Elegir un Comisionado de TV todo un acto de «mafia»

Toda una rosca se mueve entorno a la elección de un Comisionado de Televisión. Son muchas las denuncias que a lo largo de 5 o 6 años se han hecho sobre esta elección, en la que las autoridades encargadas de regular este acto, se han hecho las de la vista gorda. Ni siquiera una denuncia penal instaurada hace 5 años contra el concejal Luís Fernando Olivares, por un acto delictivo en esta elección, sirvió para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, y elección tras elección, los hechos poco claros y lamentables, se siguen repitiendo.

En Colombia, después de nueva la Constitución de 1991, la televisión quedó regulada por una entidad llamada Comisión Nacional de Televisión, CNTV, la cual esta conformada por 5 miembros designados de la siguiente manera: dos designados por el Presidente de la República, y tres que son elegidos por las siguientes agremiaciones: el primero por los Canales Regionales, el segundo por las facultades de comunicación y educación, ligas de televidentes y asociaciones de padres de familia. El tercero por el gremio de trabajadores de la televisión, es decir: actores, directores y libretistas, productores, técnicos, periodistas y críticos de televisión.

Hasta aquí todo está bien, y como dijo alguna vez Víctor Hugo -el autor de los Miserables- con respecto a una de nuestras Constituciones, una vez la leyó:
“Una constitución como esta es para los ángeles, por ser casi celestial y perfecta”. Eso mismo podemos pensar de esta Ley. De ella, a la luz del buen entendimiento, se puede decir que es democrática porque participan todos los interesados, y más de la mita de los miembros de la CNT son elegidos por quienes de manera directa o indirecta, están inmiscuidos en la producción de TV, y por quienes hacen uso de ella como son los padres de familia, además de los educadores representados por las facultades de comunicación. Así que hasta aquí todo perfecto.

Nace la “mafia” del comisionado

Las cosas hay que decirlas por su nombre, y así las vamos a decir en este tema, que por de más es vergonzoso y humillante.

Hasta la elección de los dos designados por el Presidente las cosas están bien, por que él hace ejercicio de un derecho que la ley le otorga. El problema viene en el momento de hacer las tres elecciones. Es allí donde se empiezan a mover los intereses oscuros, la danza de los millones con la creación de ligas de televidentes que solamente están en el papel pero que no existen y que aparecen y desaparecen como por arte de mafia.

Lo mismo ocurre con las agremiaciones de periodistas, que igualmente se fundan con la previa intención de hacer la elección del Comisionado, y una vez votan, desaparecen por obra y don de su creador, dejando elegidas en la CNT a personas indeseables que solamente representan intereses poderosos y turbios, porque en el negocio de la televisión de Colombia, a partir de los canales de cable, hay una enorme torta económica y política, en la que se dice, con mucha certeza, que hasta los grupos paramilitares que han puesto de rodillas ciudades completas a sus intereses económicos y burocráticos, están interesados.

Para esta última elección, la de hace menos de un mes, las cosas no cambiaron o pesar de que la ley preveía que estas agremiaciones de papel debían tener al menos un año de creadas, pues el problema en este caso, no fueron la creación de las mismas, sino sus integrantes muchos de los cuales, ni siquiera han pasado de visita por la sala de redacción de un periódico.

El concejal Olivares y el robo de una asociación de Periodistas 

Un ejemplo que podemos citar sobre la forma como opera esta “mafia”, es el de ACPE, Asociación Colombiana de Periodistas del Espectáculo, cuya personería jurídica fue asaltada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, por el hoy honorable concejal de la ciudad Luís Fernando Olivares.

Olivares en el año 2002, en calidad de aspirante a la CNT, con un grupo de amigos, se reunió en un su oficina y allí celebró una supuesta asamblea de esta asociación, con el nombramiento de una nueva junta, de la cual él hacia parte, junto con nombres extraños que él puso entremezclados con nombres verdaderos de algunos miembros de la junta original.

Con el acta de esa asamblea ficticia, el señor concejal Olivares fue a la Cámara de Comercio de Bogotá, registró la nueva junta y todo quedó listo para que la ACPE supuestamente lo respaldara en sus aspiraciones.

