El Presidente, la Orden Ariel Armel y la Cátedra de la Paz

Por: Verbienmagazin

Que una condecoración otorgada por la Presidencia de la República en Colombia, lleve el nombre de un prohombre, vivo, es realmente trascendental; un caso único, porque lo que se acostumbra es honrar el nombre de los ciudadanos destacados, de manera póstuma. La lógica elemental nos dice que la Orden al Mérito Ariel Armel Arenas fue instituida por el gobierno en esos términos, porque se trata de un colombiano realmente excepcional.

El documento que instituye condecoración, firmado el 9 de diciembre de 2013, por el Presidente Juan Manuel Santos, dice: “Créase la Orden del mérito Ariel Armel Arenas, como reconocimiento a la notable contribución y aporte para la defensa de los derechos de los consumidores en Colombia”.

Los considerandos principales que expresa el Presidente, para crearla, son: “Que la Ley 1480 de 2011, mediante la cual se expidió el Estatuto del Consumidor, tiene como fin «proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como comparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos».

“Que el doctor Ariel Armel Arenas es considerado como el principal impulsor y protector de los derechos de los consumidores en el país, gracias a las diferentes actividades que ha desarrollado para su promoción desde el año 1967, con la creación de las primeras ligas del consumidor.

“Que de acuerdo con la labor del Doctor Ariel Armel Arenas como dirigente gremial se ha logrado contribuir a la garantía de los derechos de los consumidores y a la consolidación de las políticas públicas que en materia de promoción de la protección al consumidor han sido formuladas por el Gobierno nacional.

Y, “Que en desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional considera procedente crear una condecoración con la finalidad de reconocer la labor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades o presten servicios en el campo del derecho del consumo, con el fin de promover el esfuerzo de quienes hayan contribuido a su engrandecimiento”. Y por tal razón, el primer condecorado por el Presidente de la República con la Orden al Mérito Ariel Armel, en diciembre pasado, fue el industrial, Arturo Calle.

Nadie en la historia del país ha promocionado, realizado, trabajado y construido  tanto en la protección de los consumidores colombianos, (por más de 50 años), como Ariel Armel, Presidente, creador, impulsor y desarrollador de la Confederación Colombiana de Consumidores, de las ligas, y de los estatutos del Consumidor. El, además, creó y ha multiplicado en las aulas de todo el país, su ya famosa Cátedra de la Paz, multiplicándola sin límite, y de la que su última realización ha sido la Cartilla de la Paz, de 122 páginas, de la que él es autor y que resume como: “Pensamientos para inspirar la cultura de la paz”.

Ariel Armel participa en foros y seminarios, y en su Boletín, enfatiza en la creación de empleo digno y en el impulso a las PYMES y es reconocido como una autoridad internacional en materia de consumo, y como tal, es miembro activo de numerosos foros internacionales. Estudió ciencias económicas e hizo estudios de Comercio Exterior en Buenos Aires.

Su convicción es que: “si las instituciones educativas propugnan el conocimiento básica de las ciencias y las humanidades para darle fundamento, dirección y temple a la personalidad humana, es preciso que el Estado garantice el funcionamiento eficaz de la Cátedra de la Paz .Así mismo, si queremos que una sociedad tan convulsionada como la nuestra sea viable, es imprescindible crear en cada ser humano el hábito de pensar en la paz. De asumir el deber de hacer la paz. De hablar sobre la urgencia de hacer la paz. De aprender a hacer la paz. De enseñar a hacer la paz. De hacer la paz y preservarla con devolución. Sin pausa ni medida.

“Una cosa es acabar, mediante negociaciones, el conflicto que enfrenta a las partes en pugna. Que altera la paz, desgarra y destruye, brutalmente; la vida normal de las naciones. Y otra es crear cultura de la paz para vivir en armonía. Y no vuelva la guerra. ¡Que Dios lo quiera así!”

Y para ello ha conseguido interesar a las universidades, los gobernadores, los alcaldes, los educadores, y toda la infraestructura humana defensora de los consumidores, entre quienes su cartilla ha tomado fuerza.

