En Colombia vienen sucediendo hechos que con el cruce de las innumerables noticias que se producen, la ciudadanía no alcanza a visualizarlos en su verdadera dimensión y son de la mayor gravedad para la vida institucional del país como para el próximo futuro de nuestra democracia. En esta oportunidad quisiera referirme a dos aspectos centrales de nuestra institucionalidad como son la necesaria reforma al Congreso y la reforma a la Justicia.

Se acerca la época electoral y, en concreto, en el mes de marzo, en que tendremos que elegir nuevos representantes en los cuerpos colegiados del Senado de la República y la Cámara de Representantes; y en el mes de mayo, en que tendremos que elegir un nuevo Presidente de la República y un nuevo Vicepresidente que lo acompañe. Más de 43 personas están aspirando a ser Presidente de la República para suceder al actual Iván Duque Márquez, a partir del 7 de agosto del 2022.

En los últimos días hemos tenido noticias de la situación del barranquillero y venezolano Alex Saab. Desde que fue detenido en el Continente Africano por agentes de la policía de Cabo Verde, un país que hoy resuena mucho en el mundo y especialmente en nuestros países por los acontecimientos relacionados con Alex Saab. Este personaje había sido pedido en extradición por los Estados Unidos, por su presunta culpabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y sus nexos con el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Hace ya algunos días en los distintos medios de comunicación se dio a conocer el grave caso que sucedió con una licitación del Ministerio de las TIC por la suma de 2.2 billones de pesos, que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a todas las zonas y regiones del país, en especial a los centros de educación, la cual fue adjudicada a la firma consorcio Centros Poblados y resulta que ante atrasos presentados en la ejecución del contrato multimillonario, se estableció que las pólizas de garantía del Contrato eran falsas y por tanto no había pólizas reales.

La situación de orden público y de seguridad ciudadana es cada día peor. A pesar de que empeora a ritmo acelerado, no se ve que haya medidas y estrategias extraordinarias exitosas para responder con eficiencia a esta grave situación. La sensación que tiene la ciudadanía es de ya no poder salir de la casas, ni siquiera a sacar sus mascotas a pasear (porque hasta las mascotas son objeto de hurto).

Entramos en el último año del periodo del Presidente Iván Duque Márquez llenos de expectativa por que será un año político, en medio de la polarización de posiciones y sobre todo también, sufriendo una pandemia que no ha terminado y sobre la cual incluso hay muchos temores que pueda agudizarse con los nuevas variantes que harán que sea más urgente que todos los colombianos estemos vacunados y así poder enfrentar la situación con un menor nivel de riesgo.

En estos días he recibido información respecto a por qué el gobierno de España ha resuelto incluir a Colombia dentro de los países a los cuáles sus ciudadanos se les restringe la entrada a España. Como muchos ya se habrán enterado, el gobierno de España está tomando medidas que limitan la entrada de Colombianos al territorio Español, como consecuencia del incremento en contagios en Colombia.

La semana pasada conocimos dos hechos que requieren de reflexión política respecto de lo que ocurre en países cercanos al nuestro. Por un lado, el terrible asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise por unos sicarios que a la madrugada entraron a su residencia donde se encontraba con su familia. Entre el grupo de sicarios, parecen estar varios colombianos que pertenecieron a las fuerzas militares de nuestro país y que estuvieron prestando sus servicios en áreas claves para la seguridad nacional.