Colombia un estado leguleyo

Nuestra justicia es un verdadero embrollo, un despiste, una rama sin fundamentos y desordenada, que convierte a Colombia en el estado más leguleyo que uno pueda imaginar. Esto lo demostró el caso del alcalde Petro. Claro ejemplo para lo que nos ocupa. ¿Qué la tutela no es un instrumento idóneo para defender derechos políticos y cargos de elección popular?, solamente derechos fundamentales. ¿Qué por esta razón 300 o más tutelas, favorecidas por jueces, fueron negadas en el Consejo de Estado y que por eso la destitución del Alcalde quedaba en firme? Fue la conclusión del primer capítulo de esta telebobela jurídica y política.

Pero ahora, después de este enorme lío, que parecía haber pasado, y que tuvo al País y a nuestra ciudad en vilo, el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la sala de restitución de tierras, -que no sabemos qué diablos tiene que ver con la restitución de alcaldías-, le ordena al Presidente de la Republica devolverle al alcalde Petro su cargo. Pero hay algo más que se dijo y se juzgó: que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede decir sobre estos casos y poner de rodillas a nuestra justicia, -sobre todo en asuntos internos, donde no está en riesgo la vida ni la integridad física de una persona-; pero ahora resulta que el magistrado Ramírez Cardona, de la sala de restitución de tierras, del Tribunal Superior de Bogotá, dice que sí, que las medidas cautelares de la CIDRH, deben ser acatadas y basa su decisión en eso, arguyendo, el libre derecho a elegir y ser elegido, que nada tiene que ver con el derecho de ser elegido, sobre todo para hacer lo que le da la gana sin someterse al orden jurídico, constitucional y administrativo de un Estado. Como quien dice, funcionarios con patente de corso, sin sometimiento a ningún control ni sanción por sus desmanes.

Y volvemos aquedar en ceros, por culpa de esta justicia leguleya. Inundada de códigos, sin control ni ordenamiento jurídico. En Colombia, el más elemental de los jueces pone en entredicho la actuación de las altas cortes, y la desobediencia jurídica está a la orden del día. El Consejo de Estado contradice, al tribunal Superior de Cundinamarca, pero al Concejo de Estado lo contradice el Tribunal Superior de Bogotá y entonces esta muestra evidencia que es un sancocho con muchos ingredientes y sin un sabor definido.

A estas alturas, que se quede Petro o se vaya, es lo de menos. Más grave, la insostenibilidad jurídica del país. Las leguleyadas y los bandazos de nuestro jueces llenos de intereses personales, y con un ego seudo-juridico enorme, que busca con cualquier argumento traído de los cabellos, sentar jurisprudencia personalizada.

Un país con este tipo de justicia no es más que una Patria boba, indefensa e insegura que por falta de fortaleza y orden en su jurisprudencia pone la justicia en manos privadas y por eso pululan los crímenes y las venganzas.

Y entonces, surge preguntas serias: ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ponerle orden a esta mescolanza de códigos y poderes?… ¿Será El Chapulin Colorado son su chipote Chillón quizá?

Por ahora, solo dependemos de la Corte Constitucional que, entre otras cosas, ya ha dicho en jurisprudencia que el Procurador si puede sancionar a funcionarios elegidos, incluso, por votación popular.