Afirmación del Presidente Santos sobre Ariel Armel

La afirmación del Presidente Santos, de que: “el doctor Ariel Armel Arenas es considerado como el principal impulsor y protector de los derechos de los consumidores en el país”, es una verdad incontrovertible. No hay un solo colombiano excluido, que no esté contemplado por las acciones y la obra del Doctor Armel Arenas, ejemplo de constante responsabilidad social, asumida por voluntad propia desde hace más de medio siglo, con una misión específica, para la cual vino a este mundo: ser “el padre defensor de los consumidores” en nuestro país y un abanderado social de la paz. La  Magna Cruz Bolivariana, de la Comisión de Prensa del Grupo Andino, lo galardonó, «Como Gran Defensor de los Derechos Humanos en Colombia y Latinoamérica«.

La idea de la Confederación Colombiana de Consumidores, la tuvo hace 50 años, cuando era Gobernador del Tolima. Y hace más de 40, creó los llamados Mercados Móviles de los que salieron las primeras Juntas de Vecinos. Había dado vida ya a las Ligas de Consumidores, cuando consolidó esa Confederación, que hoy cuenta con más de 500 Ligas. El Doctor Armel edita el periódico, “Mercado de dinero la voz del consumidor”, para proteger los derechos de estos, como lo hace con El Boletín del Consumidor, espacio que aparece diariamente, desde 1970, en todos los canales de televisión colombianos, ene el cual se destaca el emblemático personaje animado:”Tal cual”, que orienta y educa a los consumidores, y que ganó el Premio CPB.

Ariel Armel fue promotor e impulsador de la Ley 73/81, Estatuto del Consumidor, («Ley Armel»); y del nuevo Estatuto, sancionado a finales de 2011. Fundó el Sistema Nacional de Consumo, con garantía, de los Consejos: Nacional, Departamentales y Municipales de Protección al Consumidor Y también de, El Boletín del Consumidor, en televisión, del que es Director. Y ha recibido varios Grados de Doctor Honoris Causa de diversas universidades, en Derecho y Ciencias Políticas, y en Ciencias Sociales y Humanas.

También trabajó por la Red Nacional de Protección al Consumidor, un bloque sólido  conformada por los consejos de protección al consumidor de carácter Nacional o local, las alcaldías y las autoridades administrativas nacionales que tengan asignadas funciones de protección al consumidor, las ligas y asociaciones de consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Doctor Armel preside la Confederación Colombiana de Consumidores, de la que es pionero y gestor; que creó con mística, que fomentó e hizo importante y activa, y a la que pertenecen las asociaciones de consumidores del país; es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que vela por la calidad de vida, educación, representación, organización de los consumidores y los usuarios de bienes y servicios.

Y a través del Boletín del Consumidor, (el espacio diario de televisión con mayor audiencia en Colombia) ha generado conciencia nacional sobre una convicción: “Al consumidor lo favorece un productor eficiente, responsable y que cumpla con la ley; y al productor, consumidores organizados y racionales. Se justifica proteger la empresa privada cuando esta defiende los intereses de los consumidores”.

Nadie como él conoce tanto el tema. Siempre ha defendido a la sociedad colombiana, y ha creado conciencia nacional. Es incansable en reafirmar que, “protección al consumidor es el conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores. Dicha protección se enmarcan dentro de las algunas áreas sobre las que él ha insistido y que han quedado estructuradas en el Estatuto del Consumidor: Manejo de información personal, «Habeas data»; telecomunicaciones, fallas en un producto o de baja calidad, problemas en la prestación de un servicio, incumplimiento de garantías, incumplimiento de incentivos ofrecidos, inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio, en financiación de compras, en servicios postales y en otras áreas.

l doctor Armel Arenas, el gran  defensor de los consumidores colombianos, quien tiene entre sus obras haber trabajado, incansablemente, de lleno, por el Estatuto del Consumidor que hoy favorece a más 46 millones de colombianos, dice sobre esta Ley 1480 de 2011: “Es altamente  trascendental para el país por sus alcances en defensa de la economía  familiar y de un comercio más beneficioso para productores y consumidores.

“Sienta las bases para que en el mercado, productores y distribuidores aumenten su oferta de bienes y servicios, se alimente la competencia sana y las ganancias crezcan.

