadrado, con un hacinamiento del 190 %, sin que las autoridades anteriormente mencionadas hayan hecho algo para solucionar esta flagrante violación de los derechos humanos.
Al fin de cuentas, desafortunadamente, los investigados, juzgados y condenados por la Fiscalía, que ya abrió investigación, serán los servidores públicos, como sucedió con el caso de las nueve personas muertas en el incendio del CAI de Soacha el 4 de septiembre de 2020, donde la Policía fue condenada a indemnizar a algunos familiares y fueron destituidos dos policías.
Hoy existe un alto riesgo de que las tragedias de Funza y Soacha se repitan, y con mayores consecuencias, si se tiene en cuenta que existen sitios con hacinamientos del 500 %, “carceletas”, como las llaman en estaciones y URI, con capacidad para 80 personas y donde están amontonadas 400, sin que el Ministerio de Justicia y el Inpec reconozcan que este problema hace parte del hacinamiento global, que supera el 50 % a nivel nacional.
(Imagen: archivo particular-VBM).
Para solucionar este grave problema la Corte Constitucional hace tres años, a través de la Sentencia SU-122 de 2022, extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas y ordenó un plan de acción en dos fases: una transitoria y otra definitiva.
Hasta el día de hoy estas órdenes de la Corte Constitucional son letra muerta.
En la primera, las alcaldías que tienen bajo su jurisdicción las URI y estaciones hacinadas tenían un (1) año para construir o adecuar inmuebles con condiciones adecuadas para recluir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel. Con relación a las medidas definitivas ordenó que, en 6 años –ya pasaron tres– todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el Distrito Capital y capitales de departamento, debían construir cárceles para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.
Hasta el día de hoy estas órdenes de la Corte Constitucional son letra muerta, las alcaldías y gobernaciones no las han cumplido y no se sabe de dónde van a sacar los recursos los municipios, para construir o adecuar espacios de reclusión temporal y definitivos.
Un municipio o un departamento para construir un espacio de reclusión temporal requiere entre 20.000 y 30.000 millones, y para una nueva cárcel, algo más de 200.000 millones de pesos, cosa un poco difícil pero no imposible de realizar para algunas ciudades capitales y departamentos.
En el caso del Gobierno nacional, definitivamente no va a hacer nada y parece que no le interesa buscar soluciones a esta problemática, como ha sucedido en materia de seguridad ciudadana y de los territorios hoy gobernados por los distintos grupos armados ilegales tras el fracaso de la ‘paz total’.
Sicariato disparado
En los últimos 10 años el sicariato en Colombia creció en un 40%, pasó de 5.920 casos registrados en 2015 a 8.907 en 2024 y en lo que va corrido de este año, hasta el mes de agosto, se registran 6.035 personas asesinadas bajo esta modalidad que esta asociada a estructuras delincuenciales organizadas asociadas a las distintas rentas criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el microtráfico, la trata de personas, la extorsión, entre otras.
Ahora, si se suman otras cifras reportadas por el Ministerio de Defensa, como los asesinatos de ciudadanos por delincuentes en medio de atracos (334) y por acciones de los grupos armados ilegales (367), se tiene que el 74% de los homicidios son ejecutados por organizaciones criminales, frente al 16% por riñas (1482) y en otras modalidades el 9% (837).
Este incremento del sicariato y otras modalidades, han incidido en el aumento del homicidio en el país. Según las cifras que reporta mes a mes el ministerio, los homicidios aumentaron en un 9,5% en los últimos 10 años y entre enero y agosto de este año el incremento es del 3%, comparado con el mismo periodo del año anterior, cifra que no coinciden con las reportadas por el Instituto de Medicina Legal que reporta incrementos por encima del 8% en lo que va corrido de este año.
Qué hacer frente al incremento del sicariato y de los homicidios
Definitivamente, estas cifras del Ministerio de Defensa plantean retos importantes respecto a las estrategias de seguridad para reducir la violencia homicida, que sin descuidar los problemas de convivencia que inciden sobre el aumento de este delito, orienten de manera decidida las acciones en contra de la criminalidad organizada y común.
Frente al sicariato, parece que no existe una estrategia estatal para enfrentarlo y reducirlo, de acuerdo con lo manifestado por el Ministro de Defensa Pedro Sánchez en el informe que publicó El Tiempo este domingo, titulado “En siete de cada 10 asesinatos en Colombia, las pistas apuntan a ‘oficinas de cobro’ de las mafias”. Según el Ministro “En 2003, la tasa de homicidios por sicariato era del 7 por ciento. Hoy en día ya llega al 67 por ciento. El sicariato, al que tenemos que ponerle atención para mirar cómo enfrentamos el problema, es un desafío supremamente importante; un reto que quedó en evidencia con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay”.
Frente al incremento de los sicariatos y de los homicidios en general, es necesario contar con un plan antihomicidios que apunte a:
Enfrentar este delito con la participación decidida de los organismos de policía judicial, en particular de la Fiscalía General de la Nación, para incrementar el nivel de esclarecimiento de los homicidios, que está en el 40%, es decir apenas se conoce a 4 de cada 10 homicidas y en la mayoría de estos casos solo dos están detenidos. Para esto se requiere incrementar de manera sustancial el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito.
Identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos, sin que hasta ahora hayan sido detenidos y judicializados. Combatir el comercio ilegal de armas de fuego, ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en los ciudades y territorios. No basta con la sola restricción al porte de armas de fuego que hoy existe, es necesario limitar ese porte con operativos permanentes en las calles.
Ejecutar acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza en contra de las estructuras criminales organizadas, en el marco del estado de derecho.
Fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se genera en estos establecimientos, no se arregla solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción e ineficiencia del Inpec y la Uspec y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país.
Trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades y territorios donde se concentra este delito. En los barrios no existe impunidad los vecinos saben quién mata, roba y comete otros delitos, y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentra la violencia y la delincuencia, donde además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social.
Frente a los homicidios y violencia por problemas de convivencia, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, crear capital social que trabaje de la mano con las autoridades, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con programa de justicia cercana a los ciudadanos.
