Por fin una sanción ejemplar se impuso en Colombia, para evitar los monopolios que minan la libre competencia y el racional desarrollo de los negocios, al tiempo que sale en defensa de los consumidores, a quienes ciertas empresas engañan mostrando una realidad ficticia en materia de preferencias.
Comcel, que ahora se llama Claro, casi que desde su aparición en nuestro país ha abusado de los colombianos, hasta la saciedad. Ha violado las normas que rigen la sana competencia. Ha atropellado a los usuarios haciéndolos permanecer durante uno o dos años, con contratos leoninos que les hace firmar. Las fallas del servicio son excesivas, sin que nadie responda por ello. Son innumerables las contravenciones a las normas que rigen la telefonía celular.
El gobierno en nombre del pueblo colombiano, otorgó licencias para la explotación de uno de los mejores negocios que se conocen en el ramo de las tecnologías y las comunicaciones, pero les fijó unas normas mínimas que defendieran las finanzas del Estado y el bolsillo de los consumidores.
Rápidamente Comcel se fue apoderando del mercado a costa del detrimento de las otras dos competidoras. Se mostraba como la número uno y posaba de ser la pionera del negocio, la más confiable y de mayor cubrimiento.
Todos nos ilusionamos con Comcel, sin más miramientos y confiados en sus demostraciones de poderío y eficiencia y le fuimos entregando la posición dominante del mercado. Todo nos lo imaginamos, menos las prácticas monopolísticas que utilizaba.
La Superintendencia de Industria y Comercio encontró las irregularidades y le aplicó dos multas que suman 87 mil millones de pesos. La máxima sanción que se conoce. Comcel o Claro, obstruye a terceros los canales de comercialización bloqueando las bandas de los equipos móviles. De otro lado limitaba la libre competencia abultando las cifras de portabilidad numérica. Hay una tercera investigación relacionada con la negación de entregar el número de identificación personal a los usuarios.
El gobierno se puso los botines y no le tembló la mano para sancionar a semejante monstruo.
Ahora otras entidades del Estado, deberían volver los ojos sobre otros grotescos casos que con mayor brutalidad golpean a los colombianos, aplicando su posición dominante, como por ejemplo los sectores financiero y cementero.
BLANCO: La eliminación de la prima de salud de 2 millones mensuales a los congresistas. Escandalosamente alta.
NEGRO: La actitud violenta de nuestra sociedad. La vida no vale nada.
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