Hay que decir las cosas por su nombre y sin temor: la Ley 100 es buena, pero quienes la dañaron fueron los deshonestos que conformaron las EPS y que encontraron en ella el vehículo ideal para enriquecerse a costilla de los usuarios y de las intenciones del Gobierno que confió en ellos y en el buen manejo que le darían al proyecto. Ahí está el meollo del asunto. En un reciente Congreso de Medicina Internacional, realizado en Lima, a raíz de los escándalos que produjo el torcido manejo de la salud en Colombia, los profesionales de otros países se interesaron por conocer el proceso de la Ley 100, entre ellos algunos de México, Perú, Ecuador Jamaica, Honduras, etcétera. Cuando se les explicó, en pocas palabras, que con un solo afiliado al sistema, tenían derecho a servicios médicos los miembros de la familia de este, en primer grado de consanguinidad, incluidas medicinas y hospitalización, no pudieron menos que sorprenderse gratamente. Cuando se les habló de la labor que estaba obligado a desarrollar el Sisben, su sorpresa fue mayor porque no calculaban un sistema con tantos beneficios para el afiliado, más aún cuando el Fosiga, como fondo, es el encargado de cubrir aquellos procedimientos quirúrgicos que por su costo no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Hasta ahí todo iba bien, pero cuando se les explicó la forma como las EPS se habían amangualado para, a través de cirugías ficticias robarse la plata de este fondo,(fosiga) y cuando se les dijo como estas mismas empresas habían dejado de lado los criterios médicos para enfocarse más en las utilidades económicas y en el enriquecimiento de sus socios, con los aportes de los afiliados, atropellando la ética del profesional médico que no podía actuar con otro criterio que el de favorecer el bolsillo de sus patronos, se decepcionaron, más aún cuando se les explicó cómo las mismas entidades prestadoras del servicio hacían pactos para endosarse los pacientes como si fueran bienes mostrencos. Al final de la charla añoraron un sistema igual para sus países pero con mejores elementos de control y con unos parámetros que permitirán mantener el respectó y el beneficio mutuo para el paciente, la empresa prestadora de salud, el profesional médico y el país, en si mismo.