Por: Sebastián Galeano (@GaleanoVallejo).
Aprobada la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022) y radicadas la reforma laboral, de pensiones y de salud, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, podemos evaluar si las reformas sociales de Gustavo Petro, vistas en su conjunto, representan una mejoría para los trabajadores colombianos.
Empecemos. Con la reforma tributaria se va a disminuir el ingreso final de los trabajadores de salarios medios y altos, por la disminución de las exenciones aplicables a las rentas del trabajo que amplían la base para pagar impuestos. Y todos los trabajadores contribuirán con 20 billones de pesos en impuestos indirectos por alimentos, bebidas, combustibles y plásticos. Más impuestos y no precisamente para los cuatro mil colombianos más ricos, como dijo Petro en campaña.
De otra parte, la reforma laboral contempla un mecanismo para abaratar los salarios medios y altos, al eximir al empleador de aumentar las remuneraciones de los trabajadores que devenguen una suma superior a los dos (2) SMLMV. De este modo, se renuncia al principio de remuneración mínima, vital y móvil para todos los salarios, y se iguala por lo bajo.
Y a un modelo que pretende empujar los salarios hacia abajo, le corresponde un modelo de pensión mínima, que es lo que hace el sistema de pilares “made in” Banco Mundial: elimina lo mejor del sistema de prima media (Colpensiones) y de ahorro individual (Fondos Privados) y profundiza lo peor de ambos. ¿Cómo así?
Explico. Si algo bueno tiene el régimen de prima media de Colpensiones es que usted se pensiona con el 65% de su promedio salarial, sin importar que gane dos (2) o veinticinco (25) SMLVM. Lo que hace la reforma es fracturar el régimen de prima media y limitar que usted se pensione con esas reglas de juego sólo hasta tres (3) SMLMV.
Y a pesar de que el régimen de ahorro individual ofrece una pensión pírrica para salarios medios y altos, no se puede desconocer que para los trabajadores que devengan un salario mínimo (15.7% de la fuerza laboral) les resulta más favorable este sistema, porque se pensionan con 1.150 semanas y no con las 1.300 que exige Colpensiones.
Sin embargo, lo único bueno que uno puede rescatar del régimen de ahorro individual lo elimina la reforma, y, de aprobarse en el Congreso, todos los trabajadores que estén afiliados a un fondo de pensiones privado tendrán que sumar 150 semanas adicionales para pensionarse.
Pero eso sí, queda vigente el hueso de los fondos privados quienes continuarán administrando el dinero de los afiliados que se pasen a Colpensiones y recibirán obligatoriamente el dinero de todos los trabajadores que devenguen más de tres (3) SMLMV.
Como se trata de empeorar lo malo y eliminar lo poco bueno que había, la pensional de Petro vuelve costumbre los beneficios periódicos de Uribe (Acto legislativo 01 de 2005), no la dignidad, al punto que le da la categoría de pilar semi-contributivo y, por la puerta de atrás, aumenta la edad de pensión a 65 años a las personas que no alcancen a completar las 1.300 semanas.
Ahora, los ataques a los trabajadores no solo se encuentran en la reforma laboral o pensional, también los hay y muy graves, en la reforma de salud que elimina la condición de empleado público de los médicos, enfermeras y demás trabajadores que laboran en los hospitales estatales, pasándolos de una relación legal y reglamentaria a una vinculación contractual, despojándolos de sus derechos de carrera administrativa. Esto se reglamentará mediante facultades extraordinarias que se le entregarán al presidente Petro. Menos estabilidad y peores condiciones de empleo.
Con todo, estos trabajadores tendrán que seguir negociando con las reglas de la negociación de los empleados públicos (Decreto 160 de 2014) que son peores que las de negociación de los trabajadores con contrato de trabajo. Lo estrecho para los trabajadores de la salud, lo ancho para el gobierno petrista.
Tampoco se salva el magisterio o nuestros queridos profes de los colegios públicos. El Plan Nacional de Desarrollo -PND-, establece en su artículo 104 un programa de voluntariado para reemplazar o mermar paulatinamente la planta docente. Dicho programa establece apoyos financieros para realización de prácticas o pasantías en colegios públicos, dirigidos a estudiantes matriculados en Escuelas Normales Superiores o de licenciaturas u otros programas de pregrado, apoyándolos con un gasto de manutención y transporte a la barata. ¿Se pasa por encima el estatuto Docente?
Finalmente en materia laboral, Petro predica pero no aplica. A los empleadores privados les exige relaciones laborales directas y de duración indefinida y que asuman costos adicionales, como debe ser. Pero, para el Estado-Empleador que representa, empleos temporales, austeridad, regla fiscal y uso “racional” de la contratación por prestación de servicios (Art. 65 PND). El ejemplo empieza en la Casa de Nariño señor Presidente.
Sumado a las facilidades para despedir trabajadores enfermos y a la flexibilización de la jornada laboral que trae la reforma laboral, o medidas como el aumento de la gasolina hasta $16.000 pesos el galón o el incremento de la tasa de interés al 13%, que, si bien no están relacionadas directamente con asuntos laborales o de la seguridad social, golpean a todos los trabajadores por igual. Estos son elementos suficientes para desnudar el carácter regresivo de las reformas petristas.
De ahí que tengan el aval de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que dejar de ver el árbol y atreverse a mirar el bosque, para concluir que las reformas de Petro son antisociales y que el cambio que propone va en reversa.