Por: Víctor G Ricardo
El próximo domingo, España celebra, por cuarta vez en 4 años, las elecciones generales. Nada hace, sin embargo, augurar que el bloqueo político en el que se encuentra sumido el país y que imposibilitó la formación de gobierno tras las elecciones de abril de este año, vaya a desaparecer.
Al menos así lo reflejan las encuestas que han hecho en España y que esperamos se aproximen a la realidad, a diferencia de como sucede en nuestro país, que bastante diferencia han proyectado respecto de lo que ha ocurrido en las elecciones. Ni las coaliciones de izquierda (PSOE e Unidos Podemos) ni las de derecha (PP, Ciudadanos y Vox) parece que lograrán los escaños necesarios para que se forme finalmente un gobierno.
Pero más allá de analizar las encuestas que se han venido publicando en los últimos días vale la pena intentar entender qué está pasando en España. Por ejemplo, la ley electoral en función de la cual se reparten los escaños en España. Esta ley distribuye los escaños de manera desigual dependiendo del número de habitantes de cada circunscripción electoral y de si un partido en cuestión se presenta en todo el territorio nacional o en parte de él. Ningún partido se ha atrevido a plantear su reforma, pero hoy parece claro que es uno de los factores que dificulta la formación de mayorías necesarias para gobernar.
Por otra parte, la cuestión de Cataluña y el desgarro social que en dicha región se ha producido en los últimos años, con incluso de familias enfrentadas por unos ideales ideológicos. Ni gobiernos del Partido Popular ni del PSOE parecen haber encontrado la fórmula para aliviar las heridas y restablecer la convivencia.
Estas elecciones del 10 de noviembre del presente año tendrán marcadas por estas heridas, cada vez más abiertas. Los distintos partidos se enzarzan sobre cómo gestionar la crisis política más grave que vive España desde la restauración de la democracia.
Dentro del marco constitucional que debe ser en todo momento observado, sería deseable una mayor concertación entre los partidos e incluso que Cataluña fuera objeto de un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas.
Finalmente, son muchos los retos a corto plazo, empezando por el Brexit y por el contexto económico internacional de desaceleración, que hacen necesario contar un gobierno plenamente operativo. Veremos si el día de las elecciones, el treinta por ciento (30%) de indecisos y la previsible abstención permiten a España desbloquear esta anómala situación, porque España no se puede permitir el lujo de seguir con un gobierno en funciones