¿Continuidad del servicio o tropiezos en el camino?

En días recientes ha habido mucha especulación mediática respecto de la potencial adquisición de la empresa que le presta el servicio de Energía a casi toda la costa de nuestro país. El intento del Gobierno por recuperar la calidad y procurar la continuidad de dicho servicio inició hace ya varios años con la noticia de su intervención, así como la posterior noticia del litigio al respecto, que retumbó tanto en España como en Colombia (domicilio de la casa matriz –Gas Natural Fenosa SdG, ahora reconocida como Naturgy, y de Electricaribe S.A. E.S.P., respectivamente) y hoy en día, no sabemos, si encontrará su solución.

En los medios es evidente que múltiples alcaldes están en desacuerdo con dicha prestación. Incluso recientemente mencionaban estar en contra de que estas empresas sean vendidas a nuevos operadores como EPM y EnerPereira y considerar más conveniente que sea el Gobierno quien continúe con la operación de dichas empresas.

En otras publicaciones, se cuestiona el interés de los potenciales inversionistas en recibir dichas empresas y en algunos otros incluso se habla, que el Gobierno está regalando las mismas o pagando billones para que estos las reciban. En Medellín, la idea que EPM reciba una empresa llena de problemas como Electricaribe, le provoca nauseas a muchos, no sé si por la operación en sí, por la falta de fe en que EPM pueda sacar este negocio adelante o por el miedo a que los recursos de este departamento se vean afectados por las inversiones que serán necesarias para solucionar los defectos de dicho negocio y sacar adelante una empresa como Electricaribe.

Ahora bien, ¿qué tanto de todo esto es cierto? Definitivamente, no parece ser una coincidencia la cantidad de noticias adversas a esta operación. Para nadie es un secreto que Electricaribe enfrenta grandes retos y bastantes adversarios a su operación. Pero, ¿por qué no podremos los colombianos confiar en que las cosas se manejan con la transparencia y el cuidado que requiere el deber constitucional del Estado de impedir que el servicio en la costa continúe su deterioro?

Hace algunos meses incluso, vimos congresistas publicar críticas respecto de la operación que adelanta el gobierno nacional y la agente interventora de esta empresa. No corresponde a líderes políticos o representantes de la ciudadanía especular respecto de temas tan sensibles para la sostenibilidad de nuestro país como lo es este. Es deber de los órganos de vigilancia, revisar las operaciones que se adelantan y confirmar que las mismas velen por el mejor interés de la sociedad y del país. Por mi parte, confío en que las actuaciones que se adelantan no buscan llenar los bolsillos de unos pocos sino garantizar un músculo financiero para que millones de colombianos puedan disfrutar de un derecho fundamental y de un servicio público tan esencial como lo es la electricidad y la energía en general.

Lo peor sería que continuáramos teniendo una empresa que si no se moderniza y maneja con eficiencia y transparencia, lo que pronto podría ocurrir es que la oscuridad le llegue a muchos compatriotas.