Ante este hecho doloso, la reacción de la junta directiva y de los miembros de la ACPE, no se hizo esperar. Descubierto el robo, los verdaderos integrantes de la junta, con su presidente María Cristina Guerrero a la cabeza reaccionaron, se puso en conocimiento de los medios de comunicación esta anomalía y el señor Olivares tuvo que declinar sus aspiraciones de ser comisionado.

Este caso, penalmente se denuncio ante la fiscalía General de la Nación, y allí, duerme el sueño de los justos teniendo como almohada el expediente número 653506, en el colchón cómodo de la fiscalía 39 seccional, a cargo en ese entonces, no sabemos si aún, de la doctora Teresa Orjuela.

Hasta hoy, y a pesar de estar comprobado el delito por que se puso un investigador para el caso, La Fiscalía no ha hecho nada para castigar la falsedad en documento privado y uso de documento falso. Y lo que es peor, ni la CNT ni la Registraduría se inmutaron y al parecer les repitieron el procedimiento en la reciente elección de comisionado.

El señor Luís Fernando Olivares, es un concejal de la ciudad, que hasta aspiró a la Presidencia de esa Corporación recientemente. La ACPE no pudo actuar más por que en su patrimonio físico no fue asaltada y no había derecho a ninguna indemnización, pero La Fiscalía tampoco sancionó la parte penal.
En la última elección de comisionado por cuenta de trabajadores y gremios afines a la televisión, la historia se repitió, y todos en Colombia hemos sido testigos de las protestas que se han presentado sobre la nueva elección, pues hubo todo tipo de violaciones a la ley.

Una de ellas, es la de Germán Roy Yances, un periodista serio y con amplio reconocimiento en el medio, quien por tres ocasiones ha aspirado a ser comisionado de televisión, pero que ante el avance de las trampas y de la “mafia” que mencionamos, alcahueteadas por los estamentos de control, ha tenido que declinar su candidatura.

Su carta enviada a la ministra de comunicaciones, que publicamos a continuación, es un testimonio fehaciente de cómo se elige un Comisionado en Colombia. Esta, más la denuncia contra el concejal Olivares, es un hecho que debe ser tenido en cuenta por los organismos internacionales, encargados de defender la democracia, pues nada es mas democrático que el derecho a una televisión limpia, honesta y libre presiones y trampas.

Texto de Germán Yances a Mincomunicaciones

Bogotá DC., febrero 6 de 2007

Doctora
MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
Ministra de Comunicaciones

Doctor
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
Registrador Nacional del Estado Civil
Bogotá

Apreciados señores.

De manera atenta, y con el simple propósito de que no se pierda la memoria de las flagrantes y vergonzosas irregularidades cometidas en el proceso de elección del comisionado que representará a los gremios de trabajadores de la televisión en la CNTV, en el período 2007-2009, dejo consignado en el presente documento algunos hechos cuya responsabilidad es imputable al Ministerio de Comunicaciones y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para evitar sorpresas con interpretaciones de última hora sobre el decreto que reglamentaba la elección del citado comisionado, por solicitud mía se realizaron en el despacho del Secretario General de ese Ministerio, doctor Carlos Bitar, dos reuniones entre el lunes 15 y el miércoles 17 de enero de 2007, a las cuales asistieron Claudia Núñez y Carlos Rodríguez, como sus asesores jurídicos.

El tema principal de ambas reuniones fue el alcance del Decreto 3616/06 y la Resolución 3589/06, expedidos por ese Ministerio cuando, de acuerdo con la Ley, reglamentaban y convocaban a “(…) las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas con personerías jurídicas, correspondientes a los siguientes gremios que participan en la realización de la televisión: actores, directores y libretistas, productores, técnicos, periodistas y críticos de televisión (…)”.

La pertinencia de dicha consulta radicaba en lo ambiguo del texto, ya que no era claro si podían participar todas las asociaciones que reunieran profesionales de esos oficios o si, por el contrario, se requería que fueran específicamente de televisión: asociaciones de periodistas y críticos de televisión, de actores de televisión, de técnicos de televisión, etcétera.

En la primera de esas reuniones, el Ministerio, en cabeza de los funcionarios citados, pidió un plazo de 24 horas para responder la consulta, dado que no se habían percatado de las implicaciones de esa ambigüedad.

En la segunda, los mismos funcionarios me informaron que se habían reunido con la Registraduría Nacional del Estado Civil, que la posición era rotunda y unánime y que atendiendo el espíritu del constituyente, dado que se trataba de la Comisión Nacional de Televisión, el objeto social principal de las asociaciones debía expresar que agremiaban profesionales de la televisión.

Para asegurarme de que la Registraduría Nacional del Estado Civil compartía en su integridad esa interpretación de la Ley y la norma, me reuní a continuación con la doctora Clemencia Castellanos, de la Oficina de Gestión Electoral, quien me ratificó con igual contundencia y vehemencia que ese organismo sólo inscribiría asociaciones cuyo objeto social principal certificara que eran de profesionales de la televisión.

Argumenté ante el Ministerio y la Registaduría que las asociaciones profesionales se constituyen alrededor del oficio y no del medio, y a manera de ejemplo les hice ver que semejante decisión cerraba la participación al Círculo de Periodistas de Bogota, una asociación con 60 años de existencia y con alta representatividad, pero que su objeto no se refiere a periodistas de televisión.

Les hice ver también que con esa interpretación se corría el riesgo de que sólo pudieran inscribirse asociaciones creadas específicamente para participar en el proceso, porque –les reiteré– los profesionales se reúnen en torno al oficio y no al medio. Pero a pesar de la verdad incuestionable que contiene este argumento, fue desechado entonces por ambos organismos.

En consecuencia, replanteé mi campaña y sólo inscribimos las asociaciones que cumplían plenamente con este requisito.

No obstante, que durante las inscripciones algunas asociaciones fueron rechazadas en la Registraduría de Cundinamarca, porque su objeto social no especificaba que se trataba de asociaciones de televisión, al ser publicadas las listas encontramos muchas asociaciones que no cumplían tal requisito y en consecuencia pedimos formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que revisara la documentación de las inscripciones hechas en las delegadas de Cundinamarca, Atlántico y Boyacá.

En vista de que sospechosamente, y sin ninguna justificación, la Registraduría se negó a hacer la revisión solicitada, incumpliendo así su obligación de vigilar el proceso (Art. 1, Ley 335 de 1996) para garantizar imparcialidad y transparencia, cuatro candidatos inscritos: Lisandro Duque, Germán Yances, Maria Eudoxia Arango y Rosa Cecilia Martínez, que representaban 37 asociaciones, tomaron la decisión de abstenerse de participar, por falta de garantías.

De inmediato, se le solicitó al Consejo Nacional Electoral-CNE investigar al señor registrador Nacional del Estado Civil por acción y omisión, basado en la competencia que le atribuye el Artículo 265, numeral 1) de la Constitución Política, para investigar la organización electoral. Pero cuando el CNE se disponía a decidir el estudio de dicha solicitud, la doctora Claudia Núñez, asesora jurídica del Ministerio de Comunicaciones, y quien apenas horas atrás había señalado de manera contundente el requisito de que fueran asociaciones cuyo objeto social principal expresara de manera clara que se trataba de profesionales de la televisión, modificó la posición de ese Ministerio y le comunicó al Consejo Nacional Electoral que no era indispensable que el objeto social se refiriera a la televisión.

Como infortunadamente este hecho no quedó documentado, ya que, dada la brevedad de tiempo en que sucedieron las cosas, todo se manejó en comunicaciones verbales, no pretendo instalar demanda alguna. Pero no por ello lo aquí relatado deja de ser cierto.

Lo anterior no obsta para que el suscrito deje constancia ante el Ministerio de Comunicaciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el país de la forma grosera como esos dos organismos manipularon un proceso democrático, como es la elección del comisionado de televisión a que me refiero, cambiando la interpretación de la norma a posteriori y en forma amañada, para blindar el favorecimiento a un candidato desde esas instancias oficiales.

Cordial saludo

GERMAN YANCES PEÑA

COPIAS. Doctores Edgardo Maya Villazón, procurador General de la Nación; Carlos Ardila Ballesteros, presidente Consejo Nacional Electoral y H. Magistrados; Gustavo Petro, senador de la República; Luís Alberto Gil, presidente Comisión VI del Senado y H. senadores Comisión VI; José Manuel Herrera, presidente Comisión VI de Cámara y H. Representantes Comisión VI; Señores Carlos Mario Atehortúa, presidente COMUTV; Fernando Rivera, presidente Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia; Diego Cano, presidente Fedecoter; Alfonso Santos, presidente Unisander; Señor César Mauricio Velásquez, presidente Círculo de Periodistas de Bogotá y Junta Directiva.