El drama de María García

Por: Juan Restrepo

Con el intervalo de unos pocos días, los colombianos han tenido oportunidad de ver de la manera más palmaria y evidente lo que es el abandono del Estado, lo poco que importan al gobierno, la justicia y las fuerzas de seguridad la gente normal y corriente en este país.

María García y Pedro Pérez no tienen quien los proteja  aunque, con síntomas de una especie de autismo desde ese mundo extraño en el que habitan, tanto el presidente como el director de la Policía, pasando por sus ministros y toda clase de funcionarios se hacen lenguas asegurando lo preocupados que están por la ciudadanía.

Dos casos bien conocidos por todo mundo ilustran lo que quiero decir. Natalia Ponce y Terry Watson no eran personas corrientes. Vaya por delante mi solidaridad con estas dos víctimas y con sus familia; lo que sucedió a ambos debe inspirar sentimientos de indignación y repudio, por supuesto. Eso ni se cuestiona.

Pero Natalia Ponce de León y Gutiérrez de Piñeres, una de las últimas víctimas quemadas con ácido en Colombia, es una chica del norte de Bogotá, zona de la ciudad que no se ve afectada ni de lejos en la proporción que el delito de mujeres atacadas con ácido y otras sustancias corrosivas asola barrios del sur y de la periferia capitalina. Su agresor fue detenido en cuestión de horas.

Tenía que ocurrir esta tragedia a Natalia, en cuya persona se da la circunstancia extraordinaria de unos apellidos nada corrientes y un estrato social alto para que las autoridades tocaran campanas a rebato. Nada menos que el presidente Juan Manuel Santos y cuatro de sus ministros, los de Defensa, Justicia, Interior y Sanidad han salido a pronunciarse sobre el tema y –ya que estamos en campaña electoral– a ponernos al corriente de lo mucho que hace el Estado para proteger a las víctimas de este delito.

Lamentablemente –¡qué disgusto se habrá llevado J.J.Rendón!–, a raíz del ataque a Natalia, han aparecido como hongos después de la lluvia, las víctimas anónimas de ataques similares a quien nadie ha hecho caso antes. Ni el sistema de salud, ni la Fiscalía, ni el Defensor del Pueblo, ni quien corresponda.

Y con las víctimas han salido a la luz las cifras y los datos que nadie conocía. Casi un millar de mujeres quemadas con ácido desde 2004, apenas unas decenas de denuncias, no más de una decena de condenados con penas irrisorias gracias a las cuales hoy gozan en su mayoría de libertad. Por lo demás abandono, indiferencia e impunidad.

Y el fenómeno no es ninguna tontería. Algo que no ocurre en la misma proporción en los países vecinos ha llevado a Colombia a un extraño grupo de naciones que integran Bangladesh, India, Nepal, Camboya y Uganda en donde son corrientes este tipo de atentados contra las mujeres.

Según una de las asociaciones que luchan contra este flagelo –Feminicidio–, en el año 2011 Colombia llegó a tener una tasa de ataques de 1,84 por millón de mujeres, tasa que puso a este país por encima de Pakistán con una tasa de 0,96 y de Bangladesh con 1,77.

Bien merecido tuvo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, el desmentido público de una víctima cuando en el Congreso cantaba la diligencia del gobierno para ocuparse de esos casos.  “Cómo me van a decir a mí, con este rostro desfigurado, con mis nervios destrozados, con el horror de vivir todos los días mirándome a un espejo, que aquí hay justicia. Aquí no hay nada”, dijo la mujer quien, además, exigió que salieran a capturar a los agresores.

Esa mujer representaba a la Colombia real, a la gente que sufre en silencio por la incuria y el abandono del Estado, en este y en otros muchos aspectos que afloran solo cuando el protagonista es de relumbrón . Como es el caso de más de medio centenar de víctimas del “paseo millonario” que denunciaron a la banda de “Los Canarios” sin que nadie se ocupara en serio de sus denuncias.

Cuando resuena aún el escandaloso caso de las víctimas de ataques con ácido, el presidente Santos autoriza la extradición a Estados Unidos de los asesinos de Terry Watson, el agente de la DEA que fue muerto por la banda de taxistas dedicada a la modalidad de atraco conocida como “paseo millonario” y que fue detenida completa en tiempo récord.

Cuánta gente no había ido antes de este crimen a las autoridades a denunciar haber sido víctimas de Javier Bello Murillo y sus tres compinches sin que les hicieran ni caso. Pero claro, no eran “persona protegida” como Watson. Varias personas identificaron a Bello Murillo como el mismo que los atracó y agredió cuando lo vieron por televisión y oyeron sus declaraciones.

Declaraciones que, por cierto, retratan bien la situación de tantas víctimas anónimas. “Tuvimos mala suerte” dijo el bandido al referirse a que el azar los llevó a atracar a un hombre vinculado a la embajada norteamericana. De no haber tenido tan “mala suerte” seguirían atracando tan panchos en las noches bogotanas.

En Colombia hay que tener sonoros apellidos o ser diplomático para que el Estado se ocupe de tus problemas. María García y Pedro Pérez tienen una estupenda oportunidad de pasar la cuenta de cobro por su abandono el próximo 25 de mayo en las urnas.