Guardia nacional a la frontera

Para los presidentes de los Estados Unidos de los últimos 30 años, Demócratas o Republicanos, el problema de la inmigración ha sido una “papa caliente” que después de tomarla en la mano la han dejado a un lado para que otro tome esa iniciativa.

Algunos presidentes lo han hecho por no desgastarse políticamente o no perder una reelección. Otros por la presión de la gente de su propio partido o por una ola de oposición popular a la cual le han sacado el cuerpo. Hay innumerables motivos para que la Reforma de Inmigración no se haya convertido en una realidad. Primero, el aspecto político, que a los partidos no le parece algo necesario; segundo, económico por que incluiría pagarle más a los extranjeros y tercero, que solo piensan en deportar a los inmigrantes cuando el país se encuentra en crisis económica y aumenta el número de desempleados en el país.

Pero Barack Obama es más persistente que George Bush y está decidido a pagar el precio pero sacar adelante la Reforma de Inmigración y regularizar a los millones de indocumentados.

La actual Administración, igual que la del anterior presidente George W. Bush, ha intentado convencer al Congreso federal de la necesidad de aprobar una reforma migratoria a escala nacional, abriendo la vía de la residencia legal a los 12 millones de “sin papeles” que viven en el país y ayudan a sostener su economía. Desde los años ochenta, los grandes intentos en ese sentido han resultado fallidos. En 1986, el presidente Ronald Reagan hizo algo que sería inconcebible para muchos republicanos hoy día: ofreció una amnistía a todos los inmigrantes irregulares que hubieran entrado en el país antes de 1982.

Es cierto que aumentó la seguridad en la frontera y aprobó elevadas multas para los empresarios que contrataran a inmigrantes en situación irregular. Pero tres millones de personas se beneficiaron de aquella regularización. Obama ha defendido como Reagan, que la reforma migratoria debe aplicarse de forma homogénea en todos los Estados, desde Washington.

Exodo de inmigrantes

La ley de inmigración aprobada en Arizona trajo un éxodo de hispanos legales e indocumentados hacia otros estados debido a que las autoridades estaban deteniendo a la gente por el perfil racial o el color de la piel. Muchas casas y apartamentos han quedado abandonados y vacíos. El miedo se apoderó de la población hispana que ya no tiene oportunidad de trabajar ni siquiera en el campo ya que esta ley prohíbe a los dueños de finca dar trabajos a los indocumentados.

A la vista de las alegaciones presentadas por la Administración Obama y grupos de activistas, una juez federal de Estados Unidos ordenó la suspensión cautelar de los aspectos más polémicos de la ley de inmigración que Arizona tenía previsto empezar a aplicar a partir del 29 de Julio. Según el fallo de la magistrada Susan Bolton, las fuerzas policiales estatales y locales no tendrán que asumir la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe «sospecha razonable» de que pueda encontrarse ilegalmente en territorio americano.

La decisión judicial de 36 páginas – que se enmarca dentro de una gran polémica nacional sobre reforma del sistema inmigración y protección de la frontera sur – bloquea las aspiraciones de convertir en un delito la presencia de «indocumentados» en Arizona al igual que los intentos de penalizar a los «sin papeles» que buscan empleo en lugares públicos, también las facilidades para practicar detenciones de indocumentados con el fin de agilizar su expulsión de Estados Unidos.

La intervención de la magistrada Bolton, nominada por el presidente Bill Clinton hace diez años y destinada en Phoenix, incluso ha parado requisitos básicos de documentación incluidos en la ley que Arizona aprobó el pasado abril para disuadir a su casi medio millón de «indocumentados». Con el suspendido requisito de que todos los inmigrantes lleven consigo siempre los debidos documentos para poder demostrar su estatus.

Esta primera escaramuza judicial supone que la ley SB1070 entró en vigor pero carente de sus previsiones más cuestionadas. La significativa suspensión cautelar se mantendrá en vigor hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre las cuestiones centrales litigadas en las múltiples querellas interpuestas contra esa legislación que paradójicamente cuenta con un significativo respaldo popular dentro y fuera de Arizona.

Aumenta la guardia nacional

La Guardia Nacional norteamericana comenzó su despliegue en la frontera de Estados Unidos con México en cumplimiento de una orden del presidente Barack Obama anunciada en mayo para reforzar la seguridad en una zona afectada por la inmigración irregular y asolada por la violencia de los carteles del narcotráfico. En total 1.200 soldados se repartirán este mes entre los cuatro Estados del sur del país por los que discurren los 3.100 kilómetros de frontera, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Interior.

Durante estas primeras semanas de agosto, 524 soldados llegarán a Arizona, 286 a Tejas, 260 a California y 82 a Nuevo México. El resto, 48, se dedicará a tareas de coordinación entre los destacamentos de soldados. Según oficiales de la propia Guardia Nacional el dispositivo estará a pleno rendimiento a finales de septiembre.

Los militares estarán en la frontera en principio, durante un año y ejercerán labores de apoyo a los agentes de la policía fronteriza y de aduanas. No tomarán parte en redadas ni arrestarán a supuestos delincuentes o inmigrantes indocumentados. El presidente dio la orden de despliegue en mayo en los días inmediatamente posteriores a la aprobación de la polémica ley de inmigración de Arizona que en principio iba a permitir a los agentes de policía de aquel Estado pedir documentación migratoria a los ciudadanos de los que sospecharan que se encontraban en el país de forma irregular. Gracias a una demanda del Gobierno de Obama una juez bloqueó cautelarmente en su mayor parte la ley.

El mismo día del inicio del despliegue militar el presidente lanzó un duro reproche a los gobernantes de Arizona por la aprobación de aquella norma. «Entiendo la frustración de los ciudadanos de Arizona», dijo el presidente en una entrevista a la cadena televisiva CBS. «Pero no podemos hacer demagogia con este asunto y no podemos permitir que esto se convierta en una pugna de 50 Estados diferentes o ciudades o localidades, donde a alguien que quiera algo de protagonismo de repente se le ocurra decir: ‘Voy a ser antiinmigración y voy a ver si resuelvo el problema por mí mismo. Esto es un problema de dimensiones nacionales».

El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera es una antigua petición del senador por Arizona John McCain que en 2007 se unió a Bush y al fallecido senador Ted Kennedy para proponer una fallida ley de amnistía y reforma nacional de las políticas migratorias. McCain que a finales de este mes se enfrenta a unas reñidas primarias en el Partido Republicano de su Estado ha cambiado su posición desde las pasadas elecciones presidenciales que perdió y apoya ahora medidas más duras como un incremento sustancial de los policías y soldados destinados a la frontera.

Antes que Obama, Bush ordenó en 2006 el despliegue de 6.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera los cuales estuvieron de servicio durante dos años, sobre todo en labores administrativas y de control del tránsito. A través de ellas, permitieron el arresto de 162.000 inmigrantes ilegales. Aunque como entonces, los soldados que llegaron a Arizona no tomarán parte en arrestos, numerosos grupos de protesta se han unido en una campaña con la que dicen querer evitar la militarización de la frontera.

En este momento consejeros y expertos en leyes de inmigración del gobierno de Obama trabajan en una medida que permita suspender las deportaciones que ya este último mes pasó los 30 mil hispanos deportados. Los grupos defensores de los inmigrante no quitan el dedo del renglón para mantener sus peticiones ante el gobierno de Obama.