El Estatuto alimenta la competencia sana

El Estatuto busca generar en los consumidores un cambio de actitud en su comportamiento, con la benévola intención de que los proveedores correspondan, igualmente, con un cambio positivo de actitud en las relaciones forzosamente, mantienen con sus consumidores.

“El objeto de la Ley es el de proteger, promover y garantizar la efec­tividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar su dignidad y el respeto a sus intereses económicos, en pie de igualdad con los demás protagonistas que activan las fuerzas de la economía.

“Establece una relación en condiciones armónicas entre los productores y distribuidores se aumentará la oferta de bienes y servicios, alimentando una competencia sana y edificante. El resultado milagroso será, que los proveedores vendan más con mayores ganancias. Y los consumidores puedan adquirir lo necesario, a menores precios y con calidades óptimas.

“El Estatuto cierra el paso a las maniobras que engañan al consumidor dentro del universo de ofertas y promociones que demeritan la acción de los proveedores honestos y  desestimula la imposición de cláusulas abusivas.

“Por otra parte, desanima  la aplicación de contratos de adhesión que perjudiquen a los consumidores, favorezcan a los timadores que actúen en el mercado y desprestigien el buen nombre de los empresarios.

“La ley busca educar a los consumidores y les garantiza su derecho a la representación y a ser oídos en todos los escenarios en los que se   tomen   decisiones que los afecten. Y, también, salvaguarda con normas especiales a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consu­midores.

“De idéntica manera, cierra el paso a las maniobras que engañan al consumidor dentro del universo de ofertas y promociones que demeritan la acción de los proveedores honestos. Es estricto al consagrar, sin ambages, las garantías legales por las que debe res­ponder todo productor y/o proveedor, en relación con la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamien­to de los productos correspondientes.

“La ley induce, enfáticamente, a los proveedores de maquinarias y equipos para que dispongan, en todo momento, de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada, aun después de vencida la garantía”.

Ariel Armel ha buscado el mejoramiento general de la productividad y la competitividad de todos los sectores, favoreciendo los precios de los productos, y a los consumidores a los que ha representado en las rondas de negociación del TLC, pregonando la necesidad de proteger sus intereses, y en especial, la disponibilidad de los medicamentos genéricos.

Ha trabajado permanentemente adelantando gestiones,  acciones,  acuerdos de colaboración y convenios; y ha participado en la discusión y redacción de los proyectos de ley para  protección de los usuarios de bienes y servicios. Y ha hecho presencia en los estrados judiciales y administrativos, para defender y demandar el reconocimiento de los derechos de los consumidores, con importantes resultados. Ha respaldado la protección de algunos sectores del agro y de los consumidores para acceder a productos y bienes más baratos.

Gracias al Estatuto, la Superintendencia de Industria y Comercio, (SIC), ha impuesto centenares de millones en multas a distintas empresas y ha abierto miles de investigaciones por violar los derechos de los consumidores consagrados en el Estatuto del Consumidor, entre ellos por publicidad engañosa, con falsas promesas. Según la norma, «quien utilice la publicidad asume la responsabilidad de lo que en ella se dice, para que no engañe a los consumidores ni los induzca a error. Quien anuncia debe responder por los daños y perjuicios que cause, si su publicidad no es verdadera, real.

Ministro de asuntos de los consumidores, por derecho propio

En varios países existen Ministerios de los Asuntos de los Consumidores; si en Colombia se llegara a instituir, esa cartera contaría sin ninguna duda con  Ariel Armel Arenas, como titular, por derecho propio. Pero si eso no ocurriera, desde octubre de 2012, fue designado por el Presidente Juan Manuel Santos, Pablo Felipe Robledo Del Castillo como Superintendente de Industria y Comercio, quien echando mano del Estatuto del Consumidor, (del que es padre también Ariel Armel), ha metido en  cintura a laboratorios, agencias de viajes, empresas aéreas y de turismo, de servicios de telefonía, Internet y televisión por suscripción,  y a productores televisores inescrupulosos abusivos y mentirosos que han engañado y violado los derechos de los consumidores colombianos.

Ariel Armel ha sido, también: Consejero Presidencial y de Planeación Nacional; concejal de Bogotá, gobernador del Tolima, Asesor Económico de Fenalco; fundador del Icontec, Presidente del Comité de Gremios de la Producción, de Funda-Empresa y de Afidro; Gerente del Idema y del Banco de América Latina; miembro de las juntas directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá, del INVIMA, la Caja Agraria e Incora, y Juez Municipal de Mariquita  y Salamina. Entre los reconocimientos que le han hecho, están: La Orden Nacional al Mérito, la Orden al Mérito Agrícola y la Orden al Mérito Comercial, conferidas por el Presidente de la República. La Orden del Congreso; la Orden de la Democracia; el Honor al Mérito Cívico, de la Gobernación del Tolima, y el reconocimiento del Procurador General, como «Formador Emérito».

El Estatuto o Ley del Consumidor, aprobado en agosto de 2011, actualizó y estableció el marco legal en las relaciones entre productores y consumidores, con el fin de garantizar que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses de los fabricantes, comerciantes o los prestadores de servicios.

Le pone fin a la “miniletra engañosa” en los contratos. Es estricta con relación a los abusos de las  transacciones por Internet, estableciendo que quienes compren en la red,  o mediante televentas, tienen cinco días hábiles para devolver el producto si este tiene defectos o no corresponde a lo que le ofrecieron. Determina lo relativo a las ventas de tiempos compartidos; y dice que el consumidor puede pagar por anticipado el precio a crédito, sin intereses.

Indica que cuando el vendedor no tenga cambio exacto, la diferencia será a favor del consumidor y que no se podrán hacer donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Contempla que los parqueaderos respondan responder por los daños que sufran allí los vehículos, que los distribuidores no podrán evadir la garantía de lo que venden. Y obliga a ofrecer garantía sobre todos los bienes y servicios, y si no se informan adecuadamente los términos a los consumidores, se presumirán de un año para los productos duraderos.

Determina que los prestadores de servicios como talleres, servicios técnicos o parqueaderos, asumen la custodia y conservación de los bienes entregados a ellos como objeto de la prestación del correspondiente  servicio, y que ellos tendrán la carga de la prueba de demostrar el estado en que recibieron el bien. Igualmente define la responsabilidad especial por daños producidos por productos defectuosos, y la carga de la prueba a favor del consumidor.

Establece reglas para elaborar los contratos de adhesión y la prohibición de las cláusulas abusivas que generen desequilibrios injustificados en contra de los consumidores. El Estatuto, define procedimientos más ágiles para proteger a los consumidores surtidas sus quejas y reclamos y establece sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para las empresas, y de hasta 300 vigentes para las personas que hayan ejecutado o autorizado conductas violatorias de los derechos de los consumidores.

Manda que una vez sancionada, el procedimiento de reclamación, en caso de que el productor o el vendedor no responda (tiene 15 días hábiles para hacerlo), será sencillo y no se requerirá un abogado. El caso puede ser conocido como prevención por jueces civiles o la Superintendencia de Industria y Comercio. Será un proceso verbal sumario que no durará más de tres meses.

Los colombianos le deben en gran parte el Estatuto

Quienes vendan, están obligados a devolver el dinero si el producto no deja satisfecho al comprador, y quedan prohibidas las disposiciones contractuales que presumen la voluntad del consumidor, o en las que su silencio se considere como consentimiento, si de esto se derivan obligaciones a su cargo.

Los colombianos le deben en gran parte a Ariel Armel el Estatuto, en el que trabajó incansablemente, y que tiene muchos más alcances, como: Debe haber garantía para todo producto o servicio; responsabilidad por daños por producto defectuoso; castiga la publicidad engañosa; regula sobre  peticiones, quejas y recursos y solicitudes de indemnizaciones y pagos anticipados. Prohíbe las cláusulas de permanencia mínima; las cláusulas abusivas y ordena a los parqueaderos responder por robos y daños en vehículos. Dice que los distribuidores no pueden evadir la garantía de lo que venden; que las prórrogas en los servicios se pueden suspender, una y que el consumidor tiene derecho a terminar el contrato en cualquier momento sin pagar por esto.

Contempla el derecho de los consumidores a reflexionar y arrepentirse de ventas a distancia, financiadas o con mecanismos no tradicionales por fuera del establecimiento de comercio, con sistemas de financiación del productor o proveedor; que no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5